Publicidad oficial en Nuevo León amaga a la prensa crítica, denuncian comunicadores

Redacción Animal Político
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“Hubo quejas de gente cercana a Jaime Rodríguez”, luego de “emitir una opinión personal sobre mi experiencia en la cobertura en su cierre de campaña”. Juan Teniente periodista regiomontano.

En junio de 2015, Teniente fue despedido de la estación Dominio Radio presuntamente a solicitud de Diana Adame, quien en ese entonces se desempañaba como vocera del futuro gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

“La gente de Jaime ha buscado callarme desde la campaña”… no les gustó que dijera “que no iba a ser un buen gobernador y en todo este tiempo lo he dicho y lo he sostenido”.

Juan Teniente después de eso batalló para conseguir un trabajo fijo. Luego de su primer despido, también fue desalojado de un periódico local que apenas comenzaba, y después de otra estación de radio.

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“Fue la época en que Jaime decía puras tonterías como lo de las niñas gordas, aquello o lo otro, y pues ahí el problema”.

Para Teniente, aunque la propia Diana Adame lo niega, su línea crítica hacia Jaime Rodríguez provocó su salida de la radio, pero también de otros medios que lo contrataban y donde según comentó el periodista, la propia Adame amagaba a los directivos con quitar la pauta de publicidad en caso de mantenerlo en la nómina.

“Si lo conozco. (Pero) No recuerdo que nos haya acusado de algo, de hecho algunas veces lo veo cubriendo la fuente. Desconozco en qué medio este”, aseguró Diana Adame, a quien se le pidió una entrevista sobre los señalamientos de Juan Teniente, pero por estar “enferma en cama” prefirió enviar su respuesta por escrito.

“Por parte del gobierno del estado nunca hemos pedido despedir a ningún reportero. No sería ético ni justo”, respondió de manera breve Adame.

Se intentó contactar con algún directivo de Dominio Radio para confirmar o negar las declaraciones citadas en este reportaje, pero no hubo respuesta de la empresa.

Teniente no es el único periodista en Nuevo León supuestamente despedido de su medio por órdenes de una autoridad o un político, con el amago de retirar la publicidad o por algún tipo de amistad con los dueños de los medios.

Para este reportaje se habló con al menos cinco periodistas y se supo de primera mano de por lo menos otra docena de casos donde los comunicadores dicen haber sido despedidos en el peor de los escenarios, pero también suspendidos o removidos de sus fuentes por órdenes de una autoridad, siempre con el amago de la pauta publicitaria o por amistad con los dueños de los medios donde se documentaron los casos.

Esto ocurre en todos los niveles del gobierno local, a nivel legislativo y ejecutivo. Y es algo que se ha dado en muchas administraciones. Condicionar la línea editorial o censurar a los periodistas por sus cuestionamientos es una agresión que de acuerdo con la ONU coarta la libertad de expresión no solo del periodista sino de toda la sociedad en su conjunto, pues se limita el derecho de ser informados libremente. Sin ningún tipo de presión.

Tan solo en 2019, la organización Artículo 19 registró diez agresiones contra la prensa en Nuevo León, ejecutadas por autoridades locales. La mayoría por una línea editorial crítica.

En estos casos, los políticos intimidaron y hostigaron a los periodistas, pero también bloquearon sus notas. Sobre todo cuando la información tocaba “temas de corrupción y política”, dijo Pedro Cárdenas, documentador de agresiones a periodistas para Artículo 19.

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En el caso del gobierno de Nuevo León, cuyo gobernador Jaime Rodríguez se comprometió al inicio de su gobierno a “disminuir en lo mínimo indispensable” el gasto de la publicidad en los medios, su administración etiquetó en la Ley de Egresos Estatal para este 2020 más de 219 millones de pesos en servicios de comunicación y medios, sin que exista un desglose de los medios que han sido destinarios finales de los millonarios recursos desde el 2018 a la fecha.

El tema de la publicidad oficial es algo que el gobernador, conocido como el “Bronco”, ha presumido como un logro, al grado que en 2018 como candidato a la presidencia de México aseguró que en su administración al frente de Nuevo León no se había gastado dinero en este renglón, lo que fue desmentido en su momento por Verificado 2018.

En el portal de transparencia del Gobierno de Nuevo León se reportaron gastos en difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2017, los primeros dos años de la administración de Rodríguez Calderón; desde entonces no se ha publicado información desglosada al respecto.

En el año 2017 se descubrió un sobreejercicio en temas de comunicación, además se detectó que el dinero etiquetado en este rubro en su mayoría se destinaba a las difusoras de radio.

En mayo de 2017, en el foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Bronco aseguró que el estado bajo su mandato se encontraba “muy bien…pero no lo vemos, ¿por qué razón?, porque los periódicos y las televisoras todos los días están jorobe, jorobe y jorobe, y saben cuál es la razón: que no les pagamos, que no les damos dinero”.

Verificado 2018 estableció que “entre septiembre de 2015 y mayo de 2017, la empresa a la que se ha destinado mayor cantidad de dinero (en la administración del Bronco) es Mercadotecnia de Emociones (que recibió ocho millones 972 mil 600 pesos), Ediciones del Norte S. A. de C.V. (dos millones 111 mil 298 pesos), Stereorey México (1 millón 459 mil 825 pesos) y Radio Televisora del Valle (599 mil 778)”.

Lo dicho por los periodistas entrevistados para este reportaje, sin embargo, muestra que en sus casos se ha amagado a los medios donde laboraban para condicionarlos editorialmente.

Al menos en la actual administración, los casos de despidos de periodistas incomodos documentados para este reportaje se han dado principalmente en dos de las radiodifusoras de mayor cobertura en la entidad.

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Hasta hace un año, Armando Galicia continuaba trabajando como reportero para un noticiero de una estación de radio, hasta que un diputado local utilizó su amistad con el director de la concesión, para pedir su salida del medio.

El periodista Armando Galicia contó que su despido se dio después de cuestionar al legislador, amigo del director de la estación donde trabajaba, sobre la sanción a Jaime Rodríguez luego de utilizar recursos públicos para recabar firmas para su campaña presidencial.

“No sé si fue el tema o la forma cómo pregunté lo que no le gustó, porque yo simplemente me avoqué a preguntarle la fecha…además porque Samuel (García) decía que llevaba un año en la congeladora esa sanción y ya la corte o tribunal lo había ordenado por segunda vez y no lo estaban acatando, entonces yo nunca vi el motivo para molestarse porque era un cuestionamiento normal”, dijo Galicia.

Otros casos de periodistas despidos injustificadamente en Nuevo León son los de Mario Palacios y Alma de la Rosa Flores; quienes también perdieron sus empleos, uno de ellos en un periódico con ediciones a nivel nacional y local, y la segunda en una televisora también con alcance nacional para el noticiero regiomontano. Ambos casos se registraron en administraciones pasadas.

Alma de la Rosa dijo que luego de trabajar en dicho canal televisivo por casi 13 años, fue despedida por un supuesto reajuste laboral días después de que el área de prensa del exgobernador Rodrigo Medina le dijera a la periodista que dejara de cuestionarlo tanto y que de no ser así pedirían un cambio de fuente.

“Si tu medio está amarrado publicitariamente con estos funcionarios es donde te limitan, fue el caso que se dio con la tele donde yo trabajaba, me decían: ya no le preguntes de estos temas al gobernador que nosotros tenemos convenios con tu medio”.

“Ahí te limitan a ti como periodista y a los medios de comunicación pues no hay una agenda libre para poder cuestionar al funcionario al que estás entrevistando, comentó.

Por su parte, Mario Palacios cuenta que en 1997 Raymundo Pérez Balcón, quien fuera jefe de prensa del entonces candidato a gobernador Natividad González Parás, pidió su destitución del entonces llamado Diario de Monterrey.

En años más recientes, con la llegada de Jaime Rodríguez a la gubernatura, Palacios relata que en uno de los medios donde laboró sus superiores le pidieron no hacer ningún comentario o crítica hacia el mandatario estatal.

“No porque el gobernador dijera algo sino porque sencillamente son los colaboradores más cercanos a él o la gente de comunicación y prensa los más sensibles o reacios a las críticas o a los comentarios”.

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El informe especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2018, menciona que la publicidad oficial, a diferencia de la publicidad convencional, “no debe tener como finalidad promover productos y servicios con un fin comercial, sino que su propósito es la concientización de la ciudadanía sobre temas de interés común”.

Señala que la colegiación obligatoria de periodistas, las llamadas leyes de privacidad, las leyes de “desacato”, la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, la utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda Pública, la concesión de prebendas arancelarias, así como la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial constituyen medios indirectos que limitan el pleno ejercicio del Derecho Humano de la Libertad de Expresión.

Desde 2008 la organización Open Society Justice planteó, en su informe “El precio del silencio”, como los gobiernos de América Latina estaban abusando de la publicidad oficial para generar censura.

En dicho documento se identificaron los siguientes patrones relativos al manejo de publicidad oficial, como el hecho de que ante la “ausencia de criterios claros, transparentes y razonables en la distribución de la publicidad oficial” esta sigue “siendo administrada con gran discrecionalidad por los funcionarios del gobierno”, donde hay casos que las asignaciones de dinero se dan “como medios de premio o castigo en función de la línea editorial”.

Para Paulina Castaño, investigadora de la organización Fundar, la cual se encarga de documentar y analizar los gastos en publicidad oficial de entes gubernamentales, acceder a los gastos públicos den este rubro por parte de las autoridades locales, llamase municipio o estado, es muy complicado.

Si a nivel estatal es muy difícil conocer esta información, a nivel municipal es todavía peor, no hay nada, es un vacío impresionante cuando te sientas a buscar información sobre publicidad oficial”, comentó Castaño.

Castaño, al narrar su experiencia en la petición de documentos de fiscalización de los gastos de publicidad oficial, señala que en el caso de los estados, muchas veces contestan con información distinta a la solicitada, y pocas veces comparten lo que se pide, mientras que en otros casos responden que simplemente no se cuenta con los datos, e incluso, que por temas de “seguridad nacional” no entregan la información.

En el último informe de la organización sobre los gastos de publicidad oficial en los estados, realizado en 2015, los estados de Nuevo León y Guerrero no presentaron la información solicitada.

Además, Paulina mencionó que durante años electorales se muestra una tendencia a la alza en los gastos de publicidad oficial por parte de los estados. Lo que le abre la puerta a utilizarlos para beneficio de las autoridades en turno y sus candidatos.

Para este reportaje se buscó tener una postura del gobernador Jaime Rodríguez para preguntarle sobre estos casos de censura documentados, atribuidos a su administración, sin que se tuviera una respuesta por parte del gobernador.

Esta historia es parte de la iniciativa Voces en Red misma que fue posible gracias al apoyo de USAID.

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