Procesan empresario argentino por hechos dictadura

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BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El procesamiento del empresario argentino Carlos Blaquier por su supuesta implicación en 29 secuestros en la norteña provincia de Jujuy muestra la responsabilidad de civiles en la represión ilegal perpetrada por la dictadura militar de 1976 a 1983, dijo el viernes el fiscal que investiga esos hechos.

El juez de Jujuy Fernando Poviña dictó el jueves por la noche el procesamiento de Blaquier, presidente de la azucarera Ledesma -- considerada una de las más importantes de Latinoamérica-- en dos causas en las que el empresario está acusado de ser partícipe primario de la privación ilegal de la libertad de 29 personas. En tanto, el ex administrador de esa empresa, Alberto Lemos, está imputado de ser partícipe secundario.

El fiscal Pablo Pelazzo dijo el viernes a la televisión pública que el procesamiento de ambos implica "que se confirman los elementos presentados en la causa" en cuanto a "declaraciones testimoniales de sobrevivientes, familiares de las víctimas y documentación que acredita las relaciones de la empresa Ledesma con autoridades provinciales y nacionales de la dictadura".

El magistrado también dictó un embargo de 11 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) contra el empresario, de 85 años, miembro de varias asociaciones históricas, científicas y empresarias.

Blaquier quedó en libertad aunque se le prohibió salir del país. Cuando declaró en agosto, el empresario negó su colaboración o la de su empresa con la dictadura.

Sin embargo, Pelazzo consideró "muy importante que se haya evaluado que existen pruebas fuertes en relación" a la comisión de esos delitos.

Los secuestros de los que está acusado Blaquier ocurrieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en los pueblos jujeños de Calilegua, Libertador San Martín y El Talar, cuando fueron detenidas alrededor de 400 personas de las cuales más de una treintena permanecen desaparecidas.

Blaquier y Lemos también fueron señalados por aparentemente haber puesto a disposición de grupos de militares y policiales vehículos de la empresa en los cuales habrían sido trasladados sindicalistas y disidentes políticos a distintos centros de detención.

"La cooperación (del empresario) tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma", señaló la resolución del magistrado.

En la dictadura desaparecieron unas 13.000 personas, según cifras oficiales, aunque organismos de derechos humanos señalan que fueron unas 30.000.

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