Las provincias advertirán a la Corte que no podrán pagar sueldos

LA NACION

Las provincias se preparan para dar la pelea ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano, una disputa en la que se juega el reparto de $ 53.000 millones, el equivalente a medio punto del PBI.

En una nueva cumbre, los fiscales de Estado de 22 provincias evaluaron cómo contestarán a la Corte el planteo de Buenos Aires, que reclama la revisión del tope de $ 650 millones sobre el fondo.

Tras la reunión, en el Consejo Federal de Inversiones, los delegados provinciales advirtieron que la eventual eliminación del tope impediría a las provincias afrontar el pago de salarios. Por divergencias en la letra chica de los planteos, cada provincia hará su propia contestación.

Para los fiscales provinciales, la cumbre de ayer entregó otra muestra de fortaleza política, a la espera del fallo de la Corte. Unidos por el rechazo a resignar recursos, hubo representantes de provincias gobernadas por todos los signos políticos, incluso de Cambiemos: todas, con excepción de Buenos Aires y la Capital Federal.

Hace un año, la gobernadora María Eugenia Vidal promovió una demanda contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de la cláusula contenida en el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias, que establece el tope al Fondo del Conurbano.

La eliminación del tope, fijado en 1996, obligaría a las provincias a ceder entre $ 1500 millones y $ 7000 millones anuales cada una.

El fondo se financia con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. En el reparto de la torta, como la recaudación excede los $ 650 millones, cada provincia recibe una parte del excedente.

Además, Vidal reclamó retroactivamente los recursos que Buenos Aires no recibió entre 2011 y 2015, una demanda que ronda los $ 300.000 millones.

La Corte notificó a las provincias que los plazos para presentar la contestación están por vencer. Incluso, antes de la reunión, Salta, Catamarca, San Juan y La Pampa ya habían presentado sus descargos ante el alto tribunal.

Las estrategias

Durante casi dos horas los fiscales intercambiaron ideas sobre qué estrategia adoptarán. Según reconstruyó LA NACION, las respuestas que llevarán se agrupan en dos. Pero todas las provincias pondrán los números sobre la mesa del máximo tribunal, para intentar demostrar el "perjuicio" que causaría un fallo favorable a Buenos Aires.

"Es muy importante mostrarle a la Corte que cualquier cambio nos va a complicar presupuestariamente para pagar los sueldos, no se trata de plata para obras", aseguró a LA NACION uno de los fiscales.

Un grupo de provincias alega que el régimen de distribución de recursos actual es correcto -incluso el tope vigente de $ 650 millones- y exige que la discusión por cualquier cambio se dé en la vía parlamentaria. Con esta postura aparece, por ejemplo, Salta.

Otro grupo de distritos pide la discusión por la totalidad de las asignaciones específicas, al señalar que son inconstitucionales. Aparecen en este pelotón provincias como Entre Ríos.

Conscientes de que cualquier resolución de la Corte que dé lugar al planteo de Vidal las llevará a ceder recursos, en mayor o menor medida, las provincias piden que se discuta todo el sistema de coparticipación con el Congreso.

"El Fondo del Conurbano se modificó por una ley de asignación específica en el Congreso, que requiere un objeto determinado, mayorías especiales y un plazo determinado. Entendemos que el plazo de vigencia se agotó, si no se convierte en eterno y modifica el régimen de coparticipación, que es lo que pasa ahora", dijo a LA NACION Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro de Fiscales.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer que si la decisión de la Corte afecta las cuentas provinciales "lo vamos a solucionar en una mesa, dialogando, y reuniéndonos las veces que haga falta".

Rodríguez Signes aseguró que "si la Corte hiciera lugar en todas las pretensiones a Buenos Aires, significaría que las provincias dejaríamos de pagar los sueldos, al menos, un mes al año y generaría un conflicto social".