Tras la polémica en Chivilcoy, Waldo Wolff presentó un proyecto para que sea delito vacunarse sin ser prioritario

LA NACION
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En medio de la polémica que se desató después de que circularan fotos de jóvenes de 18 años aplicándose la Sputnik V en Chivilcoy antes que otros vecinos con factores de riesgo, el diputado Waldo Wolff presentó un proyecto de modificación del código penal que tipificaría como delito este tipo de accionar.

Wolff presentó un proyecto de modificación del Art 205 del código penal, que tipifica como delito (y pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos) a la acción de un funcionario de facilitar la vacuna a sí mismo o a un tercero no comprendido en la lista de prioridades establecida por la autoridad competente.

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"Los funcionarios públicos como tales no figuran en este orden de prioridades y es evidente que los casos que han trascendido al conocimiento público no responden a ningún criterio sanitario sino al mero uso indebido y abusivo de las vacunas que les fueron confiadas para ser suministradas con prioridad, no a ellos, sino a los grupos de riesgo o vulnerables de la población correspondiente", se precisa en el proyecto.

Y continúa: "Estos casos no constituyen, simplemente, el ejercicio de la "viveza criolla" en provecho propio y de parientes o relaciones, sino que adquieren proporciones criminales. Ya no se trata solo de la apropiación ilegítima de recursos del Estado -como son las vacunas de COVID-19- sino también de la privación o demora indebida en el suministro de medicamentos escasos a personas cuya vida está en riesgo y que el Estado tiene el deber de cuidar, como tantas veces se ha señalado en la propaganda oficial".

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Asimismo, la iniciativa apunta contra las fuerzas políticas que distribuyeran la vacuna haciendo propaganda partidaria de su aplicación. El proyecto fue presentado también junto a los diputados Alvaro de Lamadrid, Soher El Sukaria, Victoria Morales Gorleri, Jorge Ricardo Enriquez, Francisco Sánchez, Pablo Torello, Alejandro García, David Pablo Schleret, María Carla Piccolomini, Carlos del Frade, Omar De Marchi, Hernán Berisso, Adriana Noemí Ruarte, y Fernando Iglesias.

Si bien en el proyecto se aclara que actualmente el Código Penal cuenta con algunas tipificaciones que pueden ser aplicables para sancionar este tipo de accionares, destaca que las figuras deben ser "claras y precisas". Es por ello, que propone: "Agregar en el Código Penal los artículos que constan en este proyecto de ley, que sancionan concretamente a los funcionarios públicos que dispongan el uso de vacunas alterando indebidamente las prioridades fijadas por las autoridades competentes".

Por último, se destaca que las penas se aumentarían si las alteraciones indebida se hicieran en provecho propio, de parientes y afines, o si mediara afán de lucro.