Polémica en Chile: Piñera propone prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad

Un proyecto de ley pretende que criminales de lesa humanidad sean incluidos entre los favorecidos para continuar sus condenas bajo arresto domiciliario y así evitar el contagio del Covid-19.

SANTIAGO DE CHILE.- En medio de la pandemia por el coronavirus, una fuerte controversia se desató en Chile: un proyecto de ley pretende que criminales de lesa humanidad sean incluidos entre los favorecidos para continuar sus condenas bajo arresto domiciliario y así evitar el contagio del Covid-19.

Los criminales de lesa humanidad viven en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles exclusivas para ellos, donde no existe ningún grado de hacinamiento, con acceso a televisión y a jardines con algunas carpas que los cubren del sol cuando, en ocasiones, realizan asados junto a sus familiares.

La presión de la mayoría de los legisladores conservadores llevó al presidente Sebastián Piñera a reactivar un proyecto de "ley humanitaria", paralizado hace dos años en el Congreso, que busca enviar a sus domicilios a los violadores de los derechos humanos mayores de 75 años y a los enfermos con patologías terminales.

Para aliviar el grave hacinamiento de los penales, cuya población bordea las 40.000 personas, Piñera envió un proyecto de ley al Congreso para conmutar las condenas de unos 1300 presos ancianos, mujeres embarazadas y enfermos terminales, con prisión domiciliaria. El proyecto fue aprobado, pero como no contaba con sanciones para quienes infringieran el arresto domiciliario, Piñera envió un veto para agregarlas, que fue rechazado. Además, habrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

"En estricto rigor podrían salir todos en libertad", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, en alusión a unos dos centenares de presos distribuidos en dos cárceles especiales para violadores a los derechos humanos. "La vejez no borra la barbarie que ellos cometieron", expresó Roberto Márquez, folclorista y activista de derechos humanos.

Por su parte, Piñera agudizó la controversia al señalar que "yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa". "Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad", añadió.

La senadora de oposición Yasna Proveste dijo que "no podemos dejar espacio para que aquellos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad tengan posibilidad alguna de acogerse a un indulto por cualquier sea su naturaleza". "En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las condiciones son bastante privilegiadas", completó el senador opositor Jaime Quintana.

En el penal de Puente Alto, una barriada pobre en la periferia sur de la capital chilena, hay seis presos comunes contagiados y varios más esperan el resultado de sus exámenes. La semana última, decenas de reos protestaron en el interior de la cárcel, mientras decenas de sus familiares se manifestaban en la calle.

En Chile, la pandemia ya contagió a 4800 personas, convirtiéndolo en el segundo país con más infectados en la región después de Brasil.

Agencia AP