Presentan iniciativa para revocación de mandato en BCS

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LA PAZ, BCS., junio 10 (EL UNIVERSAL).- La fracción panista del Congreso de Baja California Sur propuso que se reforme la Constitución Política local para integrar la figura de revocación del mandato.

El diputado Armando Martínez Vega (PAN) presentó la iniciativa y subrayó que el grupo parlamentario está de acuerdo en la figura jurídica –dijo– "aunque no con las reformas realizadas en el Congreso de la Unión, pues consideró que "no fueron realizadas de forma que en realidad cumplan con lo que significa la revocación".

"Sin embargo, como integrantes de este Poder Legislativo y como mexicanos nuestro deber es cumplir con nuestras leyes", expuso.

Añadió que la reforma federal ordena a las entidades a realizar la armonización correspondiente dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor del decreto, por lo que enfatizó que se debió legislar en el estado desde el año pasado, a más tardar el 20 de junio de 2021.

Por ello, la propuesta de armonización en materia de revocación de mandato contempla reformas y adiciones al artículo 28 constitucional para incluir dentro de los derechos ciudadanos el de participar en los procesos de revocación de mandato así como las bases y el procedimiento a llevar, estableciendo que la revocación será convocada por el Instituto Estatal Electoral a petición de por lo menos el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de electores.

También se establece que será este órgano local quien se encargue de la organización, desarrollo y cómputo de la votación, la cual se deberá realizar de forma libre, directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en una fecha que no coincida con las jornadas electorales locales o federales.

En la iniciativa de reforma se precisa que el Tribunal Estatal Electoral será el órgano responsable de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos en materia de revocación del mandato.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

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