Más polémica en Uruguay por el megaproyecto de la isla artificial: “ciudad segregada” y “sorpresa” por su posible reubicación

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Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Luis Lacalle Pou
Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Luis Lacalle Pou - Créditos: @MVD360

MONTEVIDEO.- La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) apuntó contra el proyecto “MVD 360″, que busca instalar una isla con puertos y lotes con viviendas y comercios frente a la rambla de Punta Gorda. La agrupación sostiene en un comunicado que la iniciativa “plantea un modelo de ciudad segregada” y conllevaría un corrimiento poblacional.

“¿Es razonable alentar desde el Estado una inversión inmobiliaria focalizada y en el mar, antes que en la recuperación de zonas deprimidas de los barrios centrales y/o costeros de la ciudad existente?”, cuestiona el texto. “La propuesta plantea un modelo de ciudad segregada, una isla con una concepción contraria a una ciudad equilibrada e integrada”, afirma.

Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Lacalle Pou
Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Lacalle Pou - Créditos: @MVD360


Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Lacalle Pou (MVD360/)

La Asociación también pone en tela de juicio quiénes son los destinatarios del proyecto. Ante el poco crecimiento poblacional de Montevideo, señalan que “salvo que se piense en importar población, un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares, con el consiguiente perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan”.

Por último, apuntan que “alterar la imagen” de la rambla de Montevideo “con un elemento distorsionante de esta entidad cuestiona los valores identitarios” del lugar, que se debería estar protegiendo como monumento histórico cultural. El proyecto “echa por tierra la legítima aspiración de declarar este espacio como patrimonio de la humanidad”, asegura el texto.

“Vemos con preocupación la consideración de propuestas aisladas que desconocen los procesos de planificación territorial y ambientales en curso, que generarán sin lugar a dudas impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y segregación social inconvenientes y probablemente irreversibles”, concluye el comunicado. La SAU no considera que el proyecto sea” una “innovación”, sino que se trata de la “copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou


El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

La postura contraria de los arquitectos al proyecto de isla frente a Punta Gorda se suma a la de la Intendencia de Montevideo, que considera que no es “viable” esta iniciativa.

Por otra parte, el proyecto MVD 360 -idea presentada por la empresa Jirkel S.A. y que cuenta con el beneplácito del gobierno de Luis Lacalle Pou, que la aceptó mediante la firma de un decreto- fue propuesto por el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté para ser trasladado a la costa de Canelones, dada la declaración -por parte de las autoridades municipales de la capital- de la nula viabilidad del emprendimiento por parte de la administración de Carolina Cosse. El diputado exhortó al ministro de Transporte y Obras Pública, José Falero, a “considerar la posibilidad” de llevar MVD 360 hacia Canelones. En la comuna, la idea de Lereté causó sorpresa, dijo a El País el coordinador del Gabinete Territorial Sergio Ashfield.

El funcionario declaró que las autoridades de Canelones quieren analizar la propuesta impulsada por inversores privados en los marcos regulatorios y normativos de Costa Plan por un lado, y Plan Costa de Oro por el otro. “El primero regula la urbanización en lo que tiene que ver con Ciudad de la Costa, y el segundo abarca desde Salinas hasta Jaureguiberry”.

Además, señaló que también debe considerarse la legislación y regulación nacional, no solo departamental. Por esas razones, se excusó de dar opiniones y señaló que la comuna canaria no contaba con ningún documento oficial para estudiar.

El País/GDA

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