Polémico. Echegaray recupera espacios de poder en la AFIP

Hugo Alconada Mon
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Echegaray sugiere en privado que fue él quien aconsejó a Cristina Kirchner sobre la expropiación de Vicentin

Paso a paso, poco a poco, Ricardo Echegaray gana posiciones de poder dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). ¿Su último logro? El control de su pago chico, Bahía Blanca, quedó en manos de una de sus lugartenientes más fieles.

La designación ocurrió ayer, cuando la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dispuso cuatro cambios dentro del organismo tributario y colocó al frente de la Regional Bahía Blanca a Silvana Quinteros, quien ingresó en la función pública de la mano de Echegaray y se convirtió en uno de sus puntales durante la década kirchnerista.

El nombramiento de Quinteros implica, en la práctica, otro paso para Echegaray en su "operativo retorno" tras sobrellevar cuatro años de ostracismo durante el gobierno de Cambiemos-que llegó a suspenderlo de su cargo en la Aduana, sin goce de sueldo-, y el "destrato" -como lo califican sus allegados- que recibió de Marcó del Pont, desde diciembre de 2019.

¿Quién es Quinteros? Una íntima amiga y compañera en el Colegio Nacional de Punta Alta de Silvana Karina Oviedo, la esposa de Echegaray, quien la convocó para trabajar juntos en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), un organismo que quedó envuelto en denuncias de corrupción hasta que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso su disolución, en febrero de 2011.

Dentro de la Oncca, Quinteros fue la máxima responsable de su agencia en Bahía Blanca mientras que otra compañera de colegio, Mariana Paula Guerra, montó el feed lot "Hacienda Argentina SA" en Punta Alta, con subsidios adjudicados por $1,2 millón -más de US$300.000 al tipo de cambio entonces vigente- y fijó su domicilio legal en un departamento de la calle Paraguay 3343 de la ciudad de Buenos Aires, propiedad del matrimonio Echegaray.

Tras su paso por la Onnca, en tanto, Echegaray recaló al frente de la AFIP. Allí también llevó a Quinteros, quien asumió como subdirectora general de Recursos para la Seguridad Social para, después, acompañar a su jefe político durante su breve paso por la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, ella asumió al frente de la oficina de "Actuaciones Colegiadas".

Pago chico, foco sensible

Con el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Quinteros volvió a la AFIP, donde quedó como "consejera técnica de fiscalización y operativa aduanera" en su Dirección Pampeana, con sede en Bahía Blanca, por lo que con su designación por orden de Marcó del Pont, Quinteros permanecerá en su ciudad, pero al mando de todo. Además del pago chico de ambos, Bahía Blanca implica un foco muy sensible para Echegaray. Entre otros motivos, porque allí se instruye la investigación judicial por facturas truchas que tiene como protagonistas a Lázaro Báez y a tres grupos empresarios locales.

Ganancias: la AFIP decidió prorrogar los vencimientos

A medida que los sabuesos tiraron de la cuerda, sin embargo, comenzó a tomar forma un entramado millonario de facturación apócrifa y lavado que incomodaba al poder. Al punto que Echegaray dispuso la disolución de la Regional para que la pesquisa quedase en manos de otros supervisores con sede en Mar del Plata.

La sensibilidad del entramado que salió a la luz también causó el apartamiento del por entonces primer juez federal subrogante tras ordenar unos allanamientos en 2015. Y dejó en evidencia la pasividad de los fiscales federales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.

Así, recién en diciembre de 2019, más de cinco años después de que LA NACION revelara la operatoria de presunta evasión y lavado en Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva -el quinto magistrado al frente de la investigación- procesó a Báez y a varios empresarios y profesionales de Bahía Blanca como supuestos coautores de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado nacional por más de $ 673 millones. Entre ellos, Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía.

Pocas semanas después de esa resolución judicial, Marcó del Pont le levantó la suspensión administrativa a Echegaray, pero lo asignó al área aduanera de la planta de la automotriz Ford en Pacheco. Para "el Negro", como le dicen sus amigos, fue más que suficiente para volver al ruedo.

Desde entonces, Echegaray dejó correr la versión de que fue él quien aconsejó a la vicepresidenta Fernández de Kirchner sobre la expropiación de Vicentin, tiempo antes de que el presidente Alberto Fernández lo anunciara. Y se jacta, también, de ser uno de los que más conoce el negocio de las cerealeras en el kirchnerismo.