Polémico ex legislador Rivera se postula a la Cámara de la Florida

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PEDRO PORTAL/pportal@miamiherald.com

El ex legislador miamense David Rivera, quien está bajo investigación federal por un acuerdo de consultoría con la compañía petrolera estatal venezolana y que recientemente fue sentenciado a pagar una multa de seis cifras por violar las leyes de financiación de campañas, se postula de nuevo a la Cámara de Representantes estatal.

Apenas unas horas antes que finalizara el plazo para poder participar en la votación de noviembre, Rivera presentó el viernes su documentación ante la División de Elecciones de la Florida para postularse como candidato por el Distrito 119 de la Cámara de Representantes estatal. El escaño abierto en el oeste del Condado Miami-Dade, que incluye partes de West Kendall y The Hammocks, no había atraído hasta ahora a muchos candidatos conocidos.

Rivera no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones sobre su decisión de postularse. Hasta el mediodía, Rivera no había calificado para estar en la boleta electoral.

Rivera, ex legislado estatal y después federal durante un período, ha estado en el centro de varias investigaciones éticas y penales en los últimos años, la más reciente sobre si no se inscribió como agente extranjero para cabildear a favor de la filial estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDV USA, a través de su empresa con sede en la Florida, Interamerican Consulting, Inc. para ayudar a mejorar la imagen y la reputación de la empresa. La empresa estaba entonces bajo el control del gobernante Nicolás Maduro.

Según una demanda presentada en 2020, el contrato que Rivera firmó discretamente con la empresa en 2017 fue por $50 millones, un acuerdo extraordinario para un ex legislador republicano que había creado una carrera en el sur de la Florida arremetiendo contra el régimen comunista de Cuba bajo Fidel Castro. Desde entonces, la firma de Rivera ha sido demandada por PDV USA por $15 millones por acusaciones de que no hizo suficiente trabajo.

El Miami Herald reveló que Rivera desvió alrededor de dos tercios de sus ingresos de $15 millones de PDV USA a tres subcontratistas en Miami que supuestamente proporcionaron “servicios de consultoría estratégica internacional” para la empresa venezolana, incluida una empresa de yates controlada por un rico empresario venezolano que más tarde fue acusado de lavado de dinero en Miami, Raúl Gorrín

Los otros dos eran Esther Nuhfer, ex ayudante de campaña y recaudadora de fondos en Miami-Dade cercana a Rivera, y Hugo Perera, traficante de cocaína convicto en Miami que ahora es urbanizador.

Ese caso sigue en curso. El mes pasado, el representante federal Bob Menéndez envió una carta al procurador general Merrick Garland en la que le preguntaba por qué Rivera no había enfrentado ningún cargo por las acusaciones de haber infringido la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

“El pueblo estadounidense merece saber si un ex legislador republicano del Congreso estaba cumpliendo en secreto las órdenes de un dictador responsable de cometer crímenes contra la humanidad en Venezuela”, dijo Menéndez en la carta.

Rivera, de 56 años, también fue sentenciado a pagar $456,000 en abril, una sanción civil que pone fin a una batalla legal de cinco años entre Rivera y la Comisión Federal de Elecciones por formar parte de un esquema de pago a un candidato falso en unas primarias demócratas de 2012 contra su probable oponente, el demócrata Joe García.

Rivera no fue condenado penalmente en esa trama, pero un juez federal emitió una orden judicial permanente que le impide infringir la ley de financiación de campañas en el futuro.

Jay Weaver, redactor del Miami Herald, y Antonio María Delgado, redactor del Nuevo Herald, contribuyeron a este artículo.

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