El presidente de Guatemala sanciona polémica reforma para fiscalizar a las ONG

Agencia EFE

Guatemala, 27 feb (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, avaló este jueves una polémica reforma de ley que permite la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el país, además de la anulación de cualquier entidad por decisión gubernamental.

Acompañado de todos sus ministros, Giammattei anunció la sanción de las reformas de ley, aprobadas por el Congreso de Guatemala el pasado 11 de febrero, por lo que próximamente será publicada en el diario oficial para entrar en vigor "en el menor tiempo posible".

Las reformas a la normativa, denominada "Ley de Organizaciones No Gubernamentales", han sido objetadas por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley el pasado 15 de febrero mediante sus redes sociales.

Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que "juegan un papel clave" en la construcción de las diversas democracias.

Kozak, quien se reunión con Giammattei a principios de febrero, señaló además que urgía a Guatemala a revisar "su legislación" de manera que se adoptaran "las mejores prácticas internacionales".

Una opinión parecida manifestó ayer el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó a Giammattei a vetar la ley, de modo que la "sociedad civil pueda operar sin miedo" a castigos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido sus reservas con respecto a la nueva normativa.

"La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada", detalló la oficina de la ONU en Guatemala.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley, que introduce "requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales" que "en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar" su labor.

"¿Por lo que opinen afuera me tienen que temblar las patas a mí? ¿Entonces qué clase de presidente sería?", se preguntó Giammattei durante la conferencia de prensa, al ser consultado por las opiniones en el extranjero.

"Este es un país soberano, y esperaría que los países aliados respeten nuestras decisiones", añadió el presidente guatemalteco.

Giammattei explicó que un embajador (sin mencionar su nombre) lo llamó para solicitarle que vetara la reforma de ley, pero el mandatario le aseguró que todos los países, incluido el suyo, cuentan con una regulación para las organizaciones no gubernamentales.

El gobernante, investido el pasado 14 de enero, exhibió también una presentación en la que asegura que El Salvador, República Dominicana y Panamá cuentan con normativas similares y que la nueva reforma permitirá acabar con organizaciones corruptas.

El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

ASESORADO POR ABOGADOS PROPIOS

Giammattei dijo que fue asesorado por tres abogados constitucionalistas para analizar si había irregularidades en la reforma de ley, pero dijo que la consulta fue "a título personal" y no quiso dar por el momento los nombres de los juristas pues, según sus propias palabras, no contaba con su autorización.

El gobernante guatemalteco también detalló que respetará cualquier decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, en caso de que revoque la reforma o algún punto de su contenido ante diversos recursos legales que han sido promovidos por organizaciones sociales para suspender la normativa.

Las reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período legislativo, ordenan el "control" de las organizaciones no gubernamentales en el país y su "fiscalización" aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.

"Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público", establece la reforma de ley. "Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada", reza la normativa.

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