Radiografía de la jornada en la que miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes de Brasil

Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro mientras asaltan el Congreso Nacional en Brasilia.
Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro mientras asaltan el Congreso Nacional en Brasilia.

Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro mientras asaltan el Congreso Nacional en Brasilia.

La democracia brasileña ha resistido este domingo un asalto por parte de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Aún no eran las tres de la tarde en Brasil (las 19.00 en la Península española) cuando un grupo de manifestantes invadieron las sedes del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema en Brasilia.

Los manifestantes, que defienden tesis golpistas y exigen una intervención militar para echar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomó posesión hace una semana, han dejado un reguero de ventanales rotos, obras de arte tiradas por el suelo y equipos y muebles destruidos.

Los edificios que reúnen los tres poderes del Estado se encuentran a apenas unas decenas de metros unos de otros alrededor de la Plaza de los Tres Poderes, donde, tras el inicial caos reinante, las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control unas cinco horas después.

Los responsables de asalto

El intento de golpe de Estado, por el que ya hay al menos 300 detenidos, ha sido perpetrado por los bolsonaristas que llevan ya dos meses —desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre en las que Lula derrotó a Bolsonaro— acampados frente a la sede de las Fuerzas Armadas en Brasilia. Así, desde el Cuartel General del Ejército llegaron hasta el corazón del poder en la capital.

Los seguidores de Bolsonaro esgrimen la misma teoría que el exmandatario, quien no ha reconocido aún la derrota y ha defendido siempre estas manifestaciones. Estos se consideran víctimas, sin ningún tipo de prueba, de un fraude electoral. Una tesis que recuerda, irremediablemente, a la sostenida por los seguidores del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y que culminaron con la irrupción de sus partidarios en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento de impedir que se ratificara la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La irrupción y el caos inicial

“Fue algo que nunca imaginé ver. Es depredación, vandalismo, caos y destrucción”, manifestó en un video con las imágenes de los locales invadidos el ministro de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, Paulo Pimenta.

Los bolsonaristas superaron rápidamente la barrera de la policía, que fue sorprendida por el ataque, y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron sin problema en los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sillas, mesas, impresoras, cuadros, televisores quebrados y pedazos de equipos y muebles quedaron esparcidos en las afueras y pasillos del Congreso, según mostraron las imágenes retransmitidas por televisión. A primera hora de la noche en Brasil las autoridades confirmaron que había al menos 46 heridos por el ataque.

La respuesta de Lula

El presidente del país, que no se encontraba en el momento del asalto en la capital, anunció la intervención federal de Brasilia para detener la invasión y “garantizar la seguridad pública”.

Así se manifestó desde la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo, afectada por las intensas lluvias tras una reunión de emergencia con sus ministros. “Todas las personas que han hecho esto serán castigadas. La izquierda brasileña tiene gente muerta, y nunca un partido de izquierda invadió el Congreso o el Planalto. Esto no tiene precedentes en la historia de este país. Vamos a descubrir quienes son los financiadores de estos vándalos”, dijo tras tildar de fascistas a los atacantes.

Y responsabilizó a Bolsonaro de los ataques al señalar que los radicales han sido “estimulados” por el exgobernante y que “pagarán con la fuerza de la ley” por los disturbios provocados.

Y la de Bolsonaro

Por su parte, Bolsonaro, quien sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las elecciones del pasado 30 de octubre, reprobó poco después de forma tibia el intento de golpe de Estado por parte de sus simpatizantes.

“Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, manifestó el exmandatario en sus redes sociales.

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Además, repudió en su mensaje “las acusaciones, sin pruebas” vertidas por el actual jefe de Estado, quien este domingo recriminó a su predecesor “estimular” los actos golpistas de sus partidarios más radicales. “A lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”, manifestó el líder de la extrema derecha brasileña desde Estados Unidos, donde permanece desde dos días antes de la investidura de Lula sin previsión oficial de vuelta.

Consecuencias políticas

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha apartado de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días tas el asalto. Antes, además, Rocha ya había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia. Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

El campamento desde que se lanzó el ataque

El Supremo dio un plazo de un día al Ejército del país para desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” que existen en el territorio nacional. Así lo anunció el magistrado Alexandre de Moraes, quien subrayó la importancia de que estos campamentos sean completamente desactivados mientras la Policía actúa de forma paralela. Es decir, mientras las fuerzas policiales arrestan a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles”, tras una cascada de detenciones que ya supera los 300 arrestados.

Dicho y hecho. Horas después la policía del Distrito Federal de Brasilia ya ha desmontado este lunes el campamento que los bolsonaristas habían instalado frente al cuartel general del Ejército tras las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo.

Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los accesos al campamento a primera hora de este lunes para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar.

Y surtió rápidamente efectos. Sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores del expresidente que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias y a abandonar el lugar. En solo media hora, en el campamento tan sólo quedaron las carpas y algunas infraestructuras abandonadas, así como un puñado de manifestantes que se apresuraban para recoger colchones y otros utensilios.

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