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Preocupación en Filipinas por la nueva ley antiterrorista de Duerte

Manila, 2 jun (EFE).- Organizaciones de derechos humanos en Filipinas han expresado su preocupación por la inminente aprobación en el Congreso de una nueva ley antiterrorista, que consideran que busca perseguir a los críticos del gobierno y castigar tanto el disenso como el activismo político.

La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, en inglés) advirtió de que la ley es "la última pieza del puzzle" que el gobierno de Rodrigo Duterte necesita para imponer una ley marcial, con la que ha amenazado en varias ocasiones.

"Estamos horrorizados de que el gobierno priorice esta ley represiva frente a la respuesta a la pandemia. Hemos visto demasiadas muertes tanto por el virus como por la violencia que Duterte ha desatado contra su pueblo", lamentó el presidente de ICHRP, Peter Murphy.

La nueva ley antiterrorista ya fue aprobada en el Senado en febrero y se espera que el pleno de la Cámara de Representantes - dominado por aliados del presidente - pase esa versión en los próximos días, después de que Duterte certificara el lunes como urgente la tramitación de esa ley.

La propuesta de ley sustituiría a la actual Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, amplía el número de días que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, al pasar de los 3 días en la actualidad a 14 días, a los que se pueden sumar diez más.

También se amplía el rango de delitos que se pueden considerar terrorismo, tales como "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", punibles con 12 años de prisión, provisión que según expertos legales busca castigar el disenso político ya que se podría catalogar como terrorismo cualquier protesta contra el gobierno.

LEY MARCIAL DE FACTO

"Además de su guerra asesina contra las droga, su campaña de contrainsurgencia, la extensión de sus poderes ejecutivos de emergencia y numerosos ataques a la libertad de expresión, la aprobación de estas enmiendas draconianas a la ley antiterrorismo es la pieza final en la apuesta del régimen para establecer una dictadura fascista y una ley marcial de facto", denunció Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos.

La población civil también ha expresado su disgusto con la nueva norma y desde la semana pasada -cuando dos comités de la Cámara Baja dieron luz verde al texto- la etiqueta #JunkTerrorBill ha sido tendencia en varias ocasiones en Filipinas.

Filipinas tiene dentro de sus fronteras la amenaza de varias insurgencias catalogadas como terroristas: grupos yihadistas, afines al Estado Islámico, en la isla de Mindanao; y a la guerrilla comunista más antigua y letal de Asia, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), ala militar del ilegalizado Partido Comunista.

Duterte considera el NEP como la mayor amenaza a la seguridad nacional y se ha comprometido acabar con ellos antes del fin de su mandato, endureciendo las ofensivas militares contra sus bases y suspendiendo el diálogo de paz.

El mandatario también ha acusado a numerosas organizaciones de derechos humanos y grupos de izquierda de actuar como "frentes legales" del NEP, objetivos también de sus ataques verbales, mientras que se ha registrado un aumento de actos de violencia, acoso y hostigamiento contra activistas.

(c) Agencia EFE