¿Qué implica la declaración de emergencia nacional por la epidemia de adicción a opiáceos en EEUU?

El presidente Donald Trump declaró formalmente, no sin cierta pausa previa, que la epidemia de adicción y muertes por consumo de opiáceos es una emergencia nacional. Ciertamente esa crisis ha sido tal desde hace años, pero no fue hasta ahora que la Casa Blanca la ha declarado en términos de acción gubernamental para encararla.

Luego de que una comisión especial, dirigida por el gobernador de New Jersey, Chris Christie, fuera establecida por Trump para estudiar esa crisis, la conclusión de ese grupo fue que era necesario declarar ese estado de emergencia para poder canalizar mayores recursos humanos y materiales para atender los devastadores efectos que la adicción a la heroína, a otros narcóticos ilícitos y a medicamentos opiáceos de receta tiene en amplias capas sociales en Estados Unidos.

 (AFP Photo/DOMINICK REUTER)

Según Christie, por esa crisis “aproximadamente 142 estadounidenses mueren cada día… un 11 de septiembre [en alusión al ataque terrorista de 2001] cada tres semanas”. En 2015 los fallecimientos vinculados a la adicción a los opiáceos sumaron 33.091 casos, de acuerdo a cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Trump no actuó de modo inmediato para declarar el estado de emergencia, que además de dedicar recursos adicionales a la crisis en cuestión también la coloca en el ojo mediático, luego de que la citada comisión presentó sus recomendaciones. Pero finalmente lo hizo, y dijo que “vamos a dedicar mucho tiempo, muchos esfuerzo y mucho dinero en la crisis de opiáceos. Este es un problema serio de un tipo que nunca hemos tenido”.

Con todo, más allá de la retórica y la promesa de canalizar más dinero a atender a las personas adictas y sus comunidades, ¿qué implica que la crisis de adicción y muertes por consumo de opiáceos haya sido declarada emergencia nacional?

En primero término, pone al asunto como una prioridad gubernamental y propicia que se canalicen mayores cantidades de dinero público para enfrentarla.

Una clínica de atención y recuperación para adictos en Ohio. Medicaid cubre muchos de los gastos de la atención que en centros como este se da a personas adictas a opiáceos y otras drogas. (AP)

Como se comentó en la televisora pública PBS, la declaración de emergencia nacional permitirá al gobierno federal “eliminar varias barreras” para amplificar las opciones de tratamiento de los adictos. Por ejemplo, relajar las normas federales que limitan la cantidad de personas que pueden recibir de Medicaid (el seguro médico público gratuito para personas de bajos ingresos) cobertura para ser internadas para tratar sus adicciones, dado que actualmente no se permite usar fondos de ese programa para pagar gastos de clínicas dedicadas a trastornos mentales (en donde se incluye a las adicciones) si estas tienen más de 16 camas.

La lógica de esa restricción, que data de 1965, es oscura pero levantarla permitirá que más centros médicos abran sus puertas a adictos y con ello se amplíen las opciones de tratamiento y recuperación. Cabe decir, como señaló un reporte de The Pew Charitable Trust, que el relajamiento de esa restricción ya había sido concedida por el gobierno de Barack Obama a los estados de California, Maryland, Massachusetts y Nueva York, y que otros siete otros estados (Arizona, Indiana, Illinois, Kentucky, Michigan, Utah y Virginia) la habían ya solicitado.

Es de suponer que la actual declaratoria de emergencia abrirá esa posibilidad a escala nacional, para incrementar las posibilidades y capacidades de tratamiento.

Eso, claro está, si Medicaid conserva y amplía sus recursos en lugar de verlos mermados o redireccionados, una situación que estuvo en el centro del debate de la fracasada reforma de salud propuesta por Trump y el liderazgo republicano en el Congreso.

La declaración de emergencia nacional, según PBS, también puede propiciar un mayor y más barato acceso, posiblemente con apoyo de recursos federales y con negociaciones con las farmacéuticas, a sustancias clave (aunque controversiales) para el tratamiento de las adicciones a opiáceos, como el caso de la metadona, la buprenorfina, la naltroxona y la naloxona, que ayudan ya sea a mitigar el síndrome de abstinencia (las dos primeras) o a neutralizar sobredosis de opiáceos (las dos siguientes).

Y además es posible que la emergencia nacional propicie que se establezcan mayores restricciones a la expedición de recetas de medicamentos opiáceos, por ejemplo para tratar dolor crónico, pero que al ser usados de manera indiscriminada conducen a adicciones que luego se precipitan a sustancias ilegales como la heroína u otras aún más tóxicas, como el fentanilo, que circulan en las calles.

El presidente Donald Trump y el secretario de salud Tom Price en una sesión de información sobre la crisis de adicción y muerte por opiáceos en EEUU. (AFP)

Con todo, pese a lo que la retórica política suele afirmar, no hay solución única y rápida al grave problema de la crisis de los opiáceos.

En muchos casos, las personas que se vuelven adictas lo hacen no solo por un antecedente físico (por ejemplo lesiones o dolores crónicos que los condujeron de medicamentos de receta a drogas ilícitas) sino también por falta de oportunidades, pobreza y desesperanza. Y también es un grave factor la amplia disponibilidad y el bajo precio de la heroína y otros narcóticos ilícitos en muchas comunidades urbanas y rurales.

Aunque ese factor puede motivar a Trump a redoblar su discurso de seguridad fronteriza, muro y demás, con el argumento de que mucho de esa droga cruza Estados Unidos desde México y otras regiones, debe señalarse que una parte sustantiva del abasto de drogas proviene de otras fuentes, muchas de ellas originadas dentro de Estados Unidos, y que si bien los carteles de la droga extranjeros son un eslabón crítico y ominoso, sus contrapartes estadounidenses y todo el aparato financiero en el que lavan sus ganancias tienen un papel fundamental.

Combatir ambos extremos de modo integral es por ello necesario.

Finalmente, otras de las oportunidades abiertas por la declaración de emergencia, y que son parte de las recomendaciones de la comisión de Christie, es potenciar las labores de información y concientización sobre los devastadores efectos de la adicción a los opioides. Se mencionó, como comentó CNN, que eso puede redoblarse en las escuelas de medicina y odontología, para que futuros médicos y dentistas (más los actuales) tengan una perspectiva más profunda sobre las implicaciones y alternativas a la hora de recetar medicamentos contra el dolor.

Y la educación y la creación de oportunidades socioeconómicas en general son, a fin de cuentas, vías indispensables para prevenir las adicciones y dar perspectivas a quienes las enfrentan.

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