Poder Judicial: federalismo, territorio y cercanía

Francisco Durañona
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Hace tiempo que la necesidad de contar con un sistema de Justicia cercano, eficiente, rápido y accesible se ha convertido en una de las mayores demandas de la sociedad argentina. Esta realidad se ha expresado, con tintes acuciantes, en medio de la crisis socio sanitaria que vivimos. Así, la pandemia que enfrentamos ha expuesto en su real magnitud las asimetrías territoriales en el momento de ejercer los derechos, así como la obsolescencia de algunas herramientas y disposiciones que ralentiza todo el proceso. Y a esta altura, nadie desconoce que las definiciones de las sentencias demoran demasiado y que desalientan el acercamiento a los canales institucionales de justicia; que las víctimas o sus familias atraviesan un largo camino que muchas veces implica revictimización y frustración. Tampoco somos ajenos a que las cárceles están llenas de personas sin condena, y que, al analizar lo que ocurre en relación con la violencia de género, las medidas llegan tarde y se ejecutan sin control ni seguimiento dejando en riesgo a las mujeres que denuncian. Situaciones similares ocurren en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Más aún, conocemos que no existe paridad ni representatividad en los cargos jerárquicos de este poder; que las personas deben recorrer grandes distancias para hacer justicia; que se enfrentan con documentos escritos con un lenguaje técnico y con el absoluto desconocimiento de las herramientas existentes para resolver los conflictos.

Enredados en el pasado mientras llega el futuro

La conjunción de todo esto ha ido generando un fuerte rechazo de las instituciones judiciales por parte de la comunidad y a una apatía generalizada. Por ello, resulta imperioso avanzar hacia una reforma integral de la Justicia que garantice el acceso en las localidades del interior del país y de la provincia de Buenos Aires. No es viable que una persona deba trasladarse por sus propios medios 100 kilómetros para encontrar un lugar donde alguien le tome su denuncia o donde se tramite su causa. Tampoco es admisible que el Poder Judicial esté conformado mayormente por varones oriundos de la Capital Federal, desconociendo el enorme potencial del interior y de las mujeres que lo integran. Necesitamos una Justicia con paridad de género y con una perspectiva federal, que esté al alcance de los y las vecinas.

A nivel nacional, desde el Movimiento Arraigo proponemos que la Corte Suprema de Justicia esté integrada, con paridad de género, por un juez o jueza en representación de cada una de nuestras provincias, de la Capital Federal y del gobierno federal. De esta manera, estaría conformada por 25 miembros que representarán a toda la población argentina en su conjunto. Asimismo, proponemos que cada uno/a de estos/as magistrados/as ejerza y viva en la jurisdicción que representa, para así estar en contacto directo y real con el territorio, garantizando la igualdad de condiciones ante la ley para todos y todas.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, desde el Senado venimos impulsando varios proyectos orientados a revisar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para que sea más cercano, más ágil y eficiente, más reparador. En definitiva, más humano y más parecido a nuestra gente. En ese sentido, el año pasado sancionamos la Ley de Víctimas para mejorar la calidad de la justicia, generando el espacio, el acompañamiento oficial y el rol que les corresponde a las víctimas. Esta norma ubica a nuestra provincia como la segunda jurisdicción en adaptar y adecuar su legislación a esta perspectiva.

Además, presentamos un proyecto que busca que los Juzgados de Paz pasen a ser concebidos como multicompetentes con secretarías en materia civil, comercial y rural; Administrativa, Contravencional y de Faltas; Criminal y Correccional; Familia, Género y Juvenil; y Usuarios/as y Consumidores. Además de ampliar las atribuciones y recursos de fuero vecinal y de cercanía, esta primera instancia tendrá la capacidad de tomar y actuar en los casos a partir de la incorporación de una/un Defensor/a Oficial, Agente Fiscal de Cercanía. Además buscamos que se establezca un equipo técnico e interdisciplinario especializado en métodos alternativos de resolución de conflictos. De esta manera se asegura la defensa y la investigación con personal del propio territorio, acercando a las partes al derecho de justicia.

Confianza

La potencia de esta medida reside en que, no sólo podrán satisfacer la demanda vecinal de la justicia generando arraigo, sino también recomponer la confianza perdida por la población respecto de las instituciones judiciales. Por eso buscamos combatir la demora, los altos costos para su correcta ejecución y la discriminación que muchas veces de ella deriva. Confiamos que con esta medida le estamos dando a los/as bonaerense la posibilidad de ser escuchados dentro de su territorio y de encontrar en él una justicia más eficaz y resolutiva.

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Otra demanda impostergable es la necesidad de la paridad de género en todo el Poder Judicial y para ello promovemos que haya igualdad en la representación en el Consejo de la Magistratura así como en la totalidad de los cargos jerárquicos del sistema. El criterio será que, hasta alcanzar ese objetivo, las vacantes sean cubiertas con mujeres y, de esta forma, tender hacia una justicia más equitativa, más representativa, más democrática.

Por último, al analizar los plazos de resolución, encontramos que el Tribunal de Casación Penal, que fue creado con el propósito de evitar la congestión de la Corte Suprema, no resultó efectivo. Lejos de eso, las causas se amontonan en la instancia de casación, haciendo a la justicia más lenta y además centralizada, ya que este tribunal tiene una única sede en La Plata. Es así que la inoperancia del sistema judicial se manifiesta en la imposibilidad de que la ciudadanía acceda a sus derechos en el lugar de residencia, a tener una defensa gratuita, a que el procedimiento se desarrolle en tiempos razonables, a que se consagre algún tipo de reparación o se alcance la verdad, a que los procesos y garantías se cumplan. Nada de esto está garantizado. Es por todo esto que proponemos la eliminación de este tribunal, pasando sus competencias a las Cámaras de Apelaciones que se encuentran en cada departamento judicial, con el objetivo de contar con una justicia cercana y rápida, al alcance de todos y todas las bonaerenses.

Una sociedad moderna es una sociedad democrática. Esto exige que el ejercicio de todos los derechos y el acceso pleno a la justicia estén garantizados en igualdad de condiciones, sin importar el género, la localización geográfica, la etnia, la edad o la clase social. Estamos lejos, pero estamos decididos/as a ir por ello.