Preocupa a CNDH pesquisa histórica

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María Cabadas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación porque a se pretenda equiparar a elementos del Ejército con las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado.

"Nos preocupa que, tratándose de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército, se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que las cometieron", señaló.

Sin embargo, reconoció que "pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

"Desde nuestro punto de vista, un acto de reconocimiento de estos hechos honraría a las Fuerzas Armadas, reafirmaría su esencia popular y reforzaría su compromiso con la transformación que vive actualmente el país, y ellas mismas", destacó.

A través de un comunicado, en el marco de la apertura anunciada del Campo Militar Número 1, y de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) referentes al periodo 1965-1990, el organismo señaló que desde que se instaló en la CNDH la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, con el objeto de documentar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo 1951- 2016 ha estado recibiendo quejas y atendiéndolas hasta su resolución.

Agregó que ha venido participando en algunas acciones con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, "siempre procurando apoyar una lucha que data de hace al menos, 35 años".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, reiteró la necesidad de que las autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos acaecidos entre 1965 y 1990, "construyendo una relación cercana y empática con las víctimas y colectivos de víctimas, donde se adopten decisiones realmente por consenso, porque sólo así, mediante el consenso y la unidad de acciones, podremos vencer inercias y resistencias naturales a todo proceso de justicia y de verdad", subrayó.

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