Por qué Mueller no acusó ni exoneró a Trump y su entorno y qué sigue en la cuestión rusa

El esperado y controversial reporte de la investigación Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible implicación en ello del entorno de Donald Trump ha sido revelado finalmente, y aunque no ha sido publicado de modo íntegro (se han mantenido reservados varios elementos sensibles) plantea un escenario no del todo favorable para el presidente.

Trump y sus aliados se han aprestado a declarar que el reporte de Mueller reivindica y exonera por completo al mandatario y desechan que se haya dado acto impropio o ilegal. Buscan con ello dar carpetazo e, inclusive, voltear la mesa y tratar de investigar a sus opositores.

Donald Trump y Robert Mueller (Getty Images)

Pero no hay tal exoneración de Trump ni de las figuras cercanas (por ejemplo su hijo) en el reporte de Mueller. Varias figuras clave de su campaña y su equipo cercano (el que fue su cabeza Paul Manafort, su exabogado Michael Cohen y su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, por solo citar dos casos) fueron hallados culpables o se han declarado así por diversos delitos revelados en el contexto de la investigación de Mueller.

Pero ciertamente el fiscal especial ha dicho que “la evidencia no fue suficiente para acusar a funcionarios de la campaña [de Trump] de ser agentes no registrados del gobierno ruso o de otro alta figura de Rusia” y que aunque no estableció conclusiones al respecto de una obstrucción de la justicia cometida por Trump “este reporte no concluye que el presidente cometió un crimen pero tampoco lo exonera”.

Trump, por la razón que sea, al parecer ha temido ciertamente mucho la acción de Mueller y, de acuerdo a las recientes revelaciones, habría dicho al enterarse del nombramiento del fiscal especial dijo “Oh, Dios mío, esto es terrible. Esto es el fin de mi presidencia. Estoy jodido”. Si lo dijo o no está en disputa, pero eso se dice en el reporte de Mueller, pero eso ciertamente revela que el presidente ha estado especialmente inquieto por las implicaciones de esa indagatoria.

La gran pregunta es, entonces, ¿por qué Mueller decidió no acusar a Trump ni a otros personajes de su entorno, por ejemplo su hijo Donald Trump Jr., que tuvo un influyente papel en la campaña de 2016?

Al respecto de Trump Jr., la explicación de Mueller para no presentarle cargos no es, nuevamente, que él no haya cometido algún acto ilegal sino que, afirma el fiscal especial, “teniendo en cuenta el gran peso de establecer un estado mental de culpabilidad [es decir, la conciencia de estar cometiendo un delito] en una acusación relacionada a financiamiento de campaña y la dificultad de establecer la valuación requerida [es decir, el valor de la presunta violación en términos de beneficios a la campaña] esta oficina decidió no aplicar cargos criminales sobre financiamiento de campaña contra Trump Jr. o contra otros funcionarios de la campaña por los eventos que culminaron en la reunión del 9 de junio”.

Esos otros individuos serían, especialmente, Manafort y Jared Kushner, yerno del presidente, quienes estuvieron con Trump Jr. presentes el día citado en una junta con una abogada vinculada a Moscú, que ofreció información nociva para Hillary Clinton, realizada en la Torre Trump en Nueva York.

Así, Trump Jr., Kushner y otros funcionarios de campaña no fueron acusados, indicó Mueller, porque en relación a esa reunión del 9 de junio la acusación habría tenido dificultades en probar que ellos violaron la ley a sabiendas. Es decir, ellos podrían haber violado la ley sin conciencia de ello o, también, podrían haberlo hecho conscientemente pero Mueller halló difícil probarlo y por ello optó por no acusarlos formalmente.

Algo similar sucede en el caso del presidente Trump. Mueller identificó 10 episodios en los que Trump, por su conducta, dichos o incluso órdenes, podría haber incurrido en obstrucción de la justicia (ya sea como sugerencia o como un intento en sí), pero Mueller encontró dificultad en probar que Trump tuvo una intención corrupta de hacerlo, al menos en lo concerniente a sus manifestaciones públicas al respecto. Con todo, Mueller señala que la ley no excluye “actos públicos del alcance de la normativa sobre obstrucción” y añadió que si esos actos causaron que testigos “fueran intimidados o alteraran su testimonio” eso igualmente amenaza la integridad del sistema judicial.

Y, por  otro lado, Mueller señaló que fue la “desobediencia” de personas del entorno de Trump la que en parte evitó que los presuntos intentos de obstrucción de la justicia del presidente se consumaran, simplemente porque esos terceros no cumplieron las instrucciones del mandatario. Trump por ejemplo habría exigido la destitución de Mueller y forzar que otros no cooperaran con la investigación, pero eso no se dio porque los individuos asignados a aplicar tales medidas se negaron a realizarlo.

En todo caso, por lo difícil de probar intención corrupta y por las peculiares circunstancias del caso, Mueller se abstuvo de concluir al respecto y no acusó ni exoneró al presidente.

Y en buena medida no lo hizo por una cuestión procesal: de la decisión de Mueller se infiere que él consideró que no tiene modo de acusar penalmente a un presidente en funciones, pero eso no significa que el presidente esté por encima de la ley. En realidad, el fiscal especial deslizó claramente lo que considera procede con el asunto y quién tiene la facultad de actuar donde él se abstuvo: indicó que puede ser el Congreso el que analice el resultado de la investigación y decida en donde él no lo hizo.

Trump en todo caso se ha proclamado exonerado, incluso utilizando en Twitter una curiosa iconografía que alude a la épica serie de TV ‘Game of Thrones’.

Eso lleva a la interrogante obvia: ¿qué sigue ahora en este asunto que ha sacudido al país y suscitado tensiones y conflictos de una magnitud extraordinaria, eso sin considerar la ruda posibilidad de que sí se hayan registrado actos impropios e ilegales?

Mueller dio en su informe la pauta: “la conclusión de que el Congreso puede aplicar las leyes sobre obstrucción de la justicia al ejercicio corrupto del presidente de los poderes de su investidura con nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios y el principio de que nadie está por encima de la ley”.

Lo que sigue entonces, por la afirmación de Mueller y la intención clara del Congreso –al menos de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes– es aplicar en este asunto el poder fiscalizador del Legislativo y revisar toda la investigación para sacar las conclusiones que el fiscal especial no hizo.

De allí que los demócratas exijan conocer el informe completo, mostrando los elementos velados que hoy tiene el reporte publicado, e incluso la evidencia subyacente. Eso no quiere decir que después de que eso suceda, si sucede, se vaya a acusar o procesar al presidente, pues se tiene que dar ese nuevo proceso y, en última instancia, hay ciertos límites a lo que el Congreso puede realizar, al menos en el corto plazo.

Dado que no hay un precedente claro sobre si un presidente puede ser acusado penalmente en funciones y en su caso procesado y hallado culpable, lo que requeriría a la postre un fallo de la Corte Suprema, lo que es incierto y podría en todo caso demorar años, la vía a seguir es la política.

Si la investigación del Congreso a partir del informe de Mueller determinara que sí hay faltas de Trump que ameritan un proceso en su contra, tendría que proceder a un juicio legislativo de destitución, conocido como impeachment.

Varios de los protagonistas de la pugna que viene en relación a la investigación de y reporte de Robert Mueller. El fiscal general William Barr, que ha defendido a Trump, y los legisladores que dirigen comités que investigan o buscan investigar al presidente: Elijah Cummings (Fiscalización y Reforma), Richard Neal (Vías y Medios), Maxine Waters (Servicios Financieros), Jerrold Nadler (Judicial), Richard Burr (Inteligencia, Senado) y Adam Schiff (Inteligencia, Cámara). Todos salvo Barr y Burr son demócratas. (Reuters)

El liderazgo demócrata en la Cámara ha sido renuente a considerar siquiera esa posibilidad, pero si una investigación legislativa hallara elementos graves, podría proceder e incluso ser aprobada dada la mayoría de los demócratas. Pero aunque la Cámara puede aprobar presentar una acusación, es el Senado el que entonces se convierte en tribunal para decidir si destituir o no al presidente. Y dada la mayoría republicana en el Senado es poco probable que esa destitución proceda (tal como fue el caso de Bill Clinton al final de su mandato), salvo que las revelaciones resultasen tan perturbadoras que una cantidad sustantiva de republicanos se sumara a los demócratas para lograr los necesarios dos tercios de los votos en el Senado para destituir a un mandatario.

La matemática simplemente no parece darse hasta ahora.

Pero lo cierto es que la pugna política no hará sino acrecentarse. Trump puede clamar que ha sido exonerado pero el asunto no ha hecho sino cobrar fuerza, pues ahora es la Cámara de Representantes dominada por sus opositores la que tendrá la batuta. Trump ciertamente puede resistirse y condenar esos embates, y es de esperar que lo haga, pero lo cierto es que los próximos meses serán candentes.

Y, al final, será el efecto de todo ese proceso, de la retórica de uno y de otro bando, y de las revelaciones posibles lo que construirá la matemática que presumiblemente será decisiva: los votos en las elecciones presidenciales de 2020.

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