El plan de Biden para condonar los préstamos estudiantiles golpeará a los contribuyentes | Opinión

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Seth Wenig/AP

El presidente Joe Biden está dispuesto a “condonar” $10,000 de la deuda de los préstamos estudiantiles por cada prestatario, con un total de $360,000 millones en eliminación de préstamos. Esto puede parecer una solución limpia y fácil, pero en lugar de ello aumentará la inflación, hará que los costos de la universidad sean aún más altos y pondrá en desventaja a las alternativas de educación de menor costo y más eficaces.

La universidad es mucho más cara de lo que debería ser, y muchos estudiantes se gradúan con una importante deuda en préstamos. Y lo que es peor, los empleadores informan cada vez más de que las universidades no están dotando a los estudiantes de la educación y las habilidades que necesitan en el lugar de trabajo.

Son problemas importantes que necesitan soluciones. Pero el plan de Biden oculta el hecho de que las políticas gubernamentales son la causa de estos problemas. La “condonación” de los préstamos estudiantiles los agravará, no los eliminará. Y es moralmente incorrecto, económicamente malo y educativamente perjudicial.

Condonar una deuda pudiera ser un acto moralmente virtuoso, pero la condonación –por definición– solo puede venir de aquel a quien se le debe la deuda. En el caso de los préstamos estudiantiles federales, es el contribuyente. El plan de Biden de transferir $360,000 millones de deudas individuales de préstamos estudiantiles a los contribuyentes sin su consentimiento está más cerca del robo que del “perdón”.

Cancelar la deuda de los préstamos estudiantiles también es increíblemente regresivo, ya que los individuos con una educación superior tienden a tener los mayores ingresos. Alrededor del 56% de toda la deuda de préstamos estudiantiles pertenece a un grupo selecto de individuos con títulos avanzados, como médicos, abogados e ingenieros. Mientras tanto, el grupo mucho más amplio de personas en Estados Unidos –el 37% de todos los adultos de 25 años o más– que tienen un título de preparatoria o menos no tienen ninguna deuda de préstamos estudiantiles.

La Comisión para un Presupuesto Federal Responsable estima que los hogares de los dos quintiles de ingresos más altos recibirían el 57% de la “condonación” de los préstamos estudiantiles, mientras que los de los dos quintiles más bajos solo recibirían el 17%. Los estadounidenses de clase obrera sin títulos universitarios, las personas que se abrieron camino en la escuela sin préstamos y los que han trabajado duro para pagar sus préstamos serán los que paguen la “condonación” de los préstamos estudiantiles de otros.

La economía y la inflación son las principales preocupaciones de los estadounidenses hoy en día, y la condonación de préstamos perjudicaría a ambas. Además de los billones de dólares nuevos en gasto federal, la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable estima que el 90% del nuevo consumo inducido por la condonación de los préstamos estudiantiles provocaría un aumento de los precios en lugar de un crecimiento económico. Aumentar el gasto de los hogares con altos ingresos mientras el trabajador promedio se volverá $1,800 más pobre en el último año debido a la inflación, es una mala política económica.

Y lo que es más pertinente, la condonación de los préstamos estudiantiles agravaría los problemas existentes en el sistema de enseñanza superior. La raíz de los problemas, como el hecho de que los costos universitarios se hayan duplicado (en dólares reales ajustados a la inflación) en las últimas dos décadas, las bajas tasas de graduación –solo tres de cada cinco estudiantes completan un título de cuatro años en seis años– y los graduados no adquieren los conocimientos y habilidades que necesitan en el lugar de trabajo, es la intervención del gobierno en la educación superior.

Los subsidios de los préstamos estudiantiles aumentan los costos de la educación sin incrementar el valor de los títulos. Un estudio de la Reserva Federal descubrió que cada dólar de préstamos estudiantiles subsidiado por el gobierno que reciben las universidades conduce a un aumento de 60 centavos en la colegiatura. Los subsidios federales a la educación superior también restringieron el crecimiento de alternativas más eficaces y de menor costo, como los programas de educación basados en el desempeño y en la distribución de los ingresos y la educación impulsada por el empleador.

La condonación probablemente animaría a los estudiantes a pedir préstamos a tasas aún más altas en el futuro, en previsión de que también se les condone una parte del saldo de sus préstamos. Y pudieran ser inducidos a asistir a escuelas más caras también.

En lugar de añadir otra política problemática y perjudicial a las que ya existen, los responsables políticos federales deberían eliminar las políticas actuales que están haciendo subir los costos universitarios, aumentando la deuda de los préstamos estudiantiles y ampliando la creciente brecha de competencias.

Entre las soluciones de un reciente reporte de la Heritage Foundation:

Eliminar progresivamente los subsidios federales a la educación superior para reducir los costos inflados y permitir una mayor igualdad de condiciones entre las diferentes opciones educativas.

Permitir que los programas de aprendices se amplíen dando instrucciones al Departamento de Trabajo para que reactive el naciente pero floreciente Programa de Aprendices Reconocidos por la Industria.

Poner fin a los programas federales de capacitación para el empleo que han fracasado, de modo que las personas puedan obtener una capacitación más eficaz del sector privado y de iniciativas estatales y locales mejor adaptadas.

Quizá la eliminación de políticas problemáticas no sea tan atractiva políticamente como “regalar” a los estadounidenses más ricos $10,000 del dinero de otras personas, pero sería mucho más beneficioso para la sociedad civil, para la economía y para el futuro de la fuerza laboral estadounidense.

Rachel Greszler es investigadora principal del Centro Hermann para el Presupuesto Federal de la Heritage Foundation. Lindsey Burke es directora del Centro de Política Educativa de la Heritage.

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