"Es mi plata". El peregrinar de los jubilados que quieren demandar al Gobierno

A las 8.30 de la mañana del miércoles, las hermanas Rosa y Susana Arslanian tomaron el colectivo 169 que las llevó desde San Martín hasta la estación Juan Manuel de Rosas del subte línea B. Combinaron luego con la línea C para llegar al edificio central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A las 10 de la mañana ya eran unas de las tantas personas que esperaban sentadas en las tres filas de sillas ubicadas en la oficina del centro porteño. Estaban ahí, como los demás, para dejar su firma y sumarse a los alrededor de 1000 jubilados que, diariamente y desde el lunes pasado, le agregan volumen a una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de actualización de haberes.

"Según mis cálculos, en marzo debería cobrar $64.000 y me van a pagar $60.000", dice Susana, que se jubiló en octubre pasado, a los 65 años y con 45 años de aportes. Al igual que su hermana, se desempeñó durante décadas como personal no docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Tal como se anunció el viernes pasado y se confirmó ayer con la publicación del decreto 163/2020 en el Boletín Oficial , las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en marzo una suba de 2,3% más un monto fijo de $1500.

De esta manera, el haber mínimo -que cobran alrededor de 3,5 millones de jubilados- se ubicará en $15.891,5, lo que significa un aumento de 12,96%. Pero ese porcentaje efectivo de incremento será más reducido cuanto mayores sean los ingresos. Por ejemplo, para un haber de $25.000 pesos será de 8,3% y para un ingreso de $50.000, de 5,3%. De no haber sido suspendida la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, el aumento hubiera sido de 11,6% para todas las prestaciones.

El planteo judicial colectivo es una iniciativa del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y la mayoría de los que se sumaron se enteraron de la convocatoria por él: lo escucharon en la televisión o en la radio. "Yo googlé 'doctor Semino', me apareció esta dirección y me acomodé la mañana para poder venir. Traje DNI, último recibo de jubilación y si necesitan algo más iré a buscarlo. ¿Por qué voy a perder dinero? Trabajé en relación de dependencia desde que terminé el secundario. No quiero. Es mi plata", dice Adela, licenciada en Psicología, que prefiere no dar su apellido.

La recepcionista de la oficina está sorprendida por la cantidad de gente que se acercó desde el lunes. "Esto es la Defensoría del Pueblo, viene gente todo el tiempo, y sin embargo por este motivo tuvimos que empezar a derivar gente a la otra sede de la calle Venezuela. Y mirá que esto es grande", dice.

La sede central de la Defensoría es un amplio salón con tres filas de 15 asientos y siete puestos de atención. Por estos días, casi todos ocupados por gente con la intención de sumarse a la demanda colectiva. Banderas de gremios estatales cuelgan de las barandas del entrepiso y le dan un clima de oficina estatal a un espacio blanco y luminoso. Para amenizar la espera, las personas se levantan y se sirven café de un termo, inician conversaciones esporádicas sin perder de vista la pantalla que indica quién será el próximo en firmar.

La recepcionista se precipita a la puerta de ingreso para despejarle el paso a un hombre que entra en una silla de ruedas eléctrica. Es Ernesto Cavallo, de 69 años, que decidió dejar por un momento la oficina del sindicato en el que todavía trabaja para ir a reclamar por su jubilación. "Yo estoy perdiendo casi $1300 por mes", asegura.

En medio de la conversación, un hombre de chomba verde gira sobre su silla y le habla a LA NACION. "¿Sabés lo que pasa? -interviene sin disimular la furia-. Los gobiernos sólo se meten con nosotros. Acá no interesa si te sacaron $4000, $10.000 o $10; la plata es tuya". Es Carlos Durán, jubilado de comercio de 75 años. Dice que su "bronca" es el resultado de haber aportado 35 años y no recibir el mismo trato que los jubilados que cobran la mínima. Además, considera que quienes no forman parte de ese grupo están invisibilizados en el discurso público, aun cuando muchos de ellos no tienen haberes muy superiores a la mínima, sino de $18.000 en adelante.

"Se acercó muchísima gente en Capital y en el interior. Solo en nuestras oficinas recibimos 2000 firmas en los primeros dos días", asegura Semino a LA NACION. El defensor aclara que, en términos de la legitimación, con el respaldo de un solo jubilado alcanzaría para iniciar la acción legal. "Lo que queremos es también responder a la expectativa de la gente. Vemos que hay una necesidad de expresar la preocupación y el temor a que le confisquen su derecho", dice.

El planteo de inconstitucionalidad pretende evitar que se desate una nueva ola de juicios previsionales por acciones individuales de los alrededor de dos millones de afectados y que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad de la ley 24.426 para aquellos jubilados que no cobran la mínima. "Después, si quieren, se puede derogar y discutir una nueva fórmula", señala Semino. Según detalla, seguirán juntando firmas hasta la presentación de la demanda, que podría ser mañana viernes o la semana próxima.

Para Semino, el beneficio otorgado por el PAMI para acceder a 170 medicamentos gratuitos, así como las sumas fijas y el congelamiento de tarifas "son maravillosos", pero no tienen que ver con el haber. "Todo lo que beneficia a los jubilados lo apoyamos, pero el haber es un derecho adquirido y está en relación con lo que cada persona aportó durante 30 o 40 por su trabajo", apunta.

Al terminar el trámite en la oficina de la Defensoría, las hermanas Arslanian muestran la constancia que les entregaron, satisfechas de haber completado la misión. "Nosotras queríamos hacer algo. No sabemos si servirá o no, pero por lo menos la queja no queda entre nosotras", dicen, y emprenden el regreso a San Martín.