“Promovieron el espionaje ilegal”: Alberto Fernández informó que la Justicia Federal investiga una denuncia que ordenó a la AFI contra el gobierno de Mauricio Macri

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El presidente encabezó la ceremonia de egreso de subtenientes y guardiamarinas de las FFAA
Télam/Presidencia

El presidente Alberto Fernández informó hoy a través de un hilo de Twitter que la Justicia Federal investiga una denuncia que ordenó hacer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “para que se investiguen las acciones” del gobierno de Mauricio Macri que “promovieron el espionaje ilegal” y “persecusiones contra sindicalistas y opositores”.

La investigación pedida por el Presidente se da tras la denuncia de la conductora de la AFI, Cristina Caamaño contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, entre ellas, la de Juan Pablo Medina, jefe de la seccional platense de la Uocra.

La declaración completa

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores.

A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos.

Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros.

¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?

Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible.

Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos.

He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.

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