Plan de presidenta del Senado estatal permite a una sola empresa bloquear una ordenanza mediante una demanda

El poder de uno.

Una empresa puede detener una ordenanza municipal en virtud de un nuevo proyecto de ley creado por la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, que fue aprobado el jueves en su comisión legislativa final.

La medida, HB 1515 y SB 170, exige a los condados y ciudades que elaboren una estimación del impacto empresarial antes de aprobar una ordenanza y permite a un empresario presentar una demanda alegando que la ordenanza es “arbitraria” o “irrazonable”, así como detener una ordenanza local en un plazo de 90 días desde su promulgación. El tribunal tendría que conceder a la demanda una vista acelerada, pero los funcionarios locales no tendrían más remedio que suspender la norma o ley, independientemente del tiempo que hayan dedicado a elaborarla y de que la comunidad la demande.

Se trata de una nueva y poderosa herramienta destinada a poner fin a la perenne batalla por el derecho de preferencia que tiene lugar en Tallahassee, dijo Passidomo, abogada inmobiliaria de Naples que concibió la idea el año pasado, pero sus detractores advierten de que tendrá un efecto disuasorio sobre la voluntad de ciudades y condados de gestionar sus comunidades.

“El objetivo de este proyecto de ley es acabar con todas las exenciones”, declaró Passidomo el jueves. “Estoy harta de que nos veamos obligados a desautorizar cuando un gobierno local aprueba una ordenanza que no es razonable. Yo lo llamo estupidez”.

Los demócratas, muchos de ellos ex funcionarios electos locales, advirtieron que la ley no incluye ninguna definición de lo que es arbitrario e irrazonable. Dijeron que temen que una sola empresa pueda usar la medida para anular las ordenanzas locales que prohíben el robo de salarios, las fábricas de cachorros y las restricciones de iluminación destinadas a proteger la cría de tortugas marinas en las comunidades costeras; también podría afectar a la capacidad de regular los clubes de desnudismo, los espectáculos de drag queens e incluso imponer restricciones sobre el ruido en los vecindarios.

“El lenguaje vago, en mi humilde opinión, deja un gran margen para la defensa judicial a la hora de definirlo”, dijo la representante Ashley Gantt, abogada de Miami y demócrata. “Si hablamos de la santidad de la democracia, [...[ este proyecto de ley es la antítesis de ese propósito”.

Una idea rival el año pasado

El año pasado, la idea de Passidomo ganó el apoyo a regañadientes de la Asociación de Condados de la Florida y la Liga de Ciudades de la Florida, porque la idea era menos onerosa que la medida más punitiva que impulsaba Wilton Simpson, republicano Trilby, quien era entonces presidente del Senado.

Según ese proyecto de ley, SB 620, los contribuyentes habrían tenido que pagar daños y perjuicios si una ordenanza del gobierno local provocaba que un negocio perdiera 15% de sus ingresos, pero el gobernador Ron DeSantis vetó el proyecto de ley Simpson.

Este año, los legisladores revivieron la idea de Passidomo y cuenta con el apoyo de algunos de los mayores intereses empresariales del estado: la Cámara de Comercio de la Florida, las Industrias Asociadas de la Florida, la Federación de Minoristas de la Florida y la Asociación de Constructores de Vivienda de la Florida.

La Liga de Ciudades y la de Condados la apoyaron, pero los condados y ciudades individuales, incluido Miami-Dade, expresaron su oposición.

Según el proyecto de ley, los contribuyentes correrán con los gastos de la defensa en caso de impugnación. Si la empresa pierde el pleito, pagará sus propios honorarios legales, pero no tendrá que reembolsar a los contribuyentes los honorarios legales del gobierno local.

“Lo que usted está diciendo es que cualquiera puede presentar su demanda, incluso si tiene mucho dinero y es por las razones equivocadas, y todos los habitantes en mi comunidad tienen que pagar esos honorarios según el nuevo estatuto. ¿Es eso cierto?”, le dijo el representante Robin Bartleman, demócrata de Weston, al patrocinador del proyecto de ley, el jueves durante un largo debate en reunión de la Comisión de Asuntos Estatales.

“Eso es correcto”, dijo el representante Robbie Brackett, republicano y ex alcalde de Vero Beach.

“Esta legislación no prohíbe que se haga ninguna ordenanza de ningún tipo, solo los hace responsables si los tribunales consideran que no es razonable”, dijo.

Bartleman sugirió que un mejor enfoque sería mantener la ordenanza en vigor hasta que un desafío pase por el proceso legal. Dijo que habrá comunidades dominadas por los republicanos, como The Villages, que han pasado semanas o meses desarrollando una ordenanza “y, debido a un negocio al azar” con bolsillos profundos y un fuerte equipo legal, la ordenanza puede ser congelada.

"Simplemente paralizaría todo el gobierno local", dijo el representante Joe Casello, demócrata y ex comisionado municipal de Boynton Beach. "Estas personas tienen voz en estas ordenanzas. Se publican dos veces para que todos puedan tener su opinión y se tome una decisión con conocimiento de caso. [...] Llegar hasta aquí y decir a mis electores lo que es bueno para ellos es ridículo".

La influencia puede venir de adentro y fuera del gobierno

El representante Jim Mooney, republicano Islamorada, dijo que ha visto cómo “la gente afuera usa fuentes internas para atacar las buenas ordenanzas y, por desgracia, por lo general va a ganar a causa de tiempo y dinero”.

Pero el representante Juan Fernández Barquín, republicano de Miami, dijo que había visto lo contrario, cuando “un pequeño grupo de activistas presionó a la comisión municipal para que aprobara una ordenanza arbitraria y caprichosa”.

“Este proyecto de ley equilibrará el terreno de juego y esperemos que la amenaza que se cierne haga que el gobierno local vuelva a la mesa de negociaciones y, al menos, modifique la ordenanza”, dijo.

Jackson Oberlink, cabildero del grupo Florida Rising, dijo a la Comisión que temía que el proyecto de ley dificultara a la comunidad de Indian River, su ciudad natal, proteger a los habitantes de otro brote de algas verdeazules en las aguas

“Si este proyecto de ley se aprueba, permitiría a las grandes empresas azucareras, de aguas residuales y fabricantes de productos químicos demandar al Condado Indian River por tratar de proteger la laguna e impedirles hacer cumplir las ordenanzas que regularían la contaminación”, dijo.

“Hay muchas posibles consecuencias imprevistas que claramente no se han tenido en cuenta. Este proyecto de ley sirve a las corporaciones, no a los floridanos de clase trabajadora”.

Hay algunas excepciones a la presunción de que una ordenanza debe detenerse debido a una impugnación legal: por ejemplo, si un gobierno local declara que existe una emergencia que requiere la promulgación inmediata de una ordenanza, como la norma de emergencia que Miami Beach aprobó la semana pasada para enfrentar las multitudes de las vacaciones de primavera.

Esas normativas de emergencia también podrían ser impugnadas, pero no recibirían la preferencia automática del tribunal.

El senador Travis Hutson, republicano de Palm Coast que abogó por el proyecto de ley de Passidomo el año pasado, dijo que sin esta legislación ahora pueden pasar años hasta que un negocio que se ha visto afectado negativamente por una ordenanza local obtenga una resolución a través de los tribunales.

Por ello, las empresas y los legisladores recurrieron al poder legislativo para resolver las disputas mediante la imposición de normas que impiden a los gobiernos locales regular todo tipo de asuntos, desde los cruceros a los protectores solares, pasando por las conexiones de gas natural, lo absorbentes de plástico y las bolsas de plástico de uso único.

“Esto solo quiere decir que hay una suspensión [de la ordenanza y] que los tribunales tienen una agenda de cohetes para hacer que esto vaya lo más rápido posible; dictan una sentencia y entonces se acaba y no se eleva a nuestro nivel”, dijo Hutson el jueves. “El estado mantiene el negocio a flote hasta que los tribunales lo resuelven”.

El Senado aprobó el proyecto de ley y ahora se dirige a una votación del pleno de la Cámara.