La prensa lo dijo primero: fue el Estado el que desapareció a los 43 normalistas. Así fueron los hechos

Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cumplir con su promesa de investigar a fondo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no queda duda que ese fue un Crimen de Estado. Ahora queda otra interrogante ¿se hará justicia para los desaparecidos y sus familias?

Tras 8 años de espera, por fin la sociedad mexicana y el mundo han conocido de manera oficial que hubo una acción concertada desde lo más alto del gobierno federal, en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, para atentar contra la vida de 43 estudiantes normalistas.

Las conclusiones del gobierno de la Cuarta Transformación son lapidarias: hubo concertación oficial para atentar contra los estudiantes, hubo concertación para ocultar los hechos, pero sobre todo “no existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos permanezcan con vida”, según palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

La conclusión de que la desaparición y seguro asesinato de los 43 estudiantes normalistas fue un acto atribuido al Estado mexicano, ya se venia acariciando desde hace varios años. Diversos trabajos periodísticos independientes siempre apuntaron a esa posibilidad ahora dada a conocer.

En este señalamiento, seguro no saldrá bien librado el Ejercito, una de las instituciones más sensibles del aparato de gobierno mexicano. Y es que con todo esto ha quedado al descubierto los nexos que existieron entre grupos del narcotráfico y elementos de las fuerzas federales dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo pronto, la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos por instrucción del Estado, es el mayor de los descréditos que ahora enfrentar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de por sí marcado con el signo de la corrupción.

También esa desaparición es ya el mayor caso de violación de los derechos humanos que hay cometido el Estado mexicano, comparado con la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, donde fueron asesinados por el Estado 78 estudiantes y otros 31 quedaron en calidad de desaparecidos.

Aunque oficial y públicamente el gobierno federal del presidente López Obrador ha referido que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue una acción del Estado, no se ha detallado como sucedieron los hechos.

Tampoco se ha establecido quiénes tomaron la decisión de secuestrar a los estudiantes, cuáles fueron las causas y motivos de la desaparición. Mucho menos se ha podido ubicar a la totalidad de los desaparecidos, que sin duda son elementos que tendrá que resolver la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Estancaron las investigaciones a propósito

El estancamiento que hasta hoy habían tenido las investigaciones para esclarecer los hechos de la desaparición de los 43 normalistas, no fue fortuito. Fue algo intencional del pasado gobierno de Peña Nieto. Fue -como lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- sólo un efecto del “cúmulo de graves deficiencias funcionales y jurídicas”, que en su momento presentó la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam.

De acuerdo a la CNDH, la PGR de Murillo Karam, en el gobierno de Peña Nieto, con su falta de actuación puso “en evidencia que el modelo estructural y operativo de esa instancia federal (la PGR de Peña Nieto) estaba agotado…”

Y cómo no iba a estarlo, si la PGR de Enrique Peña Nieto se desempeñó bajo el mismo modelo de corrupción que le heredó el gobierno de Felipe Calderón, en el que, por gestiones de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez, que técnicamente fueron subordinados de Genaro García Luna, la PGR se dedicó a proteger a diversos cárteles de las drogas.

Entre los carteles de las drogas que se protegieron desde la PGR de Calderón y Peña, se encuentran los de Sinaloa, de Los Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, todos ellos ligados en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Bajo el contexto del narco

Para poder entender la desaparición de esos 43 estudiantes, es necesario revisar el mapa general de la delincuencia que prevalecía en la zona de Guerrero, previo a los hechos, en donde en términos generales la PGR fue negligente y la SEDENA cómplice, no sólo por omisión sino por acción, al haber colaborado con la entrega de los estudiantes a miembros del crimen organizado para ser desaparecidos.

En el momento en que se dio el secuestro y la desaparición de los 43 estudiantes, que se habían trasladado desde Ayotzinapa hasta el municipio de Iguala, con la intención de apropiarse de algunos autobuses que requerían como parte de su organización para asistir a la conmemoración del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, dos grupos delincuenciales se disputaban el municipio de Iguala: Guerreros Unidos, aliados de La Familia Michoacana, y Los Rojos, aliados de los Hermanos Beltrán Leyva.

Ambos grupos luchaban por el control de la zona, que era paso obligado para el trasiego, desde de La Montaña hacia el norte del país, de goma de opio, la base para la elaboración de heroína, altamente cotizada en Estados Unidos.

No debe olvidarse que Guerrero, por sus condiciones geográficas, es el primer productor nacional de goma de opio, la cual se extrae de la amapola. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tan sólo entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015, en Guerrero se sembraron entre 21 mil y 28 mil hectáreas de amapola.

La goma de opio resultante de esos cultivos ilícitos fue comercializada en suelo mexicano y estadunidense por parte del Cártel de Sinaloa apoyado por sus socios, los grupos delictivos locales conocidos como La Barredora y el Cártel Independiente de Acapulco; los Beltrán Leyva trasegaron goma de opio a través de Los Rojos y Los Ardillos, en tanto que La Familia Michoacana, los hizo con el apoyo de Guerreros Unidos.

No debe pasar por alto que, en esa época, junio de 2014, el Cártel de los Beltrán Leyva seguía contando con el respaldo de la Policía Federal y del Ejército, en tanto que La Familia Michoacana sólo se había hecho del apoyo de algunas policías municipales, principalmente de los municipios Cocula y Huitzuco, limítrofes con Iguala, que son paso obligado si se desciende desde la zona de La Montaña.

De esa forma, Iguala era el epicentro de la disputa por el tráfico de goma de opio y/o heroína donde Guerreros Unidos y sus socios de La Familia se habían posicionado. En Tixtla, los grupos de Los Rojos y Los Ardillos se dividieron, luego que el grupo de Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como el Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, comenzó a disputar el control del cártel a su tío Héctor Beltrán Leyva, el H, debido al liderazgo cada vez mayor que adquirió dentro de la organización criminal la esposa de este, Clara Elena Laborín Archuleta, la Señora.

En medio de ese descontrol dentro del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, surgió el grupo comandando por los hermanos José, Leonor, Mateo, Ramón y María del Carmen Nava Romero, que se apropiaron del control de Los Rojos, iniciando así una guerra abierta contra Guerreros Unidos y sus aliados de La Familia por la recuperación del municipio de Iguala.

Para encarar las acciones de Los Rojos, los integrantes de Guerreros Unidos se aliaron con un grupo delincuencial local conocido como Los Pelones, fundado por los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, quienes fueron ejecutados en 2009. Pero el grupo siguió operando bajo la instrucción de la hermana de los líderes fundadores, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del que en ese entonces era alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

En el tiempo en que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas, al frente de las operaciones del grupo de Los Rojos, en Iguala, estaba Omar Cuenca Marino, alias el Niño Popis, apoyado por Santiago Mazari Hernández, quien controlaba ya el estado de Morelos. En el municipio de Tixtla, a Los Rojos los encabezaba Antonio Reyna Castillo, alias la Borrega, todos ellos protegidos por el coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, Omar García Harfuch, un hombre que, a su vez, fue protegido de Frida Martínez Zamora, la misma que llegó al equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por recomendación directa de Genaro García Luna.

Por lo que hace al grupo de Guerreros Unidos, cuando se dio la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el líder de esa organización criminal era Sidronio Casarrubias Salgado, alias el Chino, que logró extender la presencia del Cártel de La Familia Michoacana en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Tetipac, Taxco, Buenavista, Eduardo Neri y Apaxtla.

El Autogobierno en la Normal

Hay que agregar también que, en septiembre de 2014, la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa era dirigida por José Luis Hernández Rivera (fallecido el 24 de octubre de 2020 a causa de Covid-19), quien, durante su gestión, siguiendo la tradición de los rectores anteriores, permitió la existencia de un autogobierno por parte de los alumnos dentro de las instalaciones de esa institución.

El autogobierno que prevalecía en la Normal de Ayotzinapa posibilitaba que fueran los alumnos los que, violentando la ley, tomaran decisiones o buscaran apoyos materiales y económicos que les correspondían a las autoridades educativas para el cumplimiento de programas formativos o para mantener la lucha de protesta social inherente a los principios ideológicos de la institución y del alumnado.

De manera que en la Normal de Ayotzinapa era frecuente, y no se veía mal, que a sus instalaciones ingresaran autobuses robados y que a sus choferes se les retuviera para conducirlos, o que entraran camiones robados con mercancía para revenderla o consumirla.

También era cotidiana la compraventa de droga y su consumo en el interior de la escuela. Todo esto, sin que las autoridades escolares, principalmente el director, dieran aviso a las autoridades competentes, pues las consideraban prácticas habituales.

Así, según reconoce la CNDH en la Recomendación 15VG/2018 del Caso Iguala, en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, prevalecía una serie de anomalías propicias no sólo para la violación de derechos humanos, sino para la comisión de diversos ilícitos tipificados en el marco jurídico, situación de la que fueron omisos el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet.

Entre dichas anomalías, que la CNDH identificó como detonantes para que, dentro de la Normal de Ayotzinapa, el Estado mexicano incumpliera con la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, destaca que al momento de los hechos existía un “riesgo real e inmediato” para la vida de muchos estudiantes, “porque las instalaciones eran utilizadas para introducir objetos producto de delitos” cometidos por los alumnos que conformaban el grupo de autogobierno, de lo que las autoridades de ese plantel tenían pleno conocimiento, y aun así optaron por no tocar los intereses de los dirigentes estudiantiles.

La sucesión de hechos

En esas circunstancias, el 26 de septiembre de aquel 2014, en punto de las 17:30 horas, el grupo de autogobierno tomó la decisión de enviar a seis grupos de alumnos para que secuestraran igual número de autobuses, toda vez que se requerían 15 unidades para transportar a todos los estudiantes a la manifestación conmemorativa de la masacre del 2 de octubre y sólo se contaba con nueve.

Los alumnos salieron de la normal y se dirigieron a la central de autobuses de Iguala, donde por la fuerza se apropiaron de las seis unidades: tres autobuses de la empresa Costa Line, marcados con los números económicos 2012, 2510 y 2513; dos de Estrella de Oro, con los números 1531 y 1568, y uno más de Estrella Roja, con el número económico 3278; estos hechos se registraron entre las 21:00 y las 21:30 horas de ese día.

El error no calculado de los normalistas fue apropiarse de dos unidades “prohibidas”: al menos los camiones 1531 y 1568 eran utilizados por el grupo de los Guerreros Unidos para el trasiego de goma de opio y, en el momento en que los estudiantes se los llevaron, ya contenían la carga de estupefacientes, estimada en un mínimo de 23 kilogramos de goma de opio transportada en el camión 1531, y entre 50 y 60 kilogramos de la misma sustancia que iban ocultos en el compartimento de carga de la unidad 1568.

Desde la central de autobuses de Iguala se dio la voz de alerta al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, el Chino, avisándole del robo de las dos unidades en las que iba la carga de goma de opio. Se presume que el Chino pensó que el robo de las dos unidades —que su organización empleaba para el trasiego de drogas desde La Montaña hacia la Ciudad de México— había sido obra del grupo de Los Rojos, por lo que movilizó a sus aliados Los Pelones para recuperarlas y ejecutar a quienes se habían apoderado de ellas.

El líder de Los Pelones en ese tiempo, Gildardo López Astudillo, el Gil, informó de lo sucedido a María de los Ángeles Pineda Villa, quien a su vez se lo comunicó a su esposo, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. El alcalde Abarca instruyó a Felipe Flores, director de la policía de ese municipio, para que se diera a la tarea de cazar a los secuestradores de los autobuses.

Cabe señalar que al frente del grupo de estudiantes que se adueñaron de los autobuses estaba Bernardo Flores Alcaraz, alias el Cochiloco, alumno de segundo grado que se desempeñaba como secretario del Comité de Lucha estudiantil de Ayotzinapa. A él y al también estudiante David Flores Maldonado, alias la Parka, la policía municipal de Iguala los consideraba colaboradores de Los Rojos, lo que aumentó la sospecha de que este grupo criminal se había llevado los autobuses.

De ahí que el jefe policiaco de Iguala, Felipe Flores, solicitara el apoyo de elementos del 27º Batallón de Infantería de la SEDENA adscrito a Iguala, a cargo del coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, para que lo ayudaran en la búsqueda. De esa forma, entre las 21:40 y las 22:10 horas de esa noche del 26 de septiembre, patrullas del Ejército y de la policía municipal de Iguala detuvieron el convoy formado por los autobuses Costa Line 2012 y 2510, y Estrella de Oro 1568, sobre la esquina que forman las calles de Hermenegildo Galeana y Leandro Valle.

Al autobús Estrella de Oro 1531 lo detuvieron patrullas de la Policía Federal y de la policía municipal de Iguala justo debajo del puente conocido como “Del Chipote”, luego de haber circulado por la calle Juan N. Álvarez, donde dio vuelta a la derecha para incorporarse a la avenida Aldama y enfilar hacia la carretera federal Iguala-Chilpancingo, todavía dentro de la zona urbana de Iguala.

Después los estudiantes que viajaban en los camiones Costa Line 2012 y 2510 fueron liberados, mientras que los 43 que viajaban a bordo de los camiones Estrella de Oro 1531 y 1568 desaparecieron misteriosamente.

De acuerdo con la versión de una fuente al interior del Cártel de La Familia Michoacana, a los estudiantes de estas dos últimas unidades los subieron a varias patrullas, tanto de la policía municipal de Iguala como de la Policía Federal y del Ejército, y los trasladaron a las instalaciones del 27º Batallón de Infantería de la SEDENA, donde presuntamente los torturaron, ejecutaron, y desaparecieron sus cuerpos.

Oficialmente, para el procurador Jesús Murillo Karam, la verdad histórica —con la que dio por terminada la investigación de ese episodio— fue que a los 43 estudiantes que desaparecieron esa madrugada los secuestraron elementos de la policía municipal de Iguala, dejando libres de señalamientos a los elementos de la Policía Federal y de la SEDENA que participaron en los hechos.

Según la versión del entonces procurador Murillo —quien tuvo que renunciar al cargo el 27 de febrero de 2015 ante la presión de los padres de los muchachos desaparecidos—, una vez que fueron detenidos los 43 estudiantes que viajaban a bordo de los camiones 1531 y 1568 de la línea Estrella de Oro, la policía municipal los entregó a un grupo de sicarios de Guerreros Unidos, quienes los habrían llevado hasta el basurero municipal de Cocula, donde los ejecutaron e incineraron sus cuerpos y esparcieron sus cenizas en el río San Juan.

Hoy se sabe que al menos 38 funcionarios públicos podrían estar relacionados con la desaparición y posible ejecución de los 43 normalistas, por lo que ahora corresponde a la Fiscalía General de la República, iniciar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de este acto.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.