Las razones de Gustavo Bordet para tomar distancia de la embestida oficial contra la Corte Suprema

Alberto Fernández compartió ayer un encuentro con Bordet en Paraná
Alberto Fernández y Gustavo Bordet, en un acto en Paraná - Créditos: @Frente de Todos

PARANÁ.- El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, decidió no acompañar el pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las dudas respecto a lo que finalmente haría el mandatario en ese tema, comenzaron a esfumarse cuando algunos de sus colaboradores políticos más directos confirmaron lo que en las primeras horas era una sospecha: que Entre Ríos no se plegará a la idea del presidente Alberto Fernández de buscar destituir por la vía del juicio político a ministros del máximo tribunal.

Más aún: en las explicaciones que dieron en reserva, los colaboradores de Bordet se encargaron de recordar que fue el propio presidente Fernández quien tuvo una actitud ambivalente y contradictoria en la cuestión de fondo, es decir en lo que refiere a los recursos federales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El malabarista de la ilegalidad

“De lo que se trata no es de marcar una posición de confrontación con el gobierno nacional de parte del gobernador, que es una persona muy prudente. Lo que es completamente válido es que los gobernadores también piensen con autonomía y con real federalismo, la decisión grave de denunciar a la Corte Suprema”, definió un alto funcionario del gobierno entrerriano.

En ese orden de idea, desde la Casa de Gobierno de Entre Ríos se encargaron de remarcar que en el juicio específico por los fondos para Buenos Aires, los gobernadores fueron convocados para firmar el documento por el cual se iba a desconocer la deuda y, luego, eso no terminó ocurriendo, sino que a las 48 horas el gobierno nacional varió la posición.

“Fernández cambió de posición pero no llamó a los gobernadores para informarles del cambio de estrategia, sino que los gobernadores se enteraron por la prensa de que iban a pagar con bonos”, resumió una fuente del gabinete entrerriano.

Bordet, Ziliotto, Quintela, Schiaretti y Arcioni, ayer, en el Congreso
Bordet, Ziliotto, Quintela, Schiaretti y Arcioni, en el Congreso - Créditos: @Rodrigo Néspolo

Para quienes asesoran y discuten con Bordet los temas más sensibles del Estado provincial en materia política, ese viraje del Presidente de la Nación motivó la realización de un análisis diferente por parte de los gobernadores. “Bordet, que hasta el momento venía acompañando, ahora sin dudas ha dialogado con los gobernadores (Sergio) Uñac, (Juan) Schiaretti y (Omar) Perotti, es decir con quienes no han suscrito esta última decisión de denunciar”, hizo notar una de las fuentes del gobierno entrerriano.

Pero la decisión de Bordet de no plegarse a la idea de Fernández no se sustenta sólo en el plano de lo que consideran una errática actitud de la Casa Rosada en la cuestión de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que van más allá y recalan en una cuestión jurídica.

Escuchas ilegales

Es que hay una convicción de que la denuncia contra los jueces supremos no se podrá sustentar porque se basa en escuchas ilegales. “La de Bordet es una decisión inteligente porque la denuncia tiene que sustentarse a sí mismo”, dijo una de las fuentes consultadas, muy cercanas al gobernador.

Esta última postura se explica en las declaraciones de unas de las personas allegadas a Bordet: “Si tuvimos la decisión correcta de repudiar las escuchas ilegales por las cuales fue denunciado en su momento Mauricio Macri, hoy no podemos estar convalidando escuchas tan ilegales como aquellas, cuando no sabemos quién capturó esas escuchas, con qué derecho y con qué orden judicial. No se puede sostener una denuncia contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con escuchas que no fueron autorizadas”.

Anoche, la diputada nacional por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Carolina Gaillard, confirmó que la decisión del gobierno nacional es avanzar en el juicio político, por lo que en los próximos días comenzará ya a tratarse en el marco de la comisión y la generación de pruebas contra los ministros denunciados.

Gaillard es una legisladora a la que parece no pesarle este momento de disidencia entre Alberto Fernández y Gustavo Bordet, aun cuando puede hacer gala de la buena relación que tiene con ambos.

La diputada le dijo a LA NACION que tuvo oportunidad de hablar con Bordet del caso, y que entre ambos quedaron bajo el entendimiento que cada uno debe cumplir del mejor modo la responsabilidad que le toca afrontar y que son diferentes.

“Gustavo entendió y me permite trabajar con libertad de acción, atendiendo a mis responsabilidades. Él es gobernador y tiene responsabilidades diferentes a las que tengo que cumplir”, afirmó Gaillard.

Elecciones locales

A principios del mes de diciembre último, Bordet envió a la Legislatura entrerriana un proyecto por el cual se otorga más tiempo para decidir si las elecciones en Entre Ríos se realizarán junto a las nacionales o si serán desdobladas. Las fechas de las elecciones es algo que no está definido aún en la provincia mesopotámica, de modo que plegarse a una estrategia conjunta con el Gobierno nacional, en lo que respecta al juicio político, sería ya definir un camino común entre ambos gobiernos. Si Bordet lo que quiso es tener más tiempo para fijar una estrategia, plegarse de una a acompañar a Fernández en el juicio político sería equivalente a reducir ese margen de acción que aún se reserva para sí el gobernador entrerriano.

Un dato que no debe pasarse por alto es que el gobierno entrerriano tiene expectativas sobre dos casos que tienen directa relación con Entre Ríos y que están a tiro de resolución de la Corte Suprema de Justicia. Uno es la suerte que correrá la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Es muy improbable que el gobernador entrerriano deje abierta la puerta a que la procuradora sea reincorporada a sus funciones y, cuando menos, el consejo que más debe haber escuchado Bordet es el de no confrontar, por eso mismo, con la Corte.

El otro asunto que debe resolver el máximo tribunal judicial del país es una cuestión de competencia en un caso de corrupción, como es el de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana durante el período 2008-2018. Es decir, un asunto candente que hace aconsejable al gobierno entrerriano no acompañar el pedido de juicio político para ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia.