Una protesta que va más allá de los récords de precios y liquidación de divisas

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Protesta del campo en San Nicolás
Rodrigo Néspolo

Puede parecer una contradicción que desde el sector que este semestre le dio a la economía argentina un récord de liquidación de divisas por exportaciones por más de US$16.600 millones se haga una protesta como la de hoy, en San Nicolás. Sin embargo, hay varias razones para explicar ese malestar.

La primera es que ya se conocen las consecuencias de aplicar un cepo a las exportaciones de carne. Tras la prohibición que ordenó Néstor Kirchner en 2006 en pocos años se liquidaron unos 12 millones de cabezas de ganado, se cerró un centenar de plantas frigoríficas y se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo en la industria de la carne.

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Esos números se tradujeron en el achicamiento de una actividad, como la ganadera, que se desarrolla en todo el territorio nacional. Como ocurre con la agricultura, no solo se afectan los ingresos de los productores sino que se resienten el comercio y los servicios de los pueblos del interior. Según un informe de CREA, más del 70% del gasto y la inversión de la actividad agropecuaria vuelve al lugar donde se originó.

Pero hay otras razones. Teo Zorraquín, consultor y asesor de empresas agropecuarias, explica que hay una “enorme crisis de expectativas y las expectativas exceden los negocios”.

Para el especialista, “se metieron con la libertad de las personas, con la dignidad individual y la educación de los hijos, dibujando un escenario de privilegio hacia determinados políticos y amigos del Gobierno; el enojo excede lo económico”.

El cepo a las exportaciones de carne “tiene un componente de expresar ‘no me importa nada lo que vos hacés, aunque sea contrario a los intereses económicos de largo plazo del país voy a beneficiar a mi público electoral’. Acá se mezcla la ideología con la ignorancia y el tema electoral”, explica.

No obstante, Zorraquín cree que “la Argentina tiene una salida fundamental, que es exportar para generar divisas”. Este camino es el que le propuso hace más de un año el Consejo Agroindustrial Argentino, en el que participan más de 60 entidades y cámaras de la actividad, incluida la Mesa de Enlace. Este agrupamiento llevó en mano a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner una propuesta para elaborar un proyecto de ley que otorgue estabilidad fiscal y financiera al agro para pasar de exportar US$60.000 millones a US$100.000 millones al año con la creación de 700.000 puestos de trabajo en todo el país. Todo, sin descuidar el mercado interno.

Pese a que hubo contactos con funcionarios de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura para avanzar en una norma, y que el propio presidente Fernández la elogió en su discurso frente a la Asamblea Legislativa en marzo pasado, la iniciativa duerme el sueño de los justos.

Y mientras el Gobierno congela esa propuesta, en el campo crece la preocupación por expresiones de Alberto Fernández que cuestionaron el derecho de propiedad privada, por la inacción de las autoridades frente a la inseguridad rural, por el recorte al uso de los biocombustibles y la estatización en el dragado y balizamiento de la hidrovía. Para el ruralismo, se configura un escenario en el que el oficialismo se está recortando, cada vez más, en su núcleo duro más ideologizado.

Sin embargo, en el campo esperan que el Gobierno recapacite y dialogue en serio. En la salida de la pandemia se vislumbra un mundo en el que la demanda de alimentos seguirá expandiéndose. La Argentina, como exportador neto, creen en el sector, puede aprovechar esa oportunidad.

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