La policía catalana, absuelta de colaborar con el independentismo

·3  min de lectura
El entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, pasa revista a unos agentes de los Mossos d'Esquadra junto al entonces jefe de la policía regional, Josep Lluís Trapero, el 10 de septiembre de 2017 en Barcelona

La policía catalana, absuelta de colaborar con el independentismo

El entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, pasa revista a unos agentes de los Mossos d'Esquadra junto al entonces jefe de la policía regional, Josep Lluís Trapero, el 10 de septiembre de 2017 en Barcelona

La cúpula de la policía de Cataluña no colaboró con los dirigentes separatistas para impulsar la independencia de esa región española, entendió la Audiencia Nacional en el fallo de la segunda gran causa judicial por la fallida secesión de 2017.

"No hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista", indicó este miércoles este alto tribunal en un comunicado confirmando la sentencia avanzada la víspera por fuentes judiciales.

La decisión de la Audiencia Nacional, recurrible ante el Tribunal Supremo, evita un nuevo incendio en las complicadas relaciones entre Barcelona y Madrid.

El fallo desmonta la tesis de la fiscalía, que pedía diez años de cárcel para el jefe policial de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y otros dos dirigentes del cuerpo, y cuatro años de cárcel para una intendente.

Según su versión, este cuerpo policial, dependiente del gobierno regional dirigido por las independentistas, habría desobedecido las órdenes judiciales para impedir el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017, que quedó marcado por las contundentes cargas de las fuerzas de seguridad españolas contra votantes.

Hace un año, nueve dirigentes separatistas fueron condenados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de cárcel por sedición por haber organizado esa votación y promover semanas después la proclamación de una efímera república catalana en el Parlamento regional.

Esa sentencia provocó fuertes protestas en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde hubo cinco noches de duros enfrentamientos entre manifestantes y policía, con barricadas en llamas y lanzamientos de cócteles molotov contra los agnetes que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.

- El tribunal cuestiona "el uso de la fuerza" -

Desde entonces, la situación se ha apaciguado en esta rica región de 7,5 millones de habitantes, donde un importante sector de la sociedad ha abrazado las tesis independentistas en la última década.

Desde el fallido intento de secesión, que conllevó el encarcelamiento o la huida al extranjero de los principales líderes separatistas -- entre ellos su entonces presidente Carles Puigdemont, ahora exiliado en Bélgica --, el movimiento se encuentra paralizado.

Su capacidad de movilización disminuyó, especialmente en los últimos meses, marcados por la pandemia del coronavirus. 

La reciente inhabilitación del presidente regional Quim Torra, condenado por no retirar un símbolo independentista de su sede gubernamental como había ordenado la Junta Electoral, apenas reunió unos pocos miles de manifestantes en Barcelona.

Tampoco acaba de fructificar la mesa de negociación impulsada a principios de año por el gobierno español del socialista Pedro Sánchez, afectada por los recelos entre ambas partes y la falta de unidad entre los dos grandes partidos independentistas que se disputarán el liderazgo regional en las elecciones previstas para febrero.

La sentencia, apoyada por dos de los tres magistrados del tribunal, reconoce la "proporcionalidad" de la actuación de los Mossos durante el referéndum, cerrando colegios electorales, pero evitando la actuación de las unidades antidisturbios.

"El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico", indica el fallo en una crítica velada a la actuación de las fuerzas policiales dependientes del gobierno español.

Los jueces también valoraron positivamente los pedidos que hizo Trapero a los dirigentes políticos de suspender el referéndum, así como el plan confeccionado para detener al entonces presidente Puigdemont si declaraba la independencia.

Junto al exjefe policial, también estaban acusados el director político del cuerpo, Pere Soler, el número dos del departamento regional de Interior, César Puig, y la intendente Teresa Laplana.

dbh/CHZ/zm