Un profesor de derecho que denigra la Constitución y la “ley abuelo”, o la “ley Cafiero”

Diego Cabot
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Alberto Fernández, al anunciar las nuevas restricciones para el área metropolitana
Alberto Fernández, al anunciar las nuevas restricciones para el área metropolitana

El 14 de abril de 2021 bien podría ser llamado el día nacional de la descoordinación oficialista. Claro que, cuando asome la norma que le dé legalidad al anuncio de ayer, podría ser el día nacional del desprecio constitucional.

El profesor de derecho aún no publicó ningún decreto, pero lo cierto es que, de los dichos de ayer, pareciera que la pirámide de normas que rige una república, y que tiene como vértice la Constitución Nacional, fue puesta en una licuadora y triturada en minutos. Ahí la primera descoordinación: anuncios sin normativa que lo encuadre. Pero claro, eso sería nada si se toman en cuenta las palabras de los ministros que, pocas horas antes, dijeron blanco para que, pocos minutos después, el Presidente diga que es negro. Del blanco guardapolvo al negro azabache en una tarde.

Mucho más allá de la falta de sustento científico que pueda tener o no el cierre de los colegios, hay deficiencias legales muy fuertes en los borbotones regulatorios. El primero es el desconocimiento respecto de status constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El régimen jurídico dentro de la General Paz es un híbrido en la Argentina, ya que hay funciones que nunca le fueron delegadas, por caso, el transporte o la justicia ordinaria. Sin embargo, no hay ninguna duda que la educación ha sido delegada, como sucede en cada una de las provincias. El Presidente dispuso ayer que todas tomen sus decisiones autónomas, excepto Buenos Aires y CABA. ¿El motivo de semejante diferencia? Se parece más a ideología que legalidad.

Sin norma nueva, por estas horas está vigente el decreto 235/21, firmado por Fernández la semana pasada. En el artículo 19 dice: “Los gobernadores y las gobernadoras de provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas, podrán disponer la ampliación del horario establecido en el artículo precedente, siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de 10 horas ”, dice. El artículo precedente se refería a las prohibiciones de no circular.

El ministro más importante, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, podría hacer memoria de asados familiares donde seguramente alguna vez se habló de la Ley Cafiero, ahora la “ley abuelo”. Antonio fue el autor de una regulación de 1995, mediante la que se limitó la autonomía de la Ciudad. La educación quedó delegada. Bien se podría imaginar que los temas sobre el sector público debieron haber estado presente en esas reuniones del clan político, al menos en estas tres ultimas generaciones. Irremediablemente lo público siempre fue un tema de agenda en esas tertulias.

No hay dudas en los constitucionalistas sobre que la Ciudad es una unidad federativa, al igual que una provincia. Es más, hay quienes, como el especialista Felix Lonigro, que sostienen que Horacio Rodríguez Larreta no necesita ir a la Justicia para mantener la presencialidad en las clases: “Con un decreto común podría hacerlo, y en el conflicto que podría plantearse entre ese eventual decreto y el DNU nacional, prevalece el primero porque se trata de una potestad local de cada unidad federativa, como lo es la CABA”.

Otro de los temas en los que Fernández prefirió ni mirar la Constitución tiene que ver con la intervención de hecho de la Ciudad que se da con la movilización de tropas federales, y puntalmente de las Fuerzas Armadas en las calles porteñas. Quizá alguien le podría acercar la ley de Seguridad Interior, tan cara al discurso de la intelectualidad kirchnerista. Hay dos artículos que son determinantes.

El 23 establece en qué supuestos se podría utilizar este remedio. Es claro, más para un profesor de derecho. Dice el artículo 23: “El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos: a) cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada; b) cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal; y c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil”.

Pero este marco lo completa el que le sigue, el 24: “Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación”.

No pareciera que esta es la situación que se da en la Ciudad de Buenos Aires. O, en su caso, si el Presidente toma esta decisión de intervención federal de hecho para proteger a los ciudadanos porteños con información concreta, pues debería compartirla para que se conozca la motivación de un remedio extremo en plena democracia.

“Todo esto ataca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pareciera que tiene más que ver con contentar la voluntad del gobierno bonaerense. Pero lo cierto es que no se pueden movilizar fuerzas federales sin que se den los supuestos de la ley de Seguridad Interior. Además, el artículo 24 requiere que el gobernador lo requiera al Ministro del Interior, salvo que haya una intervención federal. El Presidente olvidó la Constitución Nacional y podría decidir una intervención federal de hecho”, dijo el constitucionalista Diego Armesto.

Seguramente en algún aula cercana a la de Fernández, en la Facultad de Derecho se enseña el artículo 6 de la Carta Magna: “El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.” La gran mayoría de los alumnos que caminan despreocupados por los pasillos de la casa de estudio le diría al profesor que no se dan esos supuestos por estos lares.

Por ahora, no hay decreto que atacar ante la Corte. Por eso Rodríguez Larreta habló del pedido de reunión. Sin norma, las clases aún no están suspendidas; cuando se publique, la cosa cambia y recién ahí se podrá argumentar si es constitucional o no. Ayer, cuando habló desde Olivos, el Presidente despreció la Constitución Nacional.