Yahoo Noticias ¿Qué tan protegidos están los 'dreamers' ante operativos contra indocumentados en EEUU?
La detención en el área de Seattle del joven Daniel Ramírez Medina, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ha suscitado una intensa polémica y redoblado los miedos que pesan sobre gran parte de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
Y ha elevado una punzante pregunta: ¿cuál es el grado de protección que tienen los ‘dreamers’, los cerca de 750,000 beneficiarios de DACA, en el creciente contexto de persecución de indocumentados desatado por las nuevas prioridades de deportación del gobierno de Donald Trump?
Hace unos días, la policía de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a Ramírez, que llegó al país a los 7 años y obtuvo el DACA en 2014, sin que existiese, de acuerdo a los defensores del joven, causa alguna para su detención. Al contar con DACA Ramírez, nacido en México, está protegido de la deportación y ese programa, aunque bajo severo cuestionamiento de parte de influyentes fuerzas políticas y grupos antiinmigrantes, permanece vigente. La propia administración de Trump no ha dado ningún paso para eliminar este esquema, establecido durante el gobierno de Barack Obama, y en ese sentido Ramírez, pese a ser indocumentado, no debió ser arrestado por ello al ser beneficiario de DACA.
Pero tener DACA, con todo, no impidió que ICE lo arrestara.
Las autoridades de Inmigración, como se indicó en el periódico La Opinión, indicaron que la detención de Ramírez se debió a que él era “pandillero” y un riesgo para la seguridad pública y señalaron que cuando una persona con DACA incurre en delitos o actividades ilícitas puede perder ese beneficio y ser sujeta de deportación. Una situación a la que está expuesto, en realidad, cualquier inmigrante, tenga visa temporal, de residente permanente u otro esquema.
Pero los defensores de Ramírez aseguran que el joven no tiene historial criminal y que durante su arresto fue obligado a confesar que era miembro de una pandilla, sin serlo, por lo que procedieron a demandar a las autoridades de inmigración por violentar los derechos al debido proceso del joven.
Y es inquietante, de ser ciertas estas versiones, que el mero alegato de que Ramírez era “pandillero” –afirmación que, según medios de prensa, las autoridades de inmigración dedujeron porque el joven tenía un tatuaje peculiar– y una autoincriminación hayan bastado para proceder contra él. Aunque extranjero e indocumentado, Ramírez goza de las garantías fundamentales de la Constitución y además el hecho de tener DACA indica que superó el proceso de investigación de antecedentes criminales a las que se someten los solicitantes de ese beneficio. Ramírez lo hizo incluso en dos ocasiones, en 2014 al solicitar por primera vez el DACA y en 2016 al pedir su renovación, como explicó The Seattle Times.
Pero más allá del caso específico de Ramírez, cabe reiterar la pregunta: ¿qué tan protegidos se encuentran realmente los jóvenes ‘dreamers’, beneficiarios de DACA, en un momento en que las autoridades han endurecido sus políticas y criterios de deportación y han comenzado a realizar operativos de detención de indocumentados no vistos desde hace años?
¿Qué hacer cuando el miedo y la tensión entre la comunidad inmigrante es patente a escala nacional?
En principio, una persona con DACA vigente y sin antecedentes criminales no tendría por qué ser arrestada o sometida a proceso de deportación. E incluso si comete una falta o un delito entre los que son considerados causales de la remoción de ese permiso, la determinación de si es culpable y en qué grado de esas ofensas debería darse mediante el debido proceso, ante una corte y con las garantías procesales debidas.
Suponer que alguien es un criminal, por un tatuaje, por una autoinculpación o por otras consideraciones, no sería base suficiente para determinar que una persona es en realidad culpable de lo que se le acusa.
Con todo, la orden ejecutiva de Trump en relación a la deportación de indocumentados abre ampliamente el abanico de consideraciones por las que una persona que está en el país sin un estatus legal puede ser sujeta a arresto y deportación, a juicio de la autoridad federal. Y el hecho de que en esos criterios se pueda incluir a indocumentados que fueron arrestados en algún momento pero a los que no se les probó culpabilidad implica abrir una suerte de caja de pandora.
Y la noción, de parte de una autoridad, de que un indocumentado puede ser un peligro para la seguridad pública o la seguridad nacional sería, al parecer, otra base en la que podrían sustentarse arrestos, si bien la clarificación de cómo se determina y prueba que una persona es en efecto una amenaza se encuentra en una zona gris.
Sea como sea, un joven con DACA que no tiene antecedentes penales ni ha tenido incidentes con las autoridades, que cumple con los requisitos del programa de Acción Diferida y en general con todas las leyes estadounidenses debería, en principio, estar tranquilo pues no habría razón para que, mientras DACA siga vigente, sea arrestado o deportado. Si es hallado culpable de un delito es otra cosa, y en ese caso sí estaría expuesto a cárcel y deportación.
En todo caso, consultar a un abogado y en caso de arresto no decidir nada sin la asesoría de uno es desde luego recomendable.
Pero el caso de Ramírez ha abierto muchas interrogantes y planteado muchas inquietudes. Es posible que, dado que una demanda al respecto está en curso, el proceso judicial mismo permita clarificar, desde la perspectiva jurídica y con determinaciones de una corte, en qué casos los nuevos criterios de detención y deportación del gobierno federal son válidos y legalmente sustentados y en qué casos resultan improcedentes e incluso inconstitucionales.
El litigio y el freno judicial a la orden ejecutiva de Trump que prohibió temporalmente el ingreso al país de refugiados y de personas de siete países de mayoría musulmana, y el caso similar en el que tribunales frenaron la ampliación de DACA y la creación del DAPA (acción diferida para los padres indocumentados de ciudadanos y residentes), muestran que las determinaciones presidenciales tienen límites marcados por la Constitución y la ley.
No es claro aún si el caso de Ramírez conducirá a un proceso así, pero las clarificaciones que sobre el asunto se produzcan en las cortes podrían mitigar algunos de los temores que pesan sobre millones de familias inmigrantes en Estados Unidos.
