Debido a las presiones, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se ve obligado a combatir la deforestación

RÍO DE JANEIRO — Hace un año, cuando los incendios devastaron la Amazonía, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reaccionó con indignación ante las críticas del extranjero.

“La Amazonía es nuestra”, dijo mientras argumentaba que su país decidiría el destino de la selva tropical.

Muchas cosas han cambiado en el último año.

Debido a la presión de los gobiernos europeos, los inversionistas extranjeros y las empresas brasileñas que se preocupan por la reputación del país, Bolsonaro decidió combatir los incendios forestales durante los cuatro meses de la estación seca y ha establecido una operación militar contra la deforestación.

Esa nueva postura representa un cambio notable por parte de un gobierno que ha sido objeto de críticas generalizadas, a nivel mundial, por sus políticas ambientales.

Los ambientalistas, expertos y funcionarios extranjeros que presionaron a Brasil en materia de conservación son escépticos sobre el compromiso del gobierno, muchos temen que estas acciones representen poco más que un control de daños mientras la economía del país está en serios problemas.

Durante mucho tiempo, Bolsonaro y muchos de sus aliados políticos han favorecido la apertura de la Amazonía a los mineros, agricultores y madereros, además, su gobierno ha trabajado abiertamente para socavar los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La deforestación se ha disparado bajo su mandato.

Pero a medida que aumentan los costos políticos y comerciales de las políticas que priorizan la explotación sobre la conservación, algunos activistas ven la oportunidad de desacelerar, o incluso revertir, esa tendencia al promover el apoyo del sector privado hacia políticas más ecológicas.

“En el escenario mundial, Brasil se está convirtiendo en un paria ambiental porque se está destruyendo una reputación positiva que tardó décadas en construirse”, dijo Suely Araújo, veterana experta en política ambiental que fue despedida como directora de la principal agencia de protección ambiental del país, poco después de que Bolsonaro asumiera el cargo.

El empeoramiento de la reputación medioambiental de Brasil también ha puesto en peligro dos importantes objetivos de su política exterior: la implementación de un acuerdo comercial con la Unión Europea y su ambición de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un grupo de 37 países. Ambos acuerdos requieren que Brasil cumpla con estándares básicos en materia de políticas laborales y ambientales.

Una señal sorprendente del posible daño económico a los intereses de Brasil se produjo a fines de junio, cuando más de dos docenas de instituciones financieras que, en conjunto, controlan unos 3700 millones de dólares en activos advirtieron al gobierno brasileño en una carta que los inversionistas se alejaban de los países que aceleran la degradación de los ecosistemas.

El mensaje se ha percibido claramente en Brasil. La semana pasada, los tres bancos más grandes del país anunciaron un esfuerzo conjunto para impulsar y financiar proyectos de desarrollo sostenible en la Amazonía.

Y un grupo de exministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de Brasil sostuvieron en una declaración conjunta, en julio, que la mejor manera de impulsar la economía es invertir en tecnologías más ecológicas, finalizar los subsidios al combustible y reducir drásticamente la tasa de deforestación.

Pero la señal más clara del cambio sobre ese tema radica en el destino de Ricardo Salles, el ministro de medioambiente de Bolsonaro, quien lucha por su supervivencia política en medio de las críticas por la creciente deforestación de Brasil.

Salles, quien se ha convertido en el rostro de los esfuerzos del gobierno de Bolsonaro para debilitar las protecciones ambientales, fue expulsado de su partido en mayo debido a su liderazgo en el ministerio. También se enfrenta a una denuncia legal presentada por los fiscales federales que buscan su destitución, argumentando que las decisiones de Salles durante su gestión equivalen al incumplimiento de sus funciones.

A menudo, los líderes brasileños se han enfadado por las campañas dirigidas por extranjeros para salvar la selva tropical. Muchos consideran que esas iniciativas son una forma encubierta de obstaculizar el potencial económico de esa gran nación, que lidera diversos campos como la exportación de alimentos y otros productos básicos.

En julio de 2019, Bolsonaro dijo durante una mesa redonda con periodistas internacionales que la tasa de deforestación en la Amazonía solo debería preocuparle a Brasil.

“La Amazonía es nuestra”, exclamó.

Durante los primeros seis meses de este año, los madereros arrasaron con aproximadamente 306.654 hectáreas de la Amazonía, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Esa zona, que es un poco más pequeña que el estado de Rhode Island, es un 25 por ciento más grande que la cobertura forestal perdida durante el mismo período en 2019.

Los expertos ambientales dicen que la operación militar para frenar la deforestación, que incluye a más de 3600 soldados y agentes de seguridad, en el mejor de los casos reducirá la deforestación y las tendencias de incendios durante este año. Para revertirlos fundamentalmente dicen que el gobierno tendría que hacer cambios radicales para reforzar el nivel de personal, las herramientas y el respaldo político de las agencias de protección ambiental.

La asociación de agentes gubernamentales de protección ambiental y fiscales federales dice que Salles es responsable, en gran medida, del aumento de la deforestación durante el gobierno de Bolsonaro.

En declaraciones recientes, han afirmado que durante su gestión los especialistas en la materia han perdido herramientas y autonomía. A principios de este año, los agentes policiales de las principales agencias ambientales fueron degradados o despedidos después de emprender operaciones contra invasores de tierras que provocaron una reacción política negativa.

En mayo, las críticas contra Salles llegaron a su punto máximo por la divulgación de un video de una reunión de gabinete durante la cual él dijo que la pandemia de coronavirus había creado una distracción oportuna para poder avanzar en la desregulación ambiental sin atraer mucha atención de la prensa.

En una denuncia de 126 páginas presentada a principios de julio, los fiscales federales acusaron a Salles de gastar fondos de manera ineficiente, tomar represalias contra agentes de seguridad efectivos y emitir la menor cantidad de multas por delitos ambientales en 20 años, a pesar de que aumentó la invasión de tierras protegidas.

“La destrucción del sistema de protección ambiental de Brasil fue el resultado de los actos, las omisiones y las declaraciones del acusado”, escribieron los fiscales federales en su denuncia, que busca evitar que Salles siga ocupando un cargo público.

Salles, quien no respondió a nuestra solicitud de entrevista, calificó las acusaciones de infundadas y acusó a los fiscales de entrometerse en políticas del poder ejecutivo.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company