La Policía de Tailandia usó químicos irritantes contra los manifestantes, según AI

Bangkok, 2 jul (EFE).- La Policía de Tailandia usó químicos irritantes en los cañones de agua para dispersar las manifestaciones lideradas por estudiantes que reclaman reformas democráticas en el país, denuncia este viernes Amnistía Internacional (AI).

En un informe, titulado "Mi cara ardía como si estuviera en llamas", la oenegé analiza y documenta el uso de fuerza excesiva utilizado por las fuerzas de seguridad contra las masivas protestas pacíficas que comenzaron el año pasado.

A través de entrevistas con decenas de testigos y víctimas, informes sobre el terreno y el análisis de 87 vídeos verificados, AI denuncia las "imprudentes y violentas tácticas" de la Policía para dispersar a la muchedumbre al verter químicos irritantes, disparar balas de goma a quemaropa o propinar palizas.

“Los manifestantes, la mayoría pacíficos, sufrieron una violencia traumática a manos de la Policía (...) todo porque se atrevieron a reunirse y expresarse pacíficamente”, indica Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de AI.

Debido a la pandemia de la covid-19 las manifestaciones han permanecido suspendidas durante varios meses, pero los organizadores buscan reactivar las protestas y han programado una concentración durante la tarde de este viernes frente a la Casa de Gobierno, en Bangkok.

AI reclama a la Policía que proteja los derechos de los manifestantes y use medios no violentos, como la negociación y el diálogo, para evitar mayores incidentes, además de retirar "inmediatamente" todos los cargos presentados contra los activistas.

“Las autoridades utilizan la violencia y el acoso judicial para sofocar el descontento nacional. Estas tácticas de miedo solo están ayudando a resaltar muchas de las quejas de los manifestantes, alimentando aún más las protestas”, sentencia Gil.

Las protestas prodemocráticas comenzaron en julio de 2020 para exigir la dimisión del primer ministro tailandés, la redacción de una nueva Constitución -ya que la actual fue escrita por la extinta junta militar (2014-2019)- y el objetivo de reducir el poder de los militares.

Sin embargo, la demanda más audaz es la reforma de la monarquía con el objetivo de minimizar su influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que impone penas de entre 3 y 15 años de cárcel a quien insulte o denigre a los miembros de la Casa Real.

Al menos 679 personas, incluidos 43 menores, han sido acusados de delitos relacionados con la participación y la opinión política desde el inicio de las protestas, según el grupo Thai Lawyers for Human Rights.

Además, al menos 101 personas han sido acusadas por la polémica ley lesa majestad, que ha sido criticada por ser excesivamente punitiva por la Unión Europea y la ONU.

(c) Agencia EFE

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