Procuración: desautorizado por sus propios invitados, el kirchnerismo avanza igual con la reforma del Ministerio Público Fiscal

Gustavo Ybarra
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Decidido a modificar la ley para poder desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, y al fiscal Carlos Stornelli, como pretende Cristina Kirchner, al mismo tiempo que relajar la mayoría agravada de dos tercios para designar un nuevo procurador general, el oficialismo aguarda las conclusiones que en las próximas horas emitirá la denominada "Comisión Beraldi" para reimpulsar la discusión de los cambios en el Ministerio Público Fiscal.

Así lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Oscar Parrilli (Neuquén), al concluir la tercera y última ronda de abogados, especialistas y fiscales invitados a exponer sobre los cambios que se le podrían introducir a la ley orgánica que rige los destinos de la Procuración General de la Nación.

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"Vamos a esperar el día miércoles, que va a estar la opinión del consejo asesor" creado por el presidente Alberto Fernández para proponer cambios en el servicio de justicia, dijo Parrilli. "En la próxima reunión podemos empezar a trabajar en la elaboración de un proyecto de dictamen", agregó.

El senador oficialista blanqueó así el apuro del kirchnerismo por impulsar cambios en la normativa vigente antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el próximo 30.

Si para esa fecha el proyecto no llega al recinto, para lo cual debería tener dictamen una semana antes, ya no dependerá de la voluntad de Cristina Kirchner avanzar con las modificaciones antes de fin de año.

En ese caso, el kirchnerismo necesitará que el Poder Ejecutivo habilite el debate del tema en sesiones extraordinarias o esperar hasta el 1° de marzo próximo.

Críticas al proyecto

Ayer pasaron siete invitados, la mayoría de los cuales cuestionaron la posibilidad de flexibilizar la mayoría agravada de dos tercios que exige la ley para designar al jefe de los fiscales y la eliminación del sistema de juicio político para la remoción del funcionario.

Además, se escucharon severas críticas al proyecto presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), aliado del kirchnerismo, sobre todo por su pretensión de dar mayor poder de intervención a los estamentos políticos en la conformación del jury de enjuiciamiento de los fiscales.

Hasta la fiscal Mónica Cuñarro, invitada por el oficialismo, calificó de "inconstitucionales" varios artículos del texto presentado la semana pasada por el senador Weretilneck. "Veo un avance del Poder Legislativo en el proyecto de Weretilneck que realmente es inconstitucional", sentenció la fiscal.

Cuñarro también cuestionó la idea del oficialismo de darle mayor poder a la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal. "Control sí, cogobierno no", sentenció la fiscal.

La pretensión kirchnerista de relajar la mayoría agravada para designar al jefe de los fiscales también fue rechazada de plano por el exprocurador Nicolás Becerra, quien se manifestó de manera clara a favor de garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal de los otros poderes del Estado.

"Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios que me confirió el Senado no hubiera podido firmar el dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida", afirmó Becerra, mencionando un caso muy caro a la retórica kirchnerista.

La opinión de Gargarella

Aunque sin aludirla de manera explícita, el constitucionalista Roberto Gargarella también cuestionó la constitucionalidad de la propuesta de Weretilneck. "Algunos de los proyectos, a la luz de la Constitución, resultan inconcebibles", sentenció, antes de pedir a los legisladores que "nos ahorren la batalla constitucional" que implicaría aprobar una norma de ese calibre.

En medio de tantas voces críticas, la única favorable al oficialismo fue la del abogado Guido Risso, quien calificó de "inconstitucional" que el Congreso haya dispuesto la designación con mayoría de dos tercios del procurador.

"La mayoría de dos tercios es inconstitucional porque todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en la Constitución", sentenció Risso.

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De esa forma concluyó la ronda de expositores y, ahora, el oficialismo espera el momento para presentar el dictamen. La jefatura de los fiscales aparece en el centro de las preocupaciones de Cristina Kirchner.