En QR piden a AMLO no considerar obras como seguridad nacional

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CANCÚN, QR., noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador derogar el Acuerdo que establece que los proyectos del gobierno mexicano en materia de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos, son de "interés público y seguridad nacional" y son prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

El Acuerdo fue publicado el 22 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor trae consigo importantes consecuencias que ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución mexicana y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos suscritos por el país, advirtió la agrupación.

"El Acuerdo es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano ya que transgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional. "Al ignorar los procedimientos y obligar al otorgamiento de los permisos, licencias y dictámenes se omite la valoración de los impactos y daños ambientales que puedan generar las obras y proyectos, sin establecer las medidas de reparación y mitigación adecuadas. Esto deja en estado de vulnerabilidad a los ecosistemas, servicios ambientales, así como a las personas y comunidades que dependen de éstos”, alertó la organización. Conforme a su análisis jurídico-ambiental, los instrumentos de política ambiental, cuya aplicación se soslaya en el Acuerdo, contribuyen a garantizar el ejercicio del derecho humano al medio ambiente sano, tal como lo ha determinado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Dejar sin aplicación estos instrumentos, a través de un Acuerdo, vulnera y menosprecia el andamiaje jurídico que se ha construido a lo largo de más de veinte años para garantizar este derecho", sostuvo el Cemda.

Al profundizar en su análisis, la agrupación encabezada por el abogado Gustavo Alaín afirmó que declarar los proyectos como de Seguridad nacional "no exime" al gobierno y sus instituciones del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4o de la Ley de Seguridad Nacional. Dicho ordenamiento señala expresamente que "la Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación". Lo anterior significa que, incluso considerando ciertas obras y proyectos de seguridad nacional, éstos tienen que cumplir con los plazos, requisitos, formalidades y mecanismos de participación previamente establecidos en el marco legal. Las autoridades están obligadas, según lo establece el artículo 1 de la Constitución, a cumplir con el régimen de derechos humanos, lo cual implica que el Acuerdo en cuestión tiene que contribuir a su cumplimiento y, en ningún caso, ser violatorio de éstos.

"A pesar de ello, el Acuerdo ignora esta obligación constitucional", sostuvo la organización. Además, el Acuerdo carece de motivación y fundamentación adecuada en tanto que no existe facultad constitucional ni jurídica, expresa o implícita, que permita al presidente a generar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos y al marco legal constitucional, violando con ello el principio de legalidad. "El único régimen de excepción previsto en el artículo 29 de la Constitución Política no es aplicable al caso en concreto", aclaró. El Acuerdo subrayó el Cemda- también obliga a los y las servidoras públicas para realizar sus funciones "de forma ilegal, inconstitucional e inconvencional al tener que otorgar las autorizaciones que les sean solicitadas".

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