El presidente cubano deplora la Ley Helms-Burton 25 años después de su aprobación

Agencia EFE
·2  min de lectura

La Habana, 12 mar (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de "engendro ilegal" la Ley Helms-Burton, que codifica el embargo impuesto por Estados Unidos sobre la isla en 1962 y de cuya sanción por el entonces líder estadounidense Bill Clinton se cumple este viernes un cuarto de siglo.

"Hoy se cumplen 25 años de una infamia: la firma por un Presidente de los Estados Unidos de la Ley Helms Burton, un engendro ilegal, que pretende devolvernos a la colonia y a la esclavitud. Una involución en la historia", escribió Díaz-Canel en Twitter.

Las pérdidas anuales estimadas que el embargo de Estados Unidos causa a Cuba superaron por primera vez los 5.000 millones de dólares entre 2019 y 2020, según el informe que el Gobierno del país caribeño elabora cada año para su presentación ante Naciones Unidas.

A precios corrientes, los "daños acumulados" en las casi seis décadas de embargo suman 144.413 millones de dólares, de acuerdo a ese documento.

La Helms Burton, fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996 con el fin de consolidar en forma de legislación y definir el alcance extraterritorial del embargo financiero vigente desde 1962 y decidido por la Administración de John F. Kennedy.

El entonces presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) firmó la llamada "Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996", o "Ley Libertad", bautizada como Helms-Burton por los nombres de sus impulsores, los senadores Jesse Helms, del Partido Republicano, y el demócrata Dan Burton.

La normativa tiene cuatro títulos que endurecen el cerco económico sobre la isla, vetan en gran medida las relaciones comerciales con Cuba y definen la política estadounidense para lograr un cambio de sistema en la isla, controlada desde 1959 por el Partido Comunista.

La ley Helms-Burton volvió a ocupar portadas en 2019, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump reactivó sus títulos III y IV, abriendo la puerta a que ciudadanos estadounidenses pudieran demandar en tribunales de EE.UU. a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o sus familias y fueron confiscadas después de 1959.

Esos títulos habían permanecido suspendidos desde la aprobación de la ley en 1996.

(c) Agencia EFE