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Puerto Rico, que aún se recupera de catástrofes previas, recibe un duro golpe por la COVID-19

La gente se forma para hacer solicitudes de prestaciones por desempleo en San Juan, Puerto Rico, el 12 de junio de 2020. (Dennis M. Rivera Pichardo/The New York Times)
La gente se forma para hacer solicitudes de prestaciones por desempleo en San Juan, Puerto Rico, el 12 de junio de 2020. (Dennis M. Rivera Pichardo/The New York Times)
Voluntarios organizan bolsas de alimentos en un centro de apoyo comunitario en Caguas, Puerto Rico el 12 de junio de 2020. (Dennis M. Rivera Pichardo/The New York Times)
Voluntarios organizan bolsas de alimentos en un centro de apoyo comunitario en Caguas, Puerto Rico el 12 de junio de 2020. (Dennis M. Rivera Pichardo/The New York Times)

SAN JUAN, Puerto Rico — Con cientos de miles de personas que de pronto se quedaron sin empleo en Puerto Rico, Luciano Soto, un guía de recorridos que no ha trabajado en casi cuatro meses, quería ser el primero en la fila del Centro de Convenciones de Puerto Rico, que ahora funciona como una oficina de desempleo.

Hace unas semanas llegó a las 20:00, con una lonchera llena de botanas y preparado para pasar la noche en el centro con el fin de averiguar por qué las prestaciones de desempleo que había solicitado meses antes no le habían llegado. A las 5:00, ya había más de 400 solicitantes en el lugar, y les pidieron a muchas personas furiosas que se fueran.

Soto finalmente obtuvo su dinero la semana pasada, tras localizar tres de sus cheques en la oficina de correos: el gobierno los había enviado a la dirección equivocada.

“Esto continuará durante un rato”, dijo Soto, de 57 años, a quien le preocupa que la industria de los cruceros, de la que depende, no se recupere rápidamente. “¿Irías a un crucero en este momento, aunque alguien te ofreciera un boleto gratis?”.

Conforme la pandemia del coronavirus arrasa en todo el mundo ocasionando la clausura de negocios, matando a los más vulnerables y afectando economías, Puerto Rico ha recibido uno de los impactos económicos más duros.

La gobernadora Wanda Vázquez fue la primera gobernadora del país en ordenar el cierre de los negocios y que la gente se quedara en casa. Los expertos dicen que la rapidez de sus acciones ayudó a evitar una mayor crisis médica en la isla. Sin embargo, la pandemia ha hundido a Puerto Rico en su quinta emergencia atroz en tres años, una que el gobierno ha tenido problemas para gestionar.

Gracias en gran parte a la reconstrucción tras el paso de huracanes, la economía de Puerto Rico había estado acercándose a la recuperación después de la devastadora tormenta de 2017 y la bancarrota del gobierno de la isla ese mismo año. Un levantamiento cívico paralizó la isla el verano pasado y provocó la destitución del predecesor de Vásquez. Después, una serie de terremotos sacudieron la región sur de la isla en enero, por lo que los hogares y las edificaciones resultaron afectadas y miles de personas tuvieron que vivir en las calles, además de que se cerraron las escuelas en toda la isla.

Hasta la semana pasada, a pesar de la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acerca de que todos deben lavarse las manos con frecuencia durante la pandemia de coronavirus, la gobernadora anunció que, debido a la sequía severa, algunas zonas de la isla solo tendrían agua potable cada dos días durante el futuro inmediato. La isla ha registrado 8714 casos confirmados y probables del virus, además de 157 muertes.

Los expertos dicen que esta última crisis económica ha sido más difícil que la del huracán María. Por un lado, no ha llegado ayuda proveniente de todo el mundo como sucedió luego de los desastres naturales. Y con la COVID-19, que genera serios problemas en Florida y otras regiones de Estados Unidos, los puertorriqueños desempleados, que huyeron al territorio continental en masa después del huracán María, no tienen adónde recurrir.

Como resultado, en una isla que ya tenía la tasa de pobreza más alta de Estados Unidos, al menos 300.000 puertorriqueños —de una fuerza laboral civil de 1,05 millones de personas— han presentado solicitudes de desempleo relacionadas con la pandemia y muchos otros no son elegibles para recibir ayuda porque forman parte de la extensa economía informal de la isla. A mediados de junio, Puerto Rico tenía la tasa de desempleo asegurado más alta del país, con un 23 por ciento, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Miles de personas se quedaron esperando sus cheques mientras la escasa burocracia de Puerto Rico luchaba por mantenerse al día con la avalancha de reclamaciones. El video de un trabajador postal se volvió viral cuando mostró cheques de desempleo que estaban retenidos en una oficina de correos porque habían sido dirigidos a "Igual". Muchos solicitantes habían escrito sus direcciones en el formulario y, cuando se les pidió su dirección postal, escribieron "Igual que arriba".

En junio, la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de la isla, Briseida Torres, renunció a su cargo cuando la furia pública aumentaba por las largas filas y los retrasos en los pagos, incluyendo las demoras asociadas a la recepción de los cheques de estímulo federal. Desde entonces, las reclamaciones han empezado a pagarse, pero los trabajadores desempleados experimentan grandes preocupaciones.

"Perdí mi trabajo el 1 de junio", dijo Marelys Figueroa, de 27 años, quien era encargada de mercadotecnia y reclutamiento en una universidad. "Estaba trabajando desde casa y recibí un correo electrónico. Decía que quedaba desempleada, con efecto inmediato. Mis ingresos eran los más altos de mi hogar, y tengo un hijo de 4 años".

Recurrió a un banco de alimentos local en busca de ayuda, y prometió volver a la escuela y comenzar su propio negocio.

El banco de alimentos, llamado Comedores Sociales, dijo que recibió 8000 solicitudes de ayuda en los dos primeros meses de la pandemia. Paola Aponte Cotto, una empleada del banco, dijo que pasa 20 horas a la semana al teléfono, atendiendo solicitudes.

"Hemos recibido llamadas de personas llorando", dijo Aponte. "Las personas que llaman y que están más afectadas son las que perdieron sus trabajos".

El nuevo secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Carlos Rivera Santiago, reconoció que había demoras en la entrega de los cheques de desempleo a quienes los necesitaban, pero dijo que el gobierno creó más oficinas y mejoró los servicios en línea para resolver el atraso. Después de semanas de escenas caóticas como la que vivió Soto, el gobierno implementó un proceso más ordenado en el interior de sus oficinas, con asientos organizados según el distanciamiento social donde los cansados solicitantes esperan sus citas.

Más de 300.000 personas están recibiendo prestaciones, dijo Rivera Santiago, mientras que el total de reclamos en dos programas de asistencia disponibles ha llegado a 500.000.

Se espera que Puerto Rico reciba 13.000 millones de dólares en fondos federales relacionados con la COVID-19, según el Consejo de Administración y Supervisión Financiera, la agencia de Nueva York que ha gestionado las finanzas de Puerto Rico desde que dejó de pagar 72.000 millones de dólares de deuda. El consejo ha estimado que la economía de Puerto Rico se contraerá un cuatro por ciento.

En marzo, Vázquez anunció un paquete de estímulo de 787 millones de dólares, que incluía 160 millones en subvenciones para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. El gobierno también reservó algunas subvenciones federales especiales relacionadas con la COVID-19 para ayudar a sectores muy afectados, como los hospitales y el turismo. Unos 350 millones de dólares en fondos federales se destinaron al sector privado para ayudar a pagar a los empleados de las empresas que se vieron afectadas, según un informe del gobierno de Puerto Rico.

José Caraballo-Cueto, profesor asociado de la Universidad de Puerto Rico, dijo que el proceso de concesión de las ayudas era problemático, porque daba prioridad a cosas como el pago por riesgo para los trabajadores de primera línea, que todavía estaban empleados.

“Los reclamos fueron los más numerosos que hemos visto desde el comienzo del registro del desempleo en la década de 1980”, dijo Caraballo-Cueto. “Y el gobierno intentó procesar todos esos nuevos reclamos con el mismo número de empleados que siempre tuvo”.

Muchos puertorriqueños tienen trabajos informales no registrados que no los acreditan para recibir prestaciones por desempleo, lo que complica aún más la situación en la isla, dijo Amanda M. Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

Rivera afirma que, a pesar de las predicciones de los expertos, la tasa de pobreza no aumentó después del huracán María en 2017 porque muchas personas abandonaron la isla.

“Después del huracán hubo una válvula, un lugar al que la gente podía ir y donde las cosas eran normales”, dijo Rivera. “Ahora que la gente no tiene esa válvula, hay una gran preocupación”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company