Pocos progresos en torno a matanza en Paraguay

CURUGUATY, Paraguay (AP) — Lucía Agüero estaba con los aproximadamente 300 campesinos que ocuparon unas tierras de un político acaudalado, tierras que según ellos no le pertenecían. No muy lejos asomó la policía antimotines, aproximadamente 200 agentes. La mujer vio cómo dos negociadores comenzaron a hablar en el claro que había entre ambos bandos.

De repente se escuchó un disparo, seguido de una feroz balacera.

Los negociadores fueron los primeros en caer. El campo se llenó del ruido de las balas. Agüero se tiró al piso, protegiendo un niño de cuatro años que era hijo de un amigo y sintió que un balazo le estremecía la pierna. Cuando los tiros cesaron, había 17 personas muertas, incluidos un hermano suyo y los dos negociadores que intentaron poner fin a una ocupación de seis semanas.

La "Masacre de Curuguaty", como se conoce al episodio del 15 de junio pasado, fue explotada de inmediato por los opositores al Fernando Lugo: apenas siete días después, el ex sacerdote izquierdista acostumbrado a usar sandalias era destituido por el "mal manejo de la crisis". La reforma agraria de la que se viene hablando desde hace tiempo y que él quería impulsar parece cada vez más distante.

Seis meses después, todavía no se ha explicado cómo fue que lo que comenzó como una negociación pacífica dio lugar a un intenso tiroteo en el que murieron 11 campesinos y seis policías. Los campesinos y sus simpatizantes dicen que las investigaciones le apuntan solo a los trabajadores rurales, en un esfuerzo tendiente a hacerles saber que nadie puede desafiar a los grandes terratenientes.

Parientes de las víctimas sospechan que algunos de los campesinos que habían resultado heridos recibieron un golpe de gracia de los policías una vez concluida la batalla. En distintas entrevistas describieron que tres de los cadáveres tenían indicios de que les habían disparado desde cerca, cuando estaban en posiciones defensivas.

Uno de los muertos en el combate fue De los Santos Agüero, hermano de Lucía.

"Me dieron el cadáver descompuesto de mi hijo en una bolsa de plástico negra", expresó el padre de ambos, Catalino Agüero, un campesino de 55 años. "Tenía un disparo en la nuca. Creo que fue ejecutado porque me comentaron personas que estuvieron cerca de él que estando herido en la pierna pidió ayuda y un policía le disparó en vez de ayudarle".

Lucía, de 25 años y quien tiene dos hijos, fue detenida junto con otras 11 personas, en su mayoría campesinos. Fue llevada a la sala de emergencia de un hospital, pero los médicos no alcanzaron a sacarle la bala que tenía alojada en la pierna de tan ocupados que estaban.

"Unos cinco días después, cuando no soportaba el dolor, en la cárcel yo misma me hice un corte con una hoja de afeitar y con mi dedo retiré la bala de calibre 38 milímetros", dijo la mujer.

Agüero se plegó a una huelga de hambre de campesinos detenidos para protestar el hecho de que no se les ha instruido de cargos. Duró 59 días y estuvo al borde de la muerte, hasta que un juez dijo que ella y otros tres campesinos en huelga de hambre podían permanecer en arresto domiciliario hasta que se realizase una vista programada para el 17 de diciembre.

Lugo afirma que la matanza fue un montaje. Que su campaña a favor de una redistribución de las tierras amenazaba los intereses económicos de poderosos empresarios, quienes necesitaban de un escándalo de proporciones para voltearlo.

"A este gobierno de golpistas no le interesa ni tiene la voluntad política de investigar seriamente y esclarecer el caso. El desempeño del fiscal tiene poca credibilidad", declare Lugo el mes pasado.

Lugo resultó elegido en parte por sus promesas de llevar a cabo una reforma agraria, pero el estado no tiene tierras para redistribuir y ningún terrateniente grande quiere vender en vista de que los precios de la soja están en niveles históricos.

Un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico del nuevo presidente, el diputado Elvis Balbuena, dijo a la Associated Press que Lugo carga con toda la responsabilidad de lo sucedido.

"El Caso Curuguaty es de su entera responsabilidad.Tiene en su historia como presidente la muerte de 17 personas. Lugo era comandante de las fuerzas de seguridad, era amigo de los líderes campesinos de las diferentes organizaciones de sin tierra y fue autoridad administrativa, un superior del director de la oficina que administra la entrega o compra de tierras", dijo Balbuena.

El caso se encuentra actualmente en la etapa de investigación fiscal. El plazo legal de seis meses para que el fiscal Jalil Rachid presente la acusación en contra de los 12 sospechosos detenidos vence el 17 de diciembre. Pero el abogado de los campesinos Vicente Morales dijo que la ley le permite al fiscal pedir una prórroga para la presentación de la acusación.

Morales dice que una causa penal, por Ley, en Paraguay debe finiquitarse en tres años. Si supera los tres años, la defensa de los acusados puede pedir el archivamiento del caso.

La policía no ha hablado del tema y deriva cualquier pregunta al fiscal.

A pesar de que algunos sectores se quejan de que está ignorando posibles violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, Rachid declaró a la AP que está enfocado exclusivamente en los campesinos, quienes están acusados de homicidio doloso, asociación criminal, invasión de propiedad privada y resistencia a la autoridad.

Hay además de 54 personas prófugas, señaló el fiscal.

La mayoría de los sospechosos son campesinos que resultaron heridos en la balacera. Los nombres de los fugitivos fueron sacados de una lista de gente que esperaba conseguir títulos de terrenos mediante la ocupación.

Martina Paredes dijo que el cadáver de su hermano tenía una herida de bala en una pierna y otra en la cabeza. "Para mí, le dispararon de arriba", como si lo hubiesen ejecutado, manifestó.

Cuando la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay se quejó ante la oficina de la fiscalía, se le dijo que "la legislación paraguaya no contempla ninguna pena para la ejecución arbitraria", según la abogada de esa agrupación Jimena López.

Paredes dijo que los familiares de las víctimas quieren radicar denuncias contra la policía nacional, pero que la prioridad de su abogado en estos momentos es defender a los 12 detenidos, que podrían ser condenados a entre 18 y 25 años de cárcel de ser hallados culpables.

Exámenes balísticos probablemente podrían demostrar si los negociadores fueron abatidos por armas automáticas como las que portaban los policías o por alguno de los rifles de caza de bajo calibre que se encontraron entre los campesinos. Rachid, sin embargo, no ha dicho con qué evidencia cuenta.

Partidarios de los campesinos sostienen que el fiscal es tendencioso porque es hijo de un gran amigo del propietario de las tierras ocupadas. Rachid lo niega, diciendo que sus detractores están tratando de influir las elecciones presidenciales programadas para abril del año que viene.

Pero los campesinos dicen que tienen miedo. El sábado por la mañana, uno de los pocos líderes de esa comunidad que sobrevivió, Vidal Vega, fue asesinado por dos individuos enmascarados que iban en motocicleta cuando alimentaba sus pollos. Se esperaba que declarase a favor de los campesinos detenidos.

"Creemos que fue asesinado por sicarios enviados, no sabemos por quiénes, tal vez para amedrentarnos y frustrar nuestra lucha por recuperar las tierras estatales tomadas por Riquelme en forma ilegal", señaló Paredes.

La mayoría de los detenidos son campesinos, aunque hay también un comerciante que transportó a un campesino herido y un militante del Partido Comunista que ayudó a organizar la ocupación.

El conflicto se ha venido gestando durante décadas. Los residentes pobres de la región afirman que esas tierras fueron robadas por el senador Blas Riquelme, líder del Partido Colorado que apoyó la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, y que domina la política paraguaya desde el retorno de la democracia.

Riquelme, quien falleció de un derrame en septiembre, se apropió de las tierras en 1964, amparado en una ley que concedía títulos sobre terrenos a cualquier adulto hombre dispuesto a cultivarlos. Tantos oficiales de las fuerzas armadas, políticos y empresarios se beneficiaron de esa ley, que hacia el final de la dictadura todas las tierras rurales que alguna vez fueron del estado estaban en manos privadas.

Agricultores locales cuestionaron la legalidad del título de Riquelme y luego de ocho años de disputas legales perdieron la paciencia e invadieron las tierras en mayo.

"Nuestro dirigente Rubén Villalba nos dijo con tanta convicción que la propiedad estaba por ser repartida, entonces nos fuimos detrás de él", relató con tristeza Roberto Ortega, un agricultor de 58 años que días antes de la balacera vendió a un vecino su pequeña vivienda de madera por 3.000 dólares, reunió sus escasas ropas y las metió en un bolso de plástico junto con el dinero de la venta y se marchó al campamento con su esposa María Mora, de 49 años, para encontrarse con su único hijo, Luciano, de 18 años.

Al producirse el tiroteo, Luciano fue muerto. En medio de la confusión, sus padres extraviaron el bolso con el dinero.

La mayoría de los ocupantes de eran de Yby Pytá (Tierra Roja en guaraní), un asentamiento muy pobre de casuchas de madera junto a la carretera por la que se transporta soja a Brasil. El pueblo tiene una pequeña capilla --sin párroco--, un par de plazas que nadie mantiene y dos escuelitas primarias. No hay sistema de cloacas ni transporte público.

Los habitantes de Yby Pytá generalmente tienen pequeños terrenos donde crían algunos animales y cultivan hortalizas, pero no hay tierras para sus crecientes familias. El asentamiento está rodeado por vastas extensiones de tierras donde se realiza una agricultura industrial: la hacienda de los Riquelme que produce soja, una gigantesca plantación de girasoles propiedad de brasileños y campos de soja por todos lados.

Para Lidia Romero, la madre de Lucía y De los Santos Agüero, el precio que se está pagando en la lucha por conseguir terrenos es demasiado alto.

"Con mi hija en la cárcel y un hijo muerto, estoy destrozada, casi no tengo ganas de seguir viviendo", dijo llorando la señora, de 46 años.

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