El presupuesto nacional proyectado contempla apenas $25 por año para proteger una hectárea de bosque nativo

Natalia Louzau
·4  min de lectura

La desfinanciación de la ley de bosques es sistemática en la Argentina. Desde su implementación en 2009, progresivamente recibió menos fondos de los establecidos, y este año no sería la excepción. El proyecto de presupuesto nacional 2021 estipula un monto de $1212 millones para proteger los bosques nativos, es decir apenas el 4,8% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley. La Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosque nativo, por lo tanto este monto equivale a destinar $25 anuales a la protección de cada hectárea.

La efectiva implementación de la ley de bosques es una herramienta clave en la mitigación del cambio climático ya que los bosques nativos ayudan en el proceso de regulación hídrica del suelo, cumplen un rol central en la conservación de la biodiversidad, contribuyen a la conservación del suelo y de calidad del agua y forman parte del proceso de fijación de carbono.

El Impenetrable: Por primera vez en el mundo, se juntó a un yaguareté silvestre con otro de cautiverio

Se trata de una de las leyes más importante de protección ambiental de la Argentina Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

La Argentina perdió 2,7 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 10 años a causa de los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola, el sobrepastoreo y la sobreexplotación de sus recursos. Una de cada tres hectáreas fue deforestada en zonas prohibidas por la ley.

En su artículo 31, la ley de bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) debe ser integrado por partidas presupuestarias que no pueden ser menores al 0,3% del presupuesto nacional. Según cálculos de la Fundación Vida Silvestre, para 2021 ese 0,3% debiera ser de $25.184 millones de pesos, una cifra 20 veces mayor a los $1212 millones estipulados en el proyecto que se comenzará a debatir hoy en la Cámara de Diputados.

"El desfinanciamiento sistemático genera un cuello de botella porque de eso dependen muchas otras cosas de la implementación de la ley. Eso hace que se dependa de financiación externa para trabajar cuestiones relativas a bosques y que no se advierta la importancia de contar con recursos genuinos de nuestro país para la conservación, el uso sostenible y restauración de los bosques nativos", explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Y agrega: "Eso se relaciona con otro cuello de botella al que responden muchas deficiencias de la implementación de la ley también que es la falta de compromiso político. Se trata de una de las leyes más importante de protección ambiental de la Argentina, que establece un piso mínimo de protección y política nacional que todas las provincias tienen que acatar. Es una inversión, no un gasto".

Incendios en Córdoba. Campaña para ayudar a los monos carayá amenazados

Consultados por LA NACION desde la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aseguraron: "La ley de bosques cumple un rol muy importante en la conservación de los bosques nativos de todo el país y, en particular, se constituye como una ley emblemática en el cuidado del ambiente. Sin embargo, algunas de las herramientas que se constituyeron para cumplir sus objetivos no están siendo del todo eficientes".

A su vez, coincidieron en que el monto asignado por el presupuesto no es suficiente para la conservación de más las más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, que constituyen casi el 20% de la superficie continental del país.

Cabe resaltar que la sanción de la ley de bosques representó un avance en materia ambiental sin precedente para la Argentina. Según Di Pangracio: "Con la ley se logró frenar el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. La ley de bosques prevé todas las herramientas para asegurar una implementación efectiva de la norma. Lo que está fallando son las distintas responsabilidades a lo largo del Estado en efectivamente implementarlas. Esto se relaciona con la falta de financiamiento y de compromiso político".

Con la colaboración de Florencia Rodríguez Altube