¿Prisión o exilio? Represión sistemática en Cuba tras el 11J ha desatado éxodo, dice HRW

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Ramón Espinosa/AP

Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Cuba en respuesta a las manifestaciones de julio del año pasado ha alimentado el éxodo más grande de cubanos hacia Estados Unidos y otros países en varias décadas, concluye un informe de Human Rights Watch publicado en el aniversario de las históricas protestas.

El reporte documenta una amplia gama de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, incluidas detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin apego al debido proceso y torturas.

La represión del gobierno y la ausencia de soluciones a los reclamos de los cubanos de a pie, sobre todo al acceso a alimentos y medicina, ha generado “una crisis de derechos humanos” que aumentó drásticamente el número de personas que abandonan el país, indica el documento.

Entre octubre del año pasado y mayo de este año, más de 140.000 cubanos fueron detenidos en las fronteras estadounidenses, una cifra que supera a los 125.000 cubanos que partieron del puerto de Mariel, cerca de La Habana, entre abril y octubre de 1980, también huyendo del deterioro de las condiciones económicas y la falta de libertades bajo Fidel Castro.

Más de 3,000 cubanos han intentado llegar a las costas estadounidenses desde octubre, según cifras de la guardia costera.

“Hoy hace un año miles de cubanos protestaron exigiendo derechos y libertades, pero el gobierno les dio a muchos de ellos solo dos opciones: prisión o exilio”, dijo Juan Pappier, investigador senior para las Américas en Human Rights Watch. “Los gobiernos en América Latina y Europa deben intensificar urgentemente su escrutinio de los derechos humanos en Cuba y priorizar la concertación de una respuesta multilateral antes de que esta crisis de derechos humanos empeore aún más”.

El informe expande los resultados de una investigación publicada en octubre del año pasado y está basado en entrevistas con 170 personas—incluidos manifestantes, familiares y abogados en Cuba— y documentos legales obtenidos por HRW. El equipo redactor también verificó fotos y videos de las protestas.

HRW alega que varios de los abusos cometidos contra los manifestantes detenidos constituyen tortura y la organización utilizó a expertos independientes para evaluar estos casos. Según el reporte, esos abusos violan varios tratados internacionales de los que Cuba es firmante.

Entre los casos destacados en el reporte se encuentra la detención del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, 50, y su hijo de 17, ambos arrestados el 11 de julio por protestar pacíficamente en Palma Soriano, una ciudad en la provincia de Santiago de Cuba, al este del país.

Según el testimonio de un familiar de ambos, agentes de la policía golpearon a Rosales Fajardo y le arrancaron un diente y varios empastes. Cuando su hijo preguntó a los agentes por su paradero, también lo detuvieron.

El hijo estuvo detenido una semana en una celda en una escuela convertida en improvisada prisión. A él, “le dieron comida podrida y poca o nada de agua. Los agentes lo despertaron repetidamente a él y a otros detenidos durante la noche, los golpearon y los empujaron escaleras abajo, con las manos atadas. Los despojaron de sus ropas y los obligaron a agacharse desnudos frente a otros en varias ocasiones,” señala el informe.

Rosales Fajardo también estuvo detenido unos días en esa escuela. Cuando estaba siendo trasladado a la prisión de la seguridad del estado en Santiago de Cuba, la policía lo golpeó y perdió el conocimiento; cuando despertó, los agentes lo estaban orinando, dijo el familiar citado en el informe.

Tras intensos interrogatorios, Rosales Fajardo y otros manifestantes fueron enviados el 6 de agosto a una prisión de máxima seguridad en Boniato, en las afueras de la ciudad. Según el familiar, los presos comunes insultaron y golpearon a los manifestantes y obligaron a algunos a practicarles sexo oral.

La familia de Rosales Fajardo pudo visitarlo por primera vez el 16 de octubre. Su familiar dice que él “no puede dejar de llorar.”

Tras un juicio a puerta cerrada en diciembre, Rosales Fajardo fue condenado por “desorden público”, “desacato” y “agresión” a siete años de prisión.

Puede leer el informe completo aquí.

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