Rapero español lucha por libertad de expresión

HERNÁN MUÑOZ
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LLEIDA, España (AP) — Un rapero español y decenas de sus simpatizantes se encerraron dentro de un edificio universitario el lunes en el más reciente intento del artista por evadir una sentencia a prisión por insultar a la monarquía y elogiar el terrorismo.

El caso de Pablo Hasél, de 32 años, ha cobrado más notoriedad en España y ha sido relacionado con el anuncio súbito del gobierno sobre cambios a una ley nacional que se considera que restringe la libertad de expresión. Unos 200 artistas, incluyendo al cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, firmaron una petición la semana pasada en apoyo del rapero.

El artista, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró, debe cumplir una sentencia reducida de nueve meses en prisión, fijada en 2018 por tuits y canciones que publicó entre 2014 y 2016 criticando a la familia real española y elogiando a un extinto grupo español armado de extrema izquierda.

“No voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir y lo que tengo que decir”, dijo Hasél el lunes por la noche a The Associated Press. “Así que esto me da aún más motivos y aún más ganas para continuar haciendo las mismas canciones”.

Conocido por sus críticas muchas veces radicales contra el sistema, Hasél ha sido condenado antes de agresión y de elogiar a grupos extremistas armados, pero nunca ha estado tras las rejas. Una sentencia previa a dos años fue suspendida.

Esta vez, su encarcelación parece inminente. La Corte Nacional española emitió una orden para su arresto el lunes, luego que el periodo de 10 días para que se presentara de manera voluntaria a la prisión expirara el viernes.

Pero el artista dijo que no irá sin oponer resistencia y sin llamar la atención sobre su caso. El lunes, acompañado de 50 simpatizantes, Hasél se encerró con una barricada en el edificio de rectoría de la Universidad de Lleida, en la región noreste de Cataluña.

La policía necesita un permiso especial, que fue otorgado, de las autoridades académicas para entrar a los edificios de la universidad, que han sido escenario de protestas en el pasado.

Desafiante, el rapero tuiteó: “Tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme”.

El lunes dijo a AP que sus acciones eran una “llamada para organizar la solidaridad, a llevar la presión a las calles con movilización”.

“Hay mucha solidaridad de muchas personas que interiorizan que esto no es sólo un ataque contra mí sino un ataque contra las libertades fundamentales, las libertades democráticas que este estado vulnera continuamente, y que ante una agresión al colectivo hay que dar una respuesta colectiva”, dijo.

El gobierno español de coalición de izquierda anunció inesperadamente la semana pasada que hará cambios al código penal nacional para eliminar las sentencias a prisión por ofensas que involucren la libertad de expresión. No mencionó específicamente a Hasél ni fijó una fecha para los cambios.

La propuesta es rechazada por el Partido Popular de oposición, un partido conservador, y el partido de extrema derecha Vox.

Los cambios al código bajo una nueva Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley mordaza”, se hicieron en 2015 cuando gobernaba el Partido Popular y han sido criticados desde entonces por grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales por limitar potencialmente la libertad de expresión en nombre de la protección al estado y las instituciones religiosas.

“El encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles, que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado, se haga aún más evidente”, señala la petición de los artistas.

“Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”, agregaron.

La división española de Amnistía Internacional también ha defendido a Hasél e instó al gobierno a hacer cambios a la ley. La semana pasada, el grupo internacional por los derechos humanos señaló en un comunicado a otros usuarios de redes sociales, periodistas y artistas que han sido sentenciados de forma similar.

“No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia”, dijo el director de AI España, Esteban Beltrán.

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Ciarán Giles y Aritz Parra en Madrid contribuyeron a este despacho.