Río Negro: bajo la amenaza ancestral de los mapuches

Laureana Fuentes
·9  min de lectura
Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez
Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

SAN CARLOS DE BARILOCHE -. El conflicto por el acceso a la tierra y las ocupaciones se transformó en los últimos meses en un tema de agenda que claramente no es ajeno a la Patagonia, donde persisten importantes focos, tanto en Bariloche como El Bolsón. Sumado a la problemática urbana, que se repite en otros puntos del país, la región acarrea situaciones complejas que involucran a comunidades mapuches. La provincia tuvo en todos los casos una firme postura de rechazo y esta semana logró que el presidente Alberto Fernández cambiara el interlocutor para el abordaje en Villa Mascardi. Especialistas en el tema señalan la falta de políticas públicas y advierten como necesario unificar criterios y posturas.

La situación más conflictiva planteada en la región, es justamente la que se da desde 2017 en torno a Villa Mascardi, donde el lof Lafken Winkul Mapu hizo una primera ocupación sobre tierras de Parques Nacionales y desde entonces hubo un sinfín de denuncias que los vinculan a hechos de violencia, saqueos, cortes de ruta y quemas. A finales del año pasado, este grupo -entre los más radicalizados -, amplió su territorio sobre la costa del lago Mascardi y otras propiedades privadas. La última fue en agosto pasado sobre unas cabañas propiedad del Obispado de San Isidro. Situación que provocó el hartazgo de los vecinos que realizaron varias movilizaciones para solicitar el urgente desalojo con duros cuestionamientos a las autoridades.

En Mascardi, si bien la causa de usurpación no prosperó aún sobre las tierras nacionales, esta semana hubo un importante avance en la justicia rionegrina que imputó por "usurpación" a un grupo del lof y ordenó la restitución de ese último predio ocupado al Obispado. El juez dispuso que se establezca un cerco perimetral para evitar nuevos ingresos y pidió especialmente a los fiscales controlar el procedimiento "para que no existan excesos". En noviembre de 2017, durante un primer intento de desalojo resultó muerto el joven Rafael Nahuel, un hecho que sin dudas recrudeció el conflicto. En tanto, por ahora la medida fue impugnada por la defensa y resta la revisión de un nuevo magistrado.

Cambio de interlocutores

Esta semana, luego de un hecho de violencia que protagonizó en la zona la gobernadora Arabela Carreras, el Presidente la recibió en Casa Rosada y acordaron que en lugar de llevar adelante el abordaje del conflicto la cartera de Seguridad, lo hará la de Justicia, a cargo de la ministra Marcelo Losardo. La mandataria provincial había planteado en numerosas oportunidades las diferencias con el equipo de Sabina Frederic y apuntó de manera directa contra el Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI), al frente de Magdalena Odarda, al que acusó de "avalar" y hasta "financiar" tomas de tierras.

Si bien la principal herramienta planteada por las autoridades nacionales hasta el momento es el "diálogo", en diversas oportunidades de ampliación del territorio, el lof informó que su postura es "seguir recuperando territorio sin negociar, ni transar, comprendiendo que la única opción es la autodefensa y el control territorial". Al respecto el sociólogo Vladimiro Iwanow, consultado por La Nación, dijo que "se abre espacio de negociación en base a la comisión de un delito, a quién se le ocurre negociar con un ladrón o ver cuáles son sus necesidades".

Si bien aclaró que las ocupaciones urbanas y los conflictos planteados con estas comunidades mapuches "son de origen distinto", precisó que "el factor común es una postura muy ambigua por parte de las autoridades, con respuestas erráticas y falta de convencimiento de una postura determinada". Aclaró que la mayoría de los reclamos vinculados a los pueblos originarios son pacíficos. "El caso de Mascardi no responde a ese patrón, ni siquiera se trata de una comunidad constituida o con antecedentes, sino de un grupo que toma por imitación viendo que no hay sanción para esa situación, en este caso agravado por la muerte de Rafael Nahuel", sentenció. En el caso de las ocupaciones en el espacio urbano dijo que "tienen que ver con las necesidades de un terreno y sobretodo en el caso de Bariloche, donde el costo es muy alto por un tema vinculado al costo turístico de la tierra".

Consultado sobre la injerencia de agrupaciones políticas o sociales en las tomas, Iwanow habló de la postura tomada por el INAI, y precisó que "es parte de la confusión, no hay una postura oficial pero sí referentes que generan cierto aval y favorecen que más grupos, con mayor o menor cobertura y justificación, se larguen a la aventura".

Avances en la justicia provincial

El juez Martín Arroyo, que ordenó esta semana la restitución de las tierras en un sector de Mascardi, advirtió que "no está en discusión la existencia de los pueblos originarios", pero que "no se puede acudir a cualquier vía para ejercer un reclamo". Esta es la segunda imputación en el último mes que se plantea en torno a la comunidad que está en Villa Mascardi. La resolución incluso llega a días del desalojo realizado en torno a la ocupación de la comunidad Gallardo Calfú en El Foyel, también camino a El Bolsón, a unos 75 kilómetros de Bariloche, instalándose en un campo propiedad de la familia Soriani, cercando su libre acceso.

Jorge Paolinelli, abogado de la familia Soriani y ex funcionario del área de Tierras, dijo a La Nación que las ocupaciones urbanas y los hechos vinculados a comunidades mapuches "son dos cuestiones distintas". En el primer caso, apuntó a una "falencia estatal para controlar el mercado inmobiliario, que es histórico y cíclico". En cuanto lo de Foyel y Mascardi aseveró: "Es de una gravedad absoluta, es clarísimo que lo que se busca es una ventaja patrimonial". Cargó las tintas también contra el INAI y advirtió que "hay organizaciones que desarrollan su actividad en los conflictos, en muchos casos se construyen ventajas sobre el drama de los pueblos originarios, es perverso". Indicó que se vive en la zona "un ambiente muy enrarecido".

Otro conflicto similar con un privado que se extiende desde septiembre de 2019 en Bariloche, es el de la comunidad mapuche Buenuleo (con personería jurídica desde 2011), quienes se instalaron en el cerro Ventana sobre tierras que otras dos personas aseguran haber comprado a un antiguo lonko de esa misma familia. Allí, si bien hubo una primera orden de desalojo finalmente quedó esta semana sin efecto tras aparecer en el Boletín Oficial una resolución del INAI que reconoce la ocupación del lof sobre unas 480 hectáreas en esa misma zona, en base al relevamiento dispuesto por la ley 26.160, lo que hizo cambiar la postura de la Fiscalía.

El rol del Estado

Otro de los casos resonantes fue el de la comunidad Ranquehue Millalonco, que protagonizó semanas atrás un conflicto con integrantes de la Escuela Militar de Montaña en cercanías al territorio que están asentados a la vera de la Ruta Provincial 82, en Bariloche. A raíz de una presunta "tala de árboles", los uniformados ingresaron y desarmaron un invernadero que la agrupación había construido, al tiempo que la situación se denunció como una nueva ocupación. Miembros de la comunidad aclararon que dichas tierras son parte de la mensura reconocida en 2011 por el INAI. Y si bien un litigio judicial anterior había fallado en favor del Estado en 2010, quedó sin efecto tras este reconocimiento que los ampara.

Tomás Guevara, investigador del CONICET y doctor en Ciencias Sociales aseveró en diálogo con La Nación que la situación de esta comunidad es diferente a otras ya que se viene de "años de mucho trabajo y paciencia". Y destacó que el problema es que "no hay ni un solo título entregado (en el marco de la ley 26.160), solo carpetas que avanzaron, como es este caso que tienen hasta la mensura, pero que el Estado no termina de reconocer generando estas dinámicas donde se enturbian todos los procesos". En cuanto a Mascardi dijo que "el problema es que hubo una persona muerta y sobre ese trasfondo la cosa es muy difícil de desenredar, son situaciones muy molestas para la opinión pública, el Estado tiene que hacer una autocrítica y desandar el camino".

Necesidad y falta de políticas públicas

En lo que refiere a las ocupaciones urbanas, una de las más resonantes fue la de Lomas del Mirador en El Bolsón donde un grupo de familias persiste desde agosto sobre una reserva forestal propiedad del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA). Allí, la justicia federal rechazó el desalojo y pidió al Estado dar respuesta, lo que desató duras críticas de Carreras y su entorno por entender que era un fallo "imposible" de cumplir. Al igual que en otras tomas que se replicaron esta semana en la ciudad de Bariloche, en la zona del Este, las autoridades apuntan a la presencia de organizaciones políticas y ciertos especuladores.

Al respecto, Guevara advirtió que "cuando uno mira la historia, es un tema recurrente, en Bariloche hubo procesos de ocupaciones masivas en los últimos 20 años". Y advirtió que en esta región del país el problema se vuelve más complejo por "el rol de la tierra y su vinculación con el paisaje, que es lo que se vende". Precisó que hay 10 tomas activas en Bariloche, y destacó que la situación no es sólo producto de la pandemia, sino que ya se había planteado antes.

"Si no tenés soluciones la gente se hacina, los alquileres son cada vez más inaccesibles, se desborda y eso pasó ya en febrero, luego sobre llovido mojado la pandemia profundizó mucho más todo, y con la cuarentena se volvió en muchos casos insostenible, tanto por la convivencia como por la cuestión de falta de ingresos, por eso todos los días hay una toma nueva", resaltó. Precisó que "hay un trasfondo de necesidad real", aunque admitió que "para muchas personas es una forma de vida".

Según Guevara en Bariloche "hay 800 hogares nuevos todos los años, de los cuales 300 año a año demandan una solución habitacional, es una olla a presión que tarde o temprano explota". Esta semana frente a las diversas tomas la Mesa de Tierras de Bariloche pidió que "se declare la emergencia habitacional en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, con la finalidad de paliar el déficit existente". Por su parte, los legisladores andinos de Juntos Somos Río Negro, en sintonía con Carreras, volvieron a plantear que "no hay dudas que la toma de tierras es un delito" al manifestar su satisfacción por el desalojo en El Foyel.