Puerto Rico rechaza acuerdo; alega que recortaría pensiones

DÁNICA COTO
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SAN JUAN (AP) —

El gobernador de Puerto Rico anunció el martes que la junta de supervisión financiera llegó a un acuerdo que reduciría en un 80% la deuda de la isla, pero advirtió que su gobierno lo rechazará porque le exigiría recortar el sistema de pensiones.

El impasse entre el gobierno y la junta financiera amenaza con sumir en la incertidumbre los intentos de superar un proceso similar a una declaración de bancarrota para el gobierno de la isla, que hace seis años declaró impagable su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.

El acuerdo fue forjado con acreedores que poseen bonos de obligación general y de la autoridad de edificios públicos vendidos por el gobierno puertorriqueño y cancelaría 35.000 millones de dólares de deudas y otros reclamos, según la junta. También reduciría la deuda a esos acreedores de 18.800 millones de dólares a 7.400 millones —una reducción de 61%— y les daría 7.400 millones en bonos y 7.000 millones en efectivo, entre otras condiciones.

La junta informó que el acuerdo liberaría más de 300 millones de dólares al año para servicios públicos y que el monto en impuestos y tarifas que el gobierno puertorriqueño pagaría a acreedores se reducirá de 30 centavos a 8 centavos por dólar.

“Creo firmemente que este es el mejor resultado que podemos conseguir bajo la actual incertidumbre económica, no sólo para el pueblo puertorriqueño sino para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solidez financiera de Puerto Rico”, expresó el presidente de la junta David Skeel.

El gobernador Pedro Pierluisi, sin embargo, se declaró en desacuerdo.

En un comunicado, Pierluisi afirmó que si bien el acuerdo tiene muchos aspectos positivos su gobierno no lo endosará. El pacto aún deberá ser remitido a un tribunal el mes entrante y requiere aprobación final por parte de un juez federal que supervisa el proceso de insolvencia.

“El plan de ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados”, expresó Pierluisi. Añadió que finiquitar la reestructuración de parte de la deuda puertorriqueña es una prioridad para su gobierno, pero no a expensas de los pensionados: “Dejar atrás la quiebra del gobierno es un paso fundamental para la recuperación y para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, declaró que entiende las inquietudes del gobernador pero añadió que no desea conjeturar sobre lo que ocurrirá en el futuro ni sobre qué efectos tendrá la falta de apoyo de Pierluisi en los esfuerzos por reestructurar la deuda.

“Tengo la esperanza de que con el tiempo la gente entenderá que esta probablemente será la mejor solución para dejar atrás la bancarrota”, expresó Jaresko en conferencia de prensa. “Espero que podamos encontrar un consenso”.

Jaresko destacó que más del 70% de las pensiones no sufrirán recortes y que la mayoría de los policías y maestros están debajo del umbral de 1.500 dólares. Añadió que la junta creará un fondo de pensiones aparte, ya que pronostica déficits presupuestarios en los próximos años, y que esos fondos no podrán ser usados por el gobierno para saldar sus cuentas.

Puerto Rico acumuló la deuda durante décadas de mal gobierno, corrupción y préstamos excesivos contraídos para cerrar brechas en los presupuestos. En 2015, el gobierno de entonces declaró impagable la deuda y dos años después la isla declaró la mayor bancarrota municipal en la historia estadounidense.