La Corte envió el caso por las clases presenciales a la Procuración y rechazó citar a la Provincia

Hernán Cappiello
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La Corte Suprema vería recortada sus funciones si se crea el nuevo tribunal
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La Corte Suprema de Justicia rechazó citar a la provincia de Buenos Aires como tercero interesado en la demanda por las clases presenciales, y envió el caso a la Procuración General de la Nación para que opine sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta contra el decreto de Alberto Fernández que suspende las clases presenciales.

La Corte le dio un plazo de 72 horas a la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, para que opine si debe suspenderse o declararse inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia, como planteó la Ciudad, al considerarlo violatorio de la autonomía porteña.

En la Procuración recibieron la notificación y trabajarán para tener el dictamen lo antes posible. Puede ser el día de mañana, dada la complejidad de los asuntos a resolver. Está trabajando en el asunto la procuradora ante la Corte, Laura Monti, como lo hizo cuando dictaminó en favor de la competencia originaria del máximo tribunal.

Asimismo, la Corte dio traslado a la ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de la documentación que presentó el Estado nacional en su contestación de la demanda de Rodríguez Larreta.

Y determinó que no se admite en el juicio a la provincia de Buenos Aires, como lo reclamó la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini. La Corte entendió que no se justifica “una comunidad de controversia que habilite la intervención prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y por eso desestimó la “citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada”.

Corren los plazos para que las partes contesten y la Corte, cuando obtenga las respuestas, estaría en condiciones de decidir.

El gobierno nacional contestó anoche la demanda que había presentado Horacio Rodríguez Larreta, donde pidió además la suspensión de un artículo del decreto presidencial que suspende las clases.

Conflicto con la Ciudad: el Gobierno presentó ante la Corte los argumentos para suspender la presencialidad de clases

La Ciudad cuestionó la constitucionalidad del decreto presidencial, argumentando que ataca la autonomía de la ciudad de la Buenos Aires, al tomar decisiones sobre la educación, un asunto reservado en la Constitución Nacional a la jurisdicción local.

El gobierno nacional rechazó estos argumentos y fundó su reclamo en argumentos legales y sanitarios. “Subyace en la demanda una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”, escribió la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, jefe del cuerpo de abogados del Estado.

Ahora la Corte tiene en sus manos la decisión. Podría analizar el asunto desde el punto de vista jurídico, poniendo el acento en si es válido o no el decreto presidencial y si avanza o no sobre la autonomía porteña, sin adentrarse en los aspectos sanitarios.

La Corte, que analizaría el fondo del reclamo y no solo la medida cautelar reclamada que pide la suspensión de la norma, corre contra el reloj porque los efectos del decreto presidencial cesan el viernes próximo.