Protestan por negativa a despenalizar aborto en Guerrero

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CHILPANCINGO, Gro., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Feministas y defensoras y defensores de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual consideraron un retroceso que el Congreso de Guerrero haya rechazado la despenalización el aborto por violación y el matrimonio igualitario.

Este jueves, afuera del Congreso local, un grupo de feministas protestó en rechazo al dictamen que aprobó el pasado martes la Comisión de Justicia, con el que desechó reformar el artículo 159 de Código Civil. Ese artículo establece que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas y quieran abortar deben presentar una denuncia ante el Ministerio Público y será el MP el que autorice la interrupción del embarazo.

La activista Ema Cerón denunció que, en cambio, la Comisión de Justicia aumentó los obstáculos para que la mujeres accedan a la interrupción del embarazo, pues además de mantener la condicionante de presentar denuncia ante el MP, la propuesta agrega sanciones para las mujeres que no cumplan con ese requisito.

Cerón alertó que, en Guerrero, muy pocas mujeres víctimas de violación denuncian a los violadores, sobre todo en zonas rurales como la Sierra y la Montaña. Dijo que la reforma sólo expone a la mujeres y niñas ante su violador, las lleva a la clandestinidad, las revictimiza y trunca sus proyectos de vida.

Por su parte, la médica Cristina Romero, del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (Obvio), consideró que la reforma plantea un retroceso para los derechos de las mujeres y niñas.

"Es regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado", advirtió.

Indicó que el dictamen de la Comisión de Justicia criminaliza al personal médico que decida realizar la interrupción del embarazo.

Por separado, el colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero afirmó que el rechazo del Congreso local a los matrimonios igualitarios es un atentado contra el Estado laico y los derechos humanos.

"Los tiempos actuales nos convocan a hacer valer los Derechos Humanos, Civiles y Políticos de cualquier persona, cual sea su orientación sexual, identidad y expresión de género. La disertación de la Unión Civil entre dos hombres o dos mujeres tendría que ser bajo el marco jurídico y no por conservadurismo e ideologías religiosas, que haciendo valer su libertad de credo: violentan, sobajan y excluyen a otros y otras, porque no caben esos conceptos ambivalentes que pregonan: 'normal' y 'natural'".