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El presidente argentino pide que "nunca más" haya persecuciones judiciales

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un video difundido este martes en su cuenta en Twitter, pidió que "nunca más" haya persecuciones judiciales en Argentina, en medio del debate en el país por un posible proyecto de ley del oficialismo que busca limitar la prisión preventiva en determinados supuestos.

"En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo, mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal le permitiría soportar esos juicios en libertad", dijo Fernández, quien desde su discurso de investidura ha criticado las prácticas también conocidas como "lawfare".

FERNÁNDEZ CREE QUE EL "LAWFARE" SE INSTALÓ EN ARGENTINA EN LA ETAPA DE MACRI

La vicepresidenta argentina y expresidenta entre 2007 y 2015, Cristina Fernández, es una de las políticas que asegura ser víctima de una persecución judicial y en el pasado se ha decretado prisión preventiva contra ella por causas de supuesta corrupción, penas que nunca llegaron a cumplirse por los fueros de senadora que entonces poseía.

Por esos mismos casos y otros, hay personas que en la actualidad cumplen penas de prisión preventiva en Argentina.

"En los últimos años el 'lawfare' se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos", escribió el presidente en Twitter, en acompañamiento al video.

En ese vídeo se dice que "durante la anterior gestión del Gobierno nacional, Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos", mientras las imágenes muestran al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en banco y negro.

Al explicar el funcionamiento de la persecución judicial que aseguran que existe en la región, se muestran imágenes de personajes de la política latinoamericana como el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.

CITAN UN INFORME DE UN RELATOR DE LA ONU

Entre las prácticas que el Gobierno relata en el vídeo que considera que se han producido, citan al relator especial de la ONU sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego González Sayán, quien informó que existe "un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial en Argentina".

El Ejecutivo insistió en que ha habido designaciones designaciones por decreto en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia, espionaje ilegal y extorsión contra empresarios y dirigentes opositores, interferencia de los servicios de inteligencia en la Justicia Federal, abuso de la figura del arrepentido para extorsionar y obtención de falsos testimonios.

EL GOBIERNO CONSIDERA QUE RECONSTRUYE EL ESTADO DE DERECHO

El Gobierno, mediante el vídeo, indicó que desde que asumieron el poder está "reconstruyendo el Estado de Derecho con plena vigencia de todas las garantías para los ciudadanos" y "construyendo una nueva Justicia independiente del poder político".

La semana pasada, Fernández puntualizó, después de constatar posiciones encontradas sobre el tema dentro del oficialismo, que en Argentina no hay presos políticos, sino "detenciones arbitrarias".

"¿Qué parte no entienden? El preso político técnicamente es el preso que está a disposición del poder político, sin causa. Yo no tengo ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", declaró Fernández a radio Continental de Buenos Aires.

UN PROYECTO PARA REVERTIR LOS CASOS DE SUPUESTO "LAWFARE"

El proyecto restringe los dictámenes de prisión preventiva por varios motivos, entre los que generó gran revuelo la cobertura mediática, de la que afirma que en algunas causas constituyó "auténticos linchamientos públicos" con el objetivo de "obtener resultados políticos".

Propone que se anule la prisión preventiva cuando exista "publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".

(c) Agencia EFE