Polémica: una universidad pública propone reemplazar los exámenes finales por una evaluación continua en el aula

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La Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca
La Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca

Hay datos contundentes que a las autoridades de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, les preocupan desde hace tiempo. Son cifras que están directamente relacionadas con tres cuestiones centrales: las altas tasas de deserción, que en los primeros dos años llegan al 50%; la duración de las carreras, que en muchos casos, afirman, se extienden entre 50% y 100% más de lo estipulado como promedio; y el desgranamiento, que se produce cuando los alumnos no pueden anotarse en nuevas asignaturas, porque son correlativas, y aún adeudan el examen final. En función de este problema estructural, explica Javier Orozco, vicerrector de la universidad, un grupo de docentes de larga trayectoria elaboró y presentó el proyecto Sistema integrado de cursado para cambiar el modelo actual, que generó un fuerte rechazo entre algunas agrupaciones estudiantiles, como Nueva Universidad y Franja Morada, que comenzaron a juntar firmas por las redes sociales para impedir que se avance con ese nuevo esquema. De hecho, la discusión de la iniciativa se pospuso en el Consejo Superior de la casa de altos estudios.

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Según refieren estas agrupaciones, la propuesta pretende modificar de raíz la forma en la que los alumnos cursan las materias y rinden los exámenes, parciales y finales. Entre otros puntos, cuestionan, se propone derogar la obligatoriedad de las mesas de exámenes libres y finales, que en ambos casos se constituyen mensualmente y en cinco períodos definidos del año, febrero, marzo, julio, agosto y diciembre. También quedaría eliminada la posibilidad de solicitar una mesa de examen “a todo tiempo”.

La iniciativa

Consultado por LA NACIÓN, Orozco, dice que la apreciación que hacen estas agrupaciones es parcial, por un lado, y errónea en otros puntos. Coincide en que el proyecto significa un cambio abrupto, porque afirma que para reducir la tasa de deserción y combatir el desgranamiento es necesario una modificación de paradigma. “Lo que observamos es que la mayor tasa de deserción se da en los dos primeros años, donde el 50% de la matrícula abandona la universidad. Lo que suele suceder es que van dejando finales pendientes, y así se atrasan en diferentes asignaturas, que son correlativas. Se retrasan porque no se presentan a las mesas de los exámenes finales. El tiempo pasa y se produce el desgranamiento −explica Orozco–. Como una forma de buscar una solución, el proyecto propone eliminar el concepto actual de cursado, porque es un falso logro si, en realidad, los alumnos no aprueban la materia. Lo que hicimos fue alargar el periodo lectivo en dos semanas más. Es decir, a las cuatro semanas que dura el cuatrimestre, se adicionan otros 15 días en donde los alumnos se abocan a los temas y actividades que hagan falta para compensar aquellas dificultades que se presentaron durante la cursada en la adquisición de conocimiento o en las prácticas de laboratorio. Son dos semanas de asistencia completa para cumplir con esos objetivos, y aprobar la materia. Si al cabo de las 18 semanas aún no se lograron cumplir, el alumno tendrá dos fechas más para compensar el conocimiento adquirido”, explica el vicerrector.

En otras palabras, significa que los exámenes finales como se los conoce tradicionalmente, dejarían de existir. Aunque Orozco advierte que no así los exámenes libres. “Las cátedras están obligadas a tener fechas de examen libre, y las asignaturas van a tener todos los mecanismos posibles. Es algo que aprendimos durante la pandemia y no vamos a modificar”, ratificó. Con respecto a las instancias de evaluación que desaparecen, Orozco señala que se confunde evaluación continua con permanente. “La continua son técnicas que permiten actividades diversas, que incluso pueden ser desarrolladas desde la casa para la adquisición de conocimiento. Y esto implica una exigencia para el docente que deberá utilizar distintas herramientas y mecanismos, como el concepto de aula invertida, por mencionar alguno. No queremos sostener los mismos mecanismos de evaluación y seguimiento que hace 200 años, por eso lo que se busca es que cada asignatura proponga un plan de estudios factibles dentro del período aúlico. En definitiva, el cuatrimestre que antes duraba 16 semanas, ahora dedica esa misma cantidad de tiempo para el estudio y la construcción de conocimiento y otras dos semanas adicionales para la recuperación de esos contenidos”. Además, agrega Orozco, cada docente analizará cuál es el mejor mecanismo para la recuperación de esos contenidos. “Esto no limita a una cátedra a tomar una evaluación integradora. En algunos casos puede ser expositivo, en otros será una evaluación o un trabajo de laboratorio”, puntualiza.

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Rechazo

La reacción de muchos alumnos fue de rechazo hacia los cambios propuestos, por considerar que elimina derechos universitarios conquistados a lo largo de décadas. “Bajo el pretexto de combatir la deserción, el desgranamiento y la duración de las carreras, nos quieren imponer la derogación de nuestras más importantes y valiosas conquistas. Seguimos diciendo: no es por ahí –advierte un posteo de Nueva Universidad publicado en Instagram, que invita a firmar un petitorio en contra de la normativa que, hasta ayer, tenía casi 4200 firmas–. Rechazamos el modelo de universidad que sugiere el proyecto en cuestión: elitista, paternalista y excluyente, más propio de universidades privadas y extranjeras, que la basada en los principios de la reforma universitaria y en los de la universidad pública argentina”.

“En primero término, existe un consenso casi unánime de toda la comunidad universitaria sobre las mismas problemáticas. El desgranamiento y la deserción son muy graves, incluso con porcentajes mayores que en otras universidades, y creemos que hay que abordarlas cuanto antes. La diferencia la tenemos en los métodos –dice Juan Dellerba, asambleísta de Nueva Universidad–. El proyecto plantea eliminar las mesas de exámenes finales todos los meses, que no se da en muchas universidades y es un gran derecho que conquistamos los estudiantes de la UNS. Acá los docentes están obligados todos los meses, al menos, a poner una mesa de examen final regular o libre”.

Para Dellerba, uno de los problemas es que actualmente no se respetan las normas que fueron sancionadas en el Consejo Superior Universitario. ”Todas las materias tienen que ser promocionables, y esto es algo que en la práctica no sucede, fundamentalmente por dos motivos: hay cátedras que contradicen el reglamento y dicen que su materia no es promocionable. El otro es que hay asignaturas donde si bien se da la promoción, es una promoción imposible. De 300 estudiantes llegan solo 15 a esa instancia. Y no es que los alumnos sean tontos, sino que son cuestiones imposibles y además muy puntillosos con las cosas que les piden a los estudiantes”, argumenta Dellerba.

Por un posteo en Instagram, la agrupación Franja Morada exigió explicaciones a las autoridades de la UNS sobre el proyecto, y pidió su retiro del Consejo Superior . “Dada la desinformación solicitamos la baja del proyecto”, aseguró el grupo que integra el radicalismo, y agregó: “Exigimos que se dé una instancia en donde podamos ser informados de la intencionalidad de estas reformas, que creemos, han generado demasiada confusión”.

Si bien Dellerba reconoce que “hacen falta cambios en el sistema de cursado”, dos de los puntos del proyecto que más “les hacen ruido” a los alumnos son la discrecionalidad que le otorga a los docentes para la calificación. “Ahora se va a poder evaluar la participación en clase y algo que ellos llaman aspectos actitudinales. Tenemos asignaturas donde se superan los 300 estudiantes y es difícil analizar la participación. Y tampoco nadie explica a qué se refiere con aspectos actitudinales”, grafica Dellerba, y agrega: “Otro tema son los exámenes libres. Con este nuevo proyecto, habría nada más que dos oportunidades en períodos muy concretos y solo podrían rendir libre quienes no se hayan inscripto en la cursada. Eso para nosotros es totalmente inviable”.

Para Orozco, definir la propuesta como excluyente o elitista “es desconocer lo que estamos haciendo, y si seguimos con lo que tenemos ahora vamos a seguir obteniendo los mismos resultados”, increpó el académico, que aclaró que el proyecto está en discusión en el máximo órgano facultativo, el Consejo Superior. “Allí están representados todos los estamentos, los docentes, los auxiliares de docencia, los graduados y los alumnos, con una gran representación del 30 por ciento. Está ahora en comisiones, se discute antes de llegar al plenario y luego se vota. Es un texto en borrador, al que seguramente habrá que hacer modificaciones. De aprobarse, tampoco se implementará de la noche a la mañana, son cambios que llevarán años”, concluye el vicerrector.

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