La presidenta de Honduras prometió empoderar a las mujeres. ¿Tendrá éxito?

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La ceremonia de investidura de Castro. (Erin Schaff/The New York Times)
La ceremonia de investidura de Castro. (Erin Schaff/The New York Times)

Xiomara Castro, la primera mujer al frente del país, se esfuerza por impulsar su programa feminista 14 años después de que un golpe acabó con la presidencia de su marido, que perseguía causas similares.

Llegó al poder con la promesa de flexibilizar una de las restricciones más estrictas del mundo sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, tras varios meses de mandato, la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene dificultades para cumplir sus promesas, ya que los intentos de empoderar a las mujeres reavivan las amargas divisiones ideológicas del país.

En noviembre, Castro, de 62 años, se convirtió en la primera candidata de izquierda del país en ganar las elecciones, con la promesa de igualdad social luego de más de un siglo de gobierno conservador y militar casi ininterrumpido. Construyó una amplia coalición de intelectuales urbanos, pequeños empresarios, campesinos sin tierra, grupos indígenas y negros, personas LGBTQ y mujeres que la impulsaron a una victoria aplastante contra el adversario del partido en el poder.

En su plan de gobierno, Castro dijo que promovería la educación sexual, combatiría la violencia de género, incorporaría más mujeres a la economía, legalizaría el aborto en circunstancias limitadas y anularía la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia.

“La agenda política de mujeres y feministas será mi prioridad”, dijo en agosto, durante su campaña.

Estos lemas tienen un inmenso simbolismo en una sociedad dominada por los hombres que tiene el mayor índice de asesinatos de mujeres y niñas de América Latina, y donde una de cada cuatro mujeres queda embarazada antes de cumplir los 19 años, según Naciones Unidas.

Ahora, un escándalo de abusos sexuales pone a prueba las promesas de Castro de llevar a cabo un cambio social duradero para las mujeres.

La presidenta Xiomara Castro durante su ceremonia de toma de mando en enero en Tegucigalpa, Honduras. (Erin Schaff/The New York Times)
La presidenta Xiomara Castro durante su ceremonia de toma de mando en enero en Tegucigalpa, Honduras. (Erin Schaff/The New York Times)

En marzo, las estudiantes de la prestigiosa Universidad de Zamorano, cerca de Tegucigalpa, la capital, protestaron por las acusaciones de que un estudiante universitario violó a dos compañeras. La policía detuvo brevemente al hombre, pero lo dejó en libertad y cerró el caso después de que las dos mujeres se negaron a declarar.

Si bien el caso legal y las protestas se desvanecieron rápidamente, desencadenaron un debate más amplio en Honduras sobre el acceso a la anticoncepción de emergencia, así como del papel de la religión en la política, lo que expuso las grietas en la frágil coalición de gobierno de Castro.

Las organizaciones feministas y sus partidarios políticos han pedido a Castro que cumpla su promesa de legalizar la anticoncepción de emergencia. Muchas activistas hondureñas que apoyaron la candidatura de Castro se han unido desde entonces a su gobierno, aumentando la presión interna para que actúe.

“Es momento de que aprueben la PAE”, escribió el 21 de marzo en Twitter Jorge Cálix, un destacado legislador del partido de Castro, tras la protesta de las alumnas de la Zamorano, utilizando la abreviatura comúnmente utilizada en Honduras para la píldora anticonceptiva de emergencia.

Honduras es actualmente el único país del mundo que tiene una prohibición legal generalizada de las píldoras anticonceptivas de emergencia, según el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia, un grupo de investigación de políticas. También se encuentra entre los cinco países latinoamericanos que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia.

Aunque están prohibidas, las píldoras anticonceptivas de emergencia se venden abiertamente en algunas farmacias de Tegucigalpa por unos diez dólares la dosis. Pero según los defensores de los derechos de la mujer, quienes viven en las zonas pobres y rurales carecen de acceso a estas.

Los activistas de derechos humanos dicen que la flexibilización de la prohibición de la anticoncepción de emergencia ha sido retrasada por el partido socialmente conservador de la coalición de Castro, lo que pone de manifiesto el reto de la presidenta para mantener la unión de las diversas alianzas que la llevaron al poder.

Hasta ahora, Castro ha delegado en gran medida la cuestión de la anticoncepción de emergencia en José Manuel Matheu, secretario de Salud y miembro de Salvador de Honduras, un partido aliado de centro-derecha. Matheu, que es médico, ha dicho que la legalización de la píldora no es su prioridad, y el mes pasado añadió que consultaría a la Iglesia católica sobre el tema.

Las principales congregaciones cristianas de Honduras se oponen al uso de la anticoncepción de emergencia, con el argumento de que la píldora puede interrumpir un embarazo establecido.

Para apoyar su caso, citan la etiqueta de Plan B One-Step, el anticonceptivo de emergencia más conocido en Estados Unidos, que dice que existe la posibilidad de que impida que un óvulo fecundado se implante en el útero.

Sin embargo, las pruebas científicas no respaldan la idea de que las píldoras anticonceptivas de emergencia puedan impedir la implantación de un óvulo fecundado. En su lugar, como indica el prospecto de Plan B One-Step, las píldoras actúan principalmente impidiendo la ovulación, es decir, la liberación de un óvulo antes de que pueda ser fecundado por el esperma.

La oficina de Castro, Matheu y el portavoz de la Iglesia católica hondureña, el reverendo Juan Ángel López, no respondieron o declinaron hacer comentarios para este artículo.

Los grupos pro derechos han cuestionado la decisión de Matheu de consultar a la Iglesia, y señalaron que, según la Constitución, Honduras es un estado laico.

Sin embargo, ignorar las preocupaciones religiosas sobre la anticoncepción no haría más que avivar las tensiones sociales en un momento en que Castro se enfrenta a los intereses conservadores en otras áreas de la economía y la sociedad, dijo Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos de Honduras, que ayudó a redactar la agenda progresista del gobierno.

Nueve de cada diez hondureños se consideran católicos o cristianos evangélicos.

El gobierno “no está en las condiciones de abrir otro frente con un enemigo tan poderoso como la Iglesia”, dijo Roque, y añadió que legalizar la píldora ahora sería “meramente echarle más leña a la hoguera”.

Esta actitud de cautela refleja en parte el impacto duradero del golpe militar que hace 14 años depuso al presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, y truncó el anterior intento de redistribuir el poder en Honduras.

Como presidente, Zelaya frustró un intento anterior del Congreso del país, dominado por los conservadores, de prohibir la anticoncepción de emergencia, al vetar la propuesta. Un mes después, en junio de 2008, el ejército lo detuvo en su residencia e instaló un gobierno provisional conservador que procedió a poner en marcha la prohibición.

Castro se esfuerza ahora por equilibrar la presión a favor de mayores derechos reproductivos por parte de la sociedad civil y de las organizaciones feministas frente al “gran poder adquirido por la iglesia después del golpe”, señaló Joaquín Mejía, abogado hondureño especializado en derechos humanos.

“No creo que ella puede seguir ignorando estas presiones por mucho tiempo más”, agregó.

La controversia sobre la anticoncepción de emergencia se produce en un momento en que Argentina, Colombia y México ampliaron el acceso al aborto en los últimos meses, lo que estimuló a los activistas del aborto en toda América Latina y endureció la oposición en los países que siguen prohibiéndolo.

Los grupos antiaborto de Honduras afirman que la legalización de la anticoncepción de emergencia abriría un camino hacia la legalización del aborto clínico en el futuro.

“No todo lo que se legaliza en países desarrollados es digno de ser imitado”, dijo Michelle Zacapa, presidenta del Pro Vida, el mayor grupo antiaborto de Honduras. “El hondureño ama la vida y se opone a todas estas ideologías que están imponiendo a nosotros”.

Su organización no proporcionó ninguna encuesta de opinión que respalde sus posiciones, pero dijo que el abuso sexual debe combatirse con castigos más duros para los perpetradores, no con anticoncepción de emergencia.

Las encuestas de opinión encargadas periódicamente por el Centro de Derechos de la Mujer, que apoya la anticoncepción de emergencia y el aborto, muestran que una ligera mayoría de los hondureños en zonas urbanas apoya la anticoncepción de emergencia, así como el aborto en los casos en que un embarazo pone en peligro la salud de la mujer.

Activistas feministas y asesoras de Castro dijeron que la presidenta sigue comprometida con los derechos de las mujeres, pero reconocen que tiene que andar con cuidado para no provocar a las fuerzas conservadoras que derrocaron a su esposo.

El avance del gobierno en materia de derechos de la mujer será gradual, dijo Roque, la secretaria de Derechos Humanos. El primer paso que estudia el gobierno será la legalización de la anticoncepción de emergencia para las víctimas de abusos sexuales y la ampliación de la educación sexual, antes de hacerla más accesible en una fecha posterior no especificada, dijo.

Desde que asumió el poder, Castro ha enfrentado dificultades en otros ámbitos. Ha tenido problemas para reactivar una economía que fue devastada por la pandemia y los recientes huracanes y que ahora se ve perjudicada por el aumento del precio de los alimentos y el combustible. En enero, Castro a duras penas detuvo una rebelión dentro de su partido, y en las últimas semanas su gobierno procedió a la extradición a Estados Unidos de su predecesor, Juan Orlando Hernández, para que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico, una medida que amenaza con crear tensiones entre ella y segmentos de las fuerzas de seguridad del país.

A pesar de los contratiempos, algunos de las partidarias feministas de Castro siguen confiando en ella. Tres personas que se reunieron con la presidenta el 8 de marzo dijeron que parecía comprometida con el avance de su política de género, pero que la reticencia de los sectores más conservadores de su coalición y de la burocracia la frenaba.

“Ella es muy consciente de toda la violencia sexual que sufren las mujeres”, dijo Jinna Rosales, una investigadora de salud sexual. “Dijo que en un país con la primera mujer presidenta de su historia, los derechos sexuales y reproductivos no pueden seguir siendo pisoteados”.

Anatoly Kurmanaev reportó desde Ciudad de México y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.

Anatoly Kurmanaev es un corresponsal radicado en Ciudad de México, desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev

Anatoly Kurmanaev reportó desde Ciudad de México y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.

© 2022 The New York Times Company

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