'La presidenta Sheinbaum debe poner atención en los desplazados', dice defensora de los DDHH

Uno de los retos de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum será atender la gravísima crisis de seguridad en varios estados donde la delincuencia controla regiones enteras. En Guerrero, en el suroeste del país, Teodomira Rosales, defensora de los derechos humanos alerta sobre la situación de cientos de familias obligadas a huir de sus casas, amenazadas por los cárteles que se disputan el territorio y los recursos naturales. Ésta es su historia.

Viajó desde las montañas mexicanas del estado de Guerrero, hasta París, invitada por el gobierno francés que reconoció su labor de defensora de los derechos humanos en el marco de la iniciativa Marianne: Teodomira Rosales, directora del Centro José María Morelos de Chilapa asesora a las familias desplazadas por la violencia en el suroeste de México. La magnitud del fenómeno no se conoce con precisión, pero la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa Derechos Humanos (CMPDH) estima que 386.000 personas fueron forzadas al éxodo interno en México a causa de la delincuencia, según cifras de 2022.

En el estado mexicano de Guerrero, los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado han llevado a las autoridades a cerrar las escuelas durante varios meses este año y en este mes de septiembre, algunos padres de familia aún no se atreven a mandar de nuevo a sus hijas e hijos a clases en presencial.

En 2023-2024, las disputas por el control del territorio, de la tierra y del trasiego de drogas ha obligado a los niños de varios municipios a atender las clases de manera virtual como en Coyuca de Benítez o Chichihualco por ejemplo. En este estado, donde salir a las calles puede ser mortal debido a los tiroteos, se suman las desapariciones y los desplazamientos.


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