La pulseada por los planes sociales recalienta la disputa entre piqueteros e intendentes

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Apenas 20.000 solicitudes de cambio de unidad de gestión lograron tramitarse de manera exitosa
Santiago Filipuzzi

La puja de poder en los territorios vuelve a calentar la tirante relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales de izquierda. Es uno de los tantos capítulos de una novela que tuvo un punto de inflexión durante el verano, a raíz de una decisión tomada por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta: garantizarle a cada beneficiario del programa Potenciar Trabajo que pueda optar “libremente” por la unidad de gestión en la que cumplir las cuatro horas diarias que se le exige como contraprestación. Una medida que, a tres meses de ser anunciada, todavía no parece haber dado los resultados esperados.

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Según datos a los que tuvo acceso LA NACION, desde febrero se registraron —“por diversos motivos”— alrededor de 140.000 llamados a la línea de teléfono habilitada por el ministerio. Es un número equivalente al 10% del total de las personas que cobran hoy un programa social ($16.500) y que superan las 1.200.000 en todo el país. Sin embargo, apenas 20.000 de esos contactos lograron ser encausadas exitosamente . Y aunque desde la Casa Rosada afirman que existe un éxodo de integrantes de agrupaciones piqueteras hacia las unidades de gestión de las intendencias, fuentes de la cartera que administra la política social lo desmintieron. “El destino es variado”, indicaron desde el entorno de Zabaleta.

Eduardo Belliboni (PO), Mónica Sulle (MST Teresa Vive) y Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur), principales referentes de la Unidad Piquetera
Osvaldo Fanton


Eduardo Belliboni (PO), Mónica Sulle (MST Teresa Vive) y Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur), principales referentes de la Unidad Piquetera (Osvaldo Fanton /)

En el corazón de toda la cuestión radica una polémica: la intermediación que necesariamente ejercen hoy las organizaciones al momento de la ejecución de los programas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Al respecto, desde el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno se encargan de aclarar que la ayuda social otorgada no tiene relación alguna con la agrupación en la que el correspondiente beneficiario decida llevar adelante su militancia política. Y que cualquier trámite de traspaso de una unidad de gestión a otra, únicamente puede iniciarse a partir del pedido individual de la persona titular del Potenciar Trabajo.

“Así se inicia un procedimiento que permite encontrar el lugar adecuado a sus intereses laborales o formativos”, apuntó en su momento el ministro Zabaleta al ser consultado por LA NACION, quien además subrayó que la nueva medida permitiría “avanzar en un procedimiento de transparencia en la gestión” , en un camino hacia la tan mentada conversión de los programas sociales en empleo genuino.

El ministro Juan Zabaleta junto a Eduardo "Wado" de Pedro
Redes


El ministro Juan Zabaleta junto a Eduardo "Wado" de Pedro (Redes/)

El contrapunto, por lo tanto, es total. Es que mientras en el Gobierno levantan la bandera de la eficiencia a la hora de gestionar, los dirigentes sociales sostienen que, en realidad, la política impulsada por Zabaleta no sería otra cosa más que una maniobra dirigida a dejar en un “limbo” a quienes cobran el Potenciar Trabajo. Un ardid que, lejos de buscar afianzar la autonomía de las más de un millón de personas encuadradas en alguna actividad informal, colocaría a cada una de ellas a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

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En ese sentido, las organizaciones de izquierda denuncian que, al momento del trámite, “se acepta por la mitad” la voluntad de la persona involucrada, dejando al beneficiario a merced de los intendentes del conurbano “que quiere utilizarla como mano de obra barata” para sus municipios. “Deberían respetarse los dos botones, tanto el de ‘irse’ como el de ‘elegir’”, reclama la coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, una de las principales referentes de la Unidad Piquetera y protagonista del inédito acampe de 48 horas que tuvo lugar en pleno centro porteño a finales de marzo.

Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive
Prensa MST


Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive (Prensa MST/)

Ante LA NACION, Sulle sostiene que hace tiempo que los piqueteros piden que se “universalicen” los programas sociales. ¿El objetivo? Terminar con los límites de cupos y que “cualquier trabajador desocupado o sin ingresos fijos” esté en condiciones de cobrar una mensualidad, como sucedió durante la pandemia con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una política muy alejada de los planes del ministro Zabaleta, que la semana pasada ratificó su decisión de no ampliar la cantidad de beneficiarios de los Potenciar Trabajo.

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En la actualidad, cada persona inscripta en el programa cuenta con una tarjeta propia y las agrupaciones solo intervienen ante la cartera de Desarrollo Social al momento de solicitar las altas y las bajas. Son negociaciones que se deben llevar adelante con Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, la principal organización oficialista y sostén fundamental de Alberto Fernández en medio del fuego cruzado que hoy acecha al Frente de Todos.

Piqueteros vs. intendentes

“Son los peores precarizadores”. Así caracteriza Sulle a los intendentes peronistas del conurbano, a quienes ve detrás de cada una de las jugadas que realiza Zabaleta. Para la referente del MST Teres Vive, la nueva iniciativa del oficialismo no es más que un intento explícito por “liberar” a los jefes comunales de “toda carga social” para sumar a beneficiarios del Potenciar Trabajo a sus respectivas plantillas de personal.

El exjefe de Gabinete y el jefe de La Cámpora, almorzaron con intendentes del conurbano en Lomas de Zamora
El exjefe de Gabinete y el jefe de La Cámpora, almorzaron con intendentes del conurbano en Lomas de Zamora


El exjefe de Gabinete y el jefe de La Cámpora, almorzaron con intendentes del conurbano en Lomas de Zamora

No es casual la inquietud piquetera en torno a los intendentes. Durante al menos una década, los municipios manejaron una gran parte de la ayuda social que otorgaba el Estado a las cooperativas a través del Argentina Trabaja y que dependía, a su vez, del Programa de Inclusión Social con Trabajo (PRIST), creado en 2009 durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. Fue recién en 2018 que ese paradigma cambió. Ese año, al calor de la Ley de Emergencia Social impulsada por los movimientos sociales y votada por el Congreso en 2016, la por entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, inauguró un nuevo programa social llamado Hacemos Futuro, que comenzó a implementarse a la par del flamante Salario Social Complementario. En 2020, ambos se fusionaron para dar nacimiento al Potenciar Trabajo.

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“Antes, en las cooperativas del Argentina Trabaja, si bien también intervenían las organizaciones, los intendentes tenían un control casi absoluto de las tareas”, describe Sulle, quien además señala que, a lo largo de años, los materiales y las herramientas para trabajar se las debían solicitar a las distintas gestiones municipales. “Ellos perdieron mucho en todo este tiempo, por eso necesitan hacer esa tramoya del pase a medias, de la posibilidad de irse pero no de elegir” , agrega la dirigente, para después rematar: “Solo tenés que ver de dónde viene Zabaleta, que es el exintendente Hurlingham”.

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