Profesores republicanos: advierten que las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa están "amenazadas"

El caso de Daniel Santoro, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, despertó la inquietud de Profesores Republicanos
Fuente: Archivo

La agrupación Profesores Republicanos advirtió que las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa están "nuevamente amenazadas en el país" y consideró que esa situación "atenta contra la estabilidad del Estado constitucional y democrático" de la Argentina.

"Debemos aferrarnos a la vigencia plena de la Constitución Nacional, única herramienta que nos permitirá luchar contra los graves problemas políticos, éticos, culturales, económicos y sociales que nos afectan", expresaron los firmantes en su proclama.

Productores amenazan con una veintena de cortes de ruta si no se desaloja al grupo de Juan Grabois

Profesores Republicanos está integrado por Antonio M. Hernández, Santiago Kovadloff, Beltrán Gambier, Miguel Wiñazki, Norma Sbarbati Nudelman, Jorge Ossona y Daniel Sabsay, entre otros.

Respecto de la libertad de expresión, el texto sostiene: "Desde los albores de la nación, hubo una clara conciencia de su notable importancia para la configuración de la nueva República. Así lo sostuvo Mariano Moreno, nuestro primer periodista: 'Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila'. Ya la Constitución Nacional de 1853 las consagró en los artículos 1.º, sobre el sistema republicano y 14, sobre la publicación de las ideas sin censura previa. Luego, en la Reforma de 1860, se agregó el artículo 32, que prohíbe el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa. Y, finalmente, en virtud de la Reforma de 1994, artículo 43, se reconoció como nueva garantía el secreto de las fuentes de información periodística, además de otras establecidas en tratados internacionales de derechos humanos, a los que se les otorgó rango constitucional por el artículo 75, inc. 22".

Señala, además, que "estas libertades son consustanciales a la dignidad humana y a una sociedad abierta" y que "no puede desconocerse que están contenidas en las leyes supremas de todas las naciones democráticas, y especialmente en la nuestra".

En ese sentido, consideran "graves y ostensibles violaciones constitucionales" los avances judiciales sobre el secreto de las fuentes de información periodística ("en un nuevo intento de criminalizar la actividad", en relación al procesamiento de Daniel Santoro).

La proclama cita el histórico fallo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos Hugo Black sobre el caso de los papeles del Pentágono (1971): "La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. El poder del gobierno para censurar la prensa fue abolido para que la prensa pudiera permanecer para siempre libre de censurar al gobierno. La prensa fue protegida al punto de poder acceder a los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones puede efectivamente exponer el mal funcionamiento del gobierno".

Nodio

Los firmantes respaldan las declaraciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Academia Nacional de Periodismo respecto del caso Santoro, así como también sobre "la peligrosidad, inconveniencia e inoportunidad de la creación del proyecto Nodio, destinado a vigilar la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa".

Dos ilusiones contra la crisis de confianza

"Con estupor observamos cómo se gastan fondos públicos en esta agenda contraria a las libertades y valores constitucionales, mientras se reduce el número de funcionarios y empleados necesarios para cumplir con las obligaciones de la Oficina Anticorrupción", añaden.

También ponen el foco en las "agresiones físicas, escraches y persecuciones a periodistas en varias provincias, como Chaco, Formosa, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego" y advierten: "No puede haber persecución penal contra periodistas por la difusión de información de interés público. No se puede criminalizar la tarea periodística ni se la puede censurar, y menos aún se la puede afectar por medios indirectos que provoquen el miedo o la autocensura".

Además de los antes mencionados, firman la proclama Guillermo Mizraji, Horacio Roitman, Alfredo Vítolo, Marta Nercellas, Oscar Garzón Funes, Alicia Vicente, Gerardo Vega, Alejandro Borda, Liuba Lencova, Horacio Bermúdez, Jorge Cohen, Ada Franzoni-Moldavsky, Juan Odriozola, Graciela Róvere, Martín Bourel, Lidia Garrido Cordobera, Eduardo Barreira Delfino, Ernesto Bullorsky, Roberto Malkassian, Alejandro Argento, Ana María Gentile, Marcelo Camerini, David Halperín, Diego Bunge, Alicia Giacchero, Emilio Perina, Enrique Bour, Luciana Minassian, Eduardo Schmidberg, Darío Luna, Ramiro Salvochea, Horacio Luchía Puig, Sergio Suárez, Omar Berstein y Carlos Guaia.