Yahoo Noticias ¿Podría EEUU implementar un sistema de inmigración basado solo en el mérito?
Modificar el sistema de inmigración de Estados Unidos para recibir inmigrantes con base en sus cualidades –su preparación académica, sus habilidades técnicas o sus talentos profesionales– es el eje de la aún vaga propuesta que el presidente Donald Trump enunció en su reciente discurso ante el Congreso al referirse a una la reforma de inmigración que él desearía fuera promulgada por el Legislativo.
Ese planteamiento ha sido criticado fuertemente porque implica cerrar la puerta a la reunificación familiar, pues ya no bastaría ser, por ejemplo, un extranjero que es padre o hijo de un residente legal o incluso de un ciudadano para que se le conceda el derecho a inmigrar y a lograr en su momento la residencia permanente.
Además, aunque no lo mencionó en su discurso, desde la Casa Blanca se ha sugerido que el presidente estaría dispuesto a apoyar una reforma que concediera un estatus legal, pero no la ciudadanía, a indocumentados que ya se encuentran en el país y que no hayan cometido crímenes violentos.
Son dos posiciones distintas, pues la primera se aplicaría a los futuros inmigrantes y la segunda buscaría mitigar el problema de los indocumentados presentes, pero en cierto modo tienen conexiones y retroalimentaciones.
Pero en el contexto de la propuesta de Trump, ¿sería viable centrar todo el sistema de inmigración sólo en el criterio del mérito y descartar o minimizar sustantivamente el de la reunificación familiar?
Actualmente, en realidad, el sistema de inmigración tiene múltiples puertas, unas basadas en el mérito y otras en la reunificación familiar. Por ejemplo, las visas H1-B, que se otorgan a profesionales calificados, conceden la entrada legal cada año a decenas de miles de profesionales, académicos y expertos en ramos donde, en principio, se necesita su presencia para impulsar el desarrollo de esos sectores y del país en general. Una gran cantidad de ellos, al paso de los años, logran la residencia permanente y la ciudadanía, pero en su proceso fueron fundamentales sus conocimientos, sus habilidades y sus talentos.
El gobierno federal, con todo, indicó que suspende por seis meses, a partir del 3 de abril de 2017, el procesamiento expedito de visas H1-B, que permitía a los solicitantes (vía la empresa que desea contratarlos y solicita la visa en su nombre) obtener su documento en pocas semanas, a diferencia del proceso normal que demora varios meses. Eso no afecta el proceso normal de solicitud de visas H1-B, que sigue vigente, si bien todo aspirante deberá esperar ahora un periodo considerable antes de poder trabajar legalmente al país, lo que podría desalentar su contratación pues las empresas muchas veces requieren personal cualificado pronto, y si tienen que esperar meses podrían optar por otras soluciones.
Las autoridades indicaron que sólo en ciertos casos podría aún pedirse el trámite expedito, pero las circunstancias para ello se restringen a razones humanitarias, de emergencia o una fuerte pérdida financiera para el solicitante o la empresa que quiere contratarlo, pero sólo una fracción de quienes pedían el proceso rápido estarían ahora en los nuevos supuestos de excepción para poder hacerlo.
En paralelo, muchos otros inmigrantes legales obtuvieron y obtienen su estatus vía la reunificación familiar, pues ciudadanos estadounidenses (nativos o naturalizados) y residentes legales (entre ellos muchos que lograron su residencia de modo directo gracias a la ‘amnistía’ concedida en 1986 por el entonces presidente republicano Ronald Reagan) tienen el derecho legal a solicitar la admisión al país y el otorgamiento de residencia a sus esposas e hijos, y los ciudadanos pueden además hacerlo a favor de sus padres e incluso de sus hermanos.
Ninguno de esos procesos es rápido ni automático, y los requisitos y trámites son importantes y dilatados, pero ciertamente muchos miles de personas han entrado al país y residen en él legalmente (y eventualmente se han hecho o se harán ciudadanos) gracias al derecho a la reunificación familiar vigente. Muchos de ellos lo lograron o lo lograrán por ser familiares, cabe decir, de personas que originalmente fueron admitidas por sus méritos.
Pero el primer obstáculo en una reforma así es político. Aunque los republicanos son mayoría en ambas cámaras del Congreso no existe, al menos hasta ahora, un consenso entre ellos en torno a los detalles de una eventual reforma de inmigración es incierto y difícil. Y aunque podría formularse una ley específica (desde que fracasó en 2013 la iniciativa de la llamada ‘Pandilla de los Ocho’ se ha hablado de un posible avance con leyes separadas específicas en lugar de una reforma integral) para modificar los criterios para el otorgamiento de visas para profesionales y estatus de residente y restringirlos a criterios de mérito individual y necesidades de la industria, sin un esquema integral que aborde la situación de los indocumentados seguirán vigentes los problemas y distorsiones actuales.
Y muchos ciudadanos, por ejemplo, podrían considerar que se vulnerarían sus derechos si no se les permite traer legalmente al país con un estatuto permanente a sus cónyuges, hijos, padres o hermanos, circunstancia que podría redundar en castigo electoral para los legisladores republicanos en distritos de alta población de origen inmigrante (sobre todo en estados clave como Florida y Texas).
Un ejemplo fueron las severas críticas que recibió el senador Marco Rubio, quien durante la pasada campaña primaria republicana formuló su idea, entre otras cosas, de basar la inmigración en el mérito y no en la reunificación familiar. En su momento se reprochó que ese planteamiento tenía tonos inhumanos porque consideraría al inmigrante por su mero valor utilitario (el uso o aprovechamiento de sus talentos en el país) y negaría a muchos la posibilidad de mantener unido su núcleo familiar.
Y podría decirse que, ante lo imperativo de mantener junta a la familia muchos ciudadanos o residentes optarían, nuevamente, por traer a sus familiares extranjeros de modo indocumentado ante la imposibilidad o mayor dificultad de hacerlo legalmente.
También se ha indicado que fundamentar todo en el mérito podría operar como una suerte de discriminación contra personas de ciertas nacionalidades u orígenes sociales que por diversos factores tienen niveles educativos y socioeconómicos menores que otros, como es el caso de América Latina, África y muchos países de Asia. Ciertamente, en todos los países existen individuos de talento y saber, pero a escala general de las políticas públicas resultaría muy posible que una inmigración por mérito implique constreñir el flujo de inmigrantes de ciertas zonas.
Y sin una reforma amplia que también incluya y dé estatus a los indocumentados, las necesidades económicas de múltiples sectores (como la agricultura, la construcción y los servicios) que dependen de trabajadores no altamente especializados no podrían ser satisfechas sólo con inmigrantes admitidos por méritos de alto nivel (ni por los estadounidenses, como se ha visto reiteradamente) y, por ende, la dependencia de mano de obra indocumentada prevalecería.
Así, el costo-beneficio de un sistema basado en el mérito sería propicio para ciertos sectores, pero por sí mismo no resolvería las necesidades de otros.
Ciertamente, podrían alcanzarse consensos para que un cambio así se diera de modo paulatino y comenzara a aplicarse a inmigrantes futuros y no a los familiares de quienes hoy sin ciudadanos y residentes legales. Pero eso requiere poderosas dosis de negociación bipartidista, de ceder terreno y aceptar posiciones ajenas, que no parecen viables en los actuales momentos políticos.
Y muchos legisladores podrían, simplemente, rechazar esa idea por principio al defender que la reunificación familiar es un esquema que se basa en el derecho fundamental de las personas a vivir con su familia (el estatus migratorio en ese sentido sería un criterio importante pero secundario) y que la tradición y valores estadounidenses de apertura se verían coartados.
Sea como sean, una iniciativa al respecto, como se comenta en The Washington Post, ya fue formulada por los legisladores republicanos Tom Cotton y David Purdue. Su objetivo sería reducir la inmigración legal a la mitad en 10 años (de un millón de green cards anuales a 500,000), como se comentó en Fox News, y sólo permitiría a los residentes permanentes pedir a sus cónyuges e hijos menores de edad (actualmente pueden hacerlo sin importar la edad de sus hijos) y limitaría a las personas que un ciudadano puede pedir (actualmente pueden hacerlo en favor de sus hermanos, por ejemplo, e incluso a los hijastros).
Al final, el discurso de Trump careció de detalles y ponderaciones de factibilidad y por ende, salvo que él mismo se comprometa en público y de modo ostensible en el impulso a una reforma, completa o parcial, en inmigración, no parece probable que los legisladores republicanos opten por enfrentarse al severo desgaste implícito en ese tema. Y los demócratas, por su parte, tampoco tendrían incentivo para avanzar en esa vía que iría en contra de sus postulados y de buena parte de su electorado.
