¿Por qué Uruguay es el país más justo de América Latina?

La justicia social no se desprende como por gravedad del producto interno bruto de un país. Tampoco emana de sus riquezas naturales o su influencia política. Esa búsqueda de la equidad emerge de políticas concretas, aprobadas democráticamente e implementadas por gobiernos más interesados en el bienestar colectivo que en los sondeos y el resultado de las próximas elecciones.

Uruguay ha encabezado el Índice de inclusión social durante tres años consecutivos (Eduardo Fonseca Arraes - Flickr)

En el accidentado paisaje político de América Latina, una pequeña nación irradia por su empeño en incluir a todos los ciudadanos, sin importar sexo, orientación sexual, clase social o ideología: Uruguay. Ese estado sudamericano de apenas 3,2 millones de habitantes ha escalado a lo más alto del Índice de inclusión social, elaborado por la revista Americas Quarterly.

Una tierra progresista en un continente conservador

El ranking de la publicación evalúa los resultados de cada país en 21 temas que van desde el crecimiento económico en la última década, los niveles de escolarización, los derechos de mujeres y minorías, hasta la participación ciudadana y la pobreza. Uruguay encabeza la lista en nueve de ellos. Más allá de la afortunada conjunción de estadísticas, es la osada apuesta de Montevideo en cuestiones sociales aún polémicas lo que causa admiración.

En 2012 el parlamento uruguayo sancionó la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas (14 si han sido víctimas de violación) y en cualquier momento cuando peligra la vida de la madre o el feto no es viable. La regulación fructificó tras más de una década de trabajo de la Asociación de Obstetras de Uruguay, que había decidido informar sobre las vías más seguras para abortar con el objetivo de reducir las muertes maternas.

Hasta ese momento solo Cuba había aprobado una legislación tan abarcadora sobre ese derecho reproductivo fundamental. En el resto del continente las normativas varían desde la prohibición hasta la legalidad de hecho (Guyana) o en casos de violación, riesgo para la vida de la madre e imposibilidad de sobrevida del feto. En casos extremos, como en El Salvador, las mujeres pueden ser condenadas hasta más 30 años de prisión por homicidio.

Uruguay también marcha a la cabeza de la región en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). El matrimonio igualitario fue legalizado por el presidente José Mujica en 2013, pocos días antes de que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil aboliese cualquier obstáculo administrativo para efectuar casamientos entre personas del mismo sexo en el gigante suramericano. Argentina había dado este paso en julio de 2010 y Colombia se sumó este año. La otra cara de la moneda: las constituciones de Bolivia, Honduras y Paraguay prohíben ese tipo de unión entre dos hombres o dos mujeres.

Según un estudio realizado en 2015 por el sitio web PlanetRomeo.com y la Universidad Johannes Gutenberg, en Alemania, los homosexuales uruguayos viven en el quinto país más favorable a ese grupo. Los gay en la nación austral expresan el mayor nivel de satisfacción con sus vidas. Se estima que la comunidad LGBTI uruguaya incluye a 300.000 personas.

Bajo la administración de Mujica se adoptaron leyes progresistas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario (El Universal)

Una excepción de izquierda

En Uruguay se ha expandido la clase media hasta alcanzar el 62 por ciento de la población, una cifra superior a la de cualquier país latinoamericano. Asimismo, la proporción de personas que ganan menos de cinco dólares diarios, considerado como el umbral de la pobreza por el Banco Interamericano de Desarrollo, es menor que en el resto del continente. A esa reducción de las capas de bajos ingresos ha contribuido que el mercado de trabajo formal integre al 80 por ciento de las personas empleadas.

Pero por encima de esos indicadores socioeconómicos, los uruguayos se distinguen por la estabilidad política. Las sucesivas administraciones del Frente Amplio, que comenzaron en 2005, han implementado políticas sociales sin comprometer el desempeño económico ni enquistar las rivalidades ideológicas. Aunque no han eludido decisiones polémicas –como la legalización de la marihuana, por ejemplo—Tabaré Vázquez y José Mujica han demostrado una lucidez que contrasta con sus homólogos izquierdistas de la región.

Los uruguayos manifiestan una confianza en su sistema político y en el respeto a los derechos civiles que supera a la de sus vecinos. Ni el autoritarismo de Nicolás Maduro, ni el personalismo de Cristina Fernández, ni los manejos turbios del Partido del Trabajo de Brasil o el nepotismo de Daniel Ortega, han contagiado a la izquierda de la pequeña nación suramericana.

Uruguay tiene una deuda con sus afrodescendientes, que representan el nueve por ciento de la población (Sandi - Flickr)

¿Un país perfecto? No. El desempleo aún golpea desproporcionadamente a los jóvenes; a pesar de la Ley de Vivienda de interés social, a los sectores de menores ingresos aún les cuesta acceder a la propiedad; la legislación sobre el aborto no reconoce explícitamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; el 21,8 por ciento de los afrodescendientes viven en situación de pobreza, el doble que sus compatriotas blancos…

Sin embargo, en medio de tanta noticia deprimente, Uruguay nos renueva la esperanza en que la prosperidad económica y la justicia social aún son realizables en América Latina, el continente más desigual del planeta.