El presidente Biden reconoce el caos de Haití en Naciones Unidas, pero se queda corto | Editorial

La comprensiva mención del presidente Joe Biden a la crisis de Haití en la Asamblea General de Naciones Unidas el miércoles fue inesperada, y bienvenida. Pero la pregunta que se hacen los haitianos y los que aman a Haití después de ver con dolor el descenso del país a la anarquía es: “¿Y ahora qué?”.

Biden cumplió con su deber, hasta cierto punto: “Seguimos apoyando a nuestro vecino Haití mientras enfrenta la violencia de las pandillas avivada por la política y a una enorme crisis humanitaria”, dijo. “Y pedimos al mundo que haga lo mismo”.

Pero el mundo, representado en esa amplia sala de la ONU llena de líderes, probablemente hizo lo que ha estado haciendo durante años bajo el peso de la llamada “fatiga de Haití”: se cruzó de brazos como si dijera: “Tú primero, Estados Unidos. Haití es un desastre”.

Y tienen razón, hasta cierto punto.

El reconocimiento público de Biden de los males de Haití es un escupitajo al viento. La nación caribeña y sus casi 12 millones de habitantes necesitan una acción real, y la necesitan ahora. Y le guste o no al gobierno de Biden, Estados Unidos tiene que ensuciarse las manos, no solo emitir una sugerencia mundial de “ir a ayudar a Haití”.

No es ningún secreto en los círculos diplomáticos de Puerto Príncipe que Estados Unidos reacciona con fuerza cuando otros se atreven a sugerir medidas en Haití que no le gustan o que no apoya. Pero al hacerlo esta vez, no ha presentado alternativas realistas.

Desde hace meses, los haitianos que buscan el cambio acusan a Estados Unidos de sobrepasar sus límites, poniendo siempre el dedo en la balanza para decidir a los ganadores y los perdedores en sus asuntos internos, apoyando a menudo a quienes no tienen en cuenta los intereses de Haití. Estos mismos acusadores también quieren que Estados Unidos les ayude a ponerse al frente del futuro de su país.

Las opciones de Estados Unidos

Mientras tanto, supongamos que la administración interviene en Haití enviando soldados al lugar. Sería acusada de imperialismo estadounidense y posiblemente provocaría la indignación en su país por involucrarse en los problemas de otra nación.

Pero supongamos que Estados Unidos no hace nada o continúa con su mantra de que el pueblo de Haití debe resolver sus propios problemas mientras espera que la comunidad internacional responda a su último llamado. ¿Cuál será el resultado en esta inestable nación situada a menos de 900 millas de la Florida, cuyo pueblo está siendo estrangulado por las pandillas violentas, los asombrosos costos de los alimentos y el combustible, y la corrupción endémica?

El presidente dominicano Luis Abinader, cuyo país es el vecino más cercano de Haití, dijo a los líderes regionales la semana pasada que lo que se está desarrollando en Haití “pudiera definirse como una guerra civil de baja intensidad”.

Los haitianos prefieren el término “la somalización” de su nación. Para ellos, describe mejor su inmersión en un escenario al estilo de Somalia, donde poderosas pandillas criminales bloquean las carreteras, interrumpen el suministro de combustible y avivan el caos. Al mismo tiempo, la gente pasa hambre, el gobierno se desmorona y reinan la corrupción y la impunidad.

El plan de Estados Unidos y Canadá para ayudar a reforzar a la asediada Policía Nacional de Haití, compuesta por 12,000 miembros, con el fin de imponer la ley y el orden, no va lo suficientemente lejos ni profundo. En el último año, muchos agentes abandonaron el país, como tantos otros haitianos que temen ser asesinados o secuestrados. Otros no pueden dormir en casa por miedo a que pandillas fuertemente armadas recorran las calles de sus barrios y simpaticen con los que protestan. Aunque están decididos a hacer su trabajo, a menudo deben hacerlo sin chalecos antibalas, armas fiables o incluso balas.

El viernes, en Naciones Unidas, Canadá y Estados Unidos tenían pautado ser coanfitriones de un evento de donantes de alto nivel para recaudar fondos para la Policía Nacional de Haití. Ambas naciones insisten en que la fuerza es la solución a los problemas de inseguridad y de pandillas del país, informó la corresponsal del Miami Herald en el Caribe, Jacqueline Charles. ¿Pero es realmente suficiente?

Hasta ahora, los diplomáticos extranjeros, desde Puerto Príncipe hasta Washington y otros lugares, parecían estar perdidos. Abinader ha pedido el regreso de una fuerza pacificadora de Naciones Unidas a Haití para frenar el caos. La semana pasada, pidió una acción audaz.

“La crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana”, dijo Abinader.

Y es que lo que ocurre en Haití, sin duda, también salpica a su país adyacente. Y lo que ocurre en Haití repercute en Miami, donde los miembros de la diáspora tienen miedo de visitar su tierra natal por temor a ser secuestrados por una pandilla o asesinados en las calles.

Más de un año después del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, los haitianos no ven una salida y están perdiendo la esperanza de que vengan días mejores.

Estancamiento, violencia y crisis económica

Haití está siendo aplastado bajo un persistente estancamiento político, la violencia de las pandillas y el empeoramiento de la economía, y todo ello aviva la revuelta popular. Pero a esa revuelta también contribuyen los que tienen dinero y se oponen a los recientes esfuerzos de reforma del débil gobierno interino para acabar con el lucrativo mercado negro de combustible; los evasores de impuestos en los puertos marítimos del país; y el envío ilegal de armas y municiones que acaban en manos de bandas criminales.

A principios de esta semana, un destacado asesor de Biden reconoció que intereses económicos están financiando las recientes protestas violentas. En contra de las medidas represivas, están avivando el fuego de las frustraciones reales. Aunque el gobierno de Biden está prestando atención, con razón, a Haití —mientras, al mismo tiempo, devuelve cruelmente a los migrantes haitianos a ese caldero de inestabilidad y violencia—, nosotros también queremos saber: ¿Qué es lo que sigue?

¿Seguirá impulsando medidas de austeridad y anticorrupción en Haití sin ayudar a acallar a los alborotadores? ¿O dejará que Haití, un país en el que los tribunales no funcionan —y en el que ni siquiera pueden resolver un asesinato presidencial—, aporte su propia fuerza?

El gobierno estadounidense tiene el poder de marcar la diferencia, o al menos dar a los haitianos un respiro para reagruparse.

Estados Unidos tiene opciones: Puede presionar para enviar soldados al lugar, como han pedido Abinader y otros (no lo recomendamos); puede ayudar a Haití a adoptar medidas contra la corrupción realizando arrestos y emitiendo sanciones, o puede hacer más para obligar a los haitianos a sentarse a la mesa para encontrar sus propias soluciones.

Pero lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados y ver a los haitianos sufrir mientras su país arde. La administración de Biden tiene que ensuciarse las manos, y rápido.

Una fuerza policial reforzada puede ayudar, pero no es una solución a los desafíos profundamente arraigados de Haití. Estados Unidos no puede conformarse con la ley y el orden, cuando el objetivo debe ser la estabilidad y el progreso de Haití.