Prueba piloto en Avellaneda: el empleo público se esconde detrás de la reconversión de planes sociales en trabajo

Ya lo ha dicho el kirchnerismo de pura cepa: “No fue magia”. Lo mismo podría aplicarse a la intención de cambiar los planes sociales por trabajo en un país que no genera empleo privado desde hace prácticamente una década. Si no fue magia, no lo será tampoco.

Debajo de las declaraciones de unos y otros, el Gobierno se propone no sólo correr a las organizaciones sociales del manejo de los planes, sino que, además, intentará aumentar la planta de empleados públicos mediante contratos directos con las municipalidades.

Aquella intención velada tomó forma en un documento firmado entre el Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo Social y la Municipalidad de Avellaneda al que LA NACION tuvo acceso. Se trata de un acuerdo cuya primera cláusula habla por sí sola. “El presente convenio tiene por objeto convertir las prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarios ofrecidos por el Potencias Trabajo en incentivos para la contratación en el sector público de sus beneficiarias y beneficiarios”.

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Sin embargo, todo se explica aún más en la segunda cláusula. “La municipalidad se compromete a contratar personas titulares del Potenciar Trabajo bajo el régimen de empleo de la Provincia de Buenos Aires”, se escribió.

Nada es casual. Justamente, la municipalidad que se comprometió a contratar beneficiarios de los planes sociales es Avellaneda, el lugar donde reside un verdadero altar a Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, quien firma el convenio es Alejo Chornobroff, el intendente interino que ocupa el sillón mientras el poderoso Jorge Ferraresi ejerce el cargo de ministro de Desarrollo Urbano y Hábitat.

Pero nada de esto es una aventura de líderes kirchnerista. Ese convenio, firmado el 2 de mayo de 2022, está rubricado por dos de los alfiles del presidente Alberto Fernández en el gabinete: los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Es decir, la idea de convertir planes sociales en empleo público no es algo que surgió de la usina del Instituto Patria sino que está acompañado por las lides del Jefe de Estado.

Justamente, el lunes pasado, en un acto en la CTA, Cristina Kirchner habló sobre la intención de eliminar la intermediación de las organizaciones como el Movimiento Evita oficialista y la Unidad Piquetera opositora en el manejo de los planes sociales. “Para nosotros Avellaneda es una de nuestras casas”, dijo Cristina en la apertura de su mensaje. Estaba en su casa. Y ahí, en ese laboratorio kirchnerista que queda al otro lado del Riachuelo, ya estaba en marcha el plan piloto.

Después de ese impulso que la vicepresidenta le marcó al Gobierno, varios empezaron a moverse para complacer a la verdadera jefa del oficialismo. Según pudo saber LA NACION, la idea era firmar este tipo de convenios con las municipalidades afines. En uno de los dos ministerios que rubricaron el acuerdo piloto indicaron que se trata de los mismos que se negocian con empresas privadas o cámaras para que tomen beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo cuando necesiten ampliar sus nóminas. Se le recordó que es distinto que se contrate un trabajador de ese listado cuando el sector privado genere un puesto de trabajo que incluirlos como empleados públicos. “No tenemos nada más que agregar a su nota”, dijo una fuente del Ministerio de Desarrollo Social.

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El contrato piloto da algunos detalles más. Por ejemplo, en el artículo tercero, autoriza a las personas titulares del plan que sean contratadas por la municipalidad a mantener el cobro de la prestación dineraria a cargo de Desarrollo Social por 12 meses y que el organismo público podrá contabilizarle como parte de la remuneración total.

“La prestación dineraria a abonar por Desarrollo Social a las personas titulares del Potenciar Trabajo durante la contratación por parte de la Municipalidad constituye un subsidio al salario y no configura vinculo laboral entre Desarrollo Social o Trabajo y cada trabajador ni genera responsabilidad solidaria alguna respecto de las obligaciones que son propias de la Municipalidad en tanto empleadora”, dice el acuerdo.

La jugada de Cristina Kirchner quedó expuesta en este movimiento: convertir los 1,2 millones de planes Potenciar Trabajo en empleo público, mayoritariamente, municipal. Y si bien esa cifra es nacional, la gran mayoría de los beneficiarios se concentran en la provincia de Buenos Aires, el bastión electoral del kirchnerismo.

Según publicó Pedro Lacour en LA NACION, actualmente, los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza, del Movimiento Evita, desde la organización más numerosa de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuentan en sus filas con alrededor de 100.000 programas Potenciar Trabajo. Barrios de pie, otro de las asociaciones oficialistas, también tiene un número similar.

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Otra de las organizaciones que conforman la UTEP es la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de cuya estructura dependen cerca de 60.000 programas sociales. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el dirigente social Juan Grabois, reconoció ante LA NACION que cerca de 50.000 personas que forman parte de su organización “cobran un salario social complementario en el marco del programa Potenciar Trabajo”